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UES busca garantizar derechos a personas con discapacidad

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Newschool en la UCA

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El país que fabrica exclusión

Hasta el lunes 26 de agosto de este año 28 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. De esta cantidad, ningún caso ha conmocionado a la sociedad o figura en los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) como caso resuelto. Hay una serie de crímenes que no son registrados de manera oficial y exhaustiva por las instituciones de seguridad y justicia de El Salvador.

Las mujeres trans son las principales víctimas de la violencia. Foto cortesía de ASPIDH
Por Mónica Guillén
 
El Salvador es un país que cuenta sus muertos a diario. Según el informe de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), hasta agosto de este año se registraron 28 asesinatos catalogados como crímenes de odio. Hasta el momento, la Fiscalía no cuenta con ninguna investigación al respecto.
 
ASPIDH pertenece a la red Red de personas Trans de Latinoamérica y El Caribe (LACTRANS), entidad que tiene una herramienta en línea, donde se registran todos los casos de violación a derechos humanos, independientemente si es discriminación o asesinatos, lo que le permite llevar sus propias estadísticas.
 
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la orientación sexual de una persona, que es independiente del sexo que le asignaron al nacer e independiente de su identidad de género, es una causa de los crímenes que son cometidos por odio.
 
La capacidad de “convivencia libre” que se puede lograr en una sociedad con altos niveles de normatividad sexual es mínima. Si la hay, es condicionada por estereotipos que son aprendidos desde la infancia, explica el informe.
 
Nicola Chávez, secretaria de investigaciones del Centro de Estudios de Género y Sexualidad AMATE El Salvador, comentó que el hecho de vivir en una sociedad cargada de odio limita a todas las personas, incluso a las que no se identifican como LGBTI. Esto es una manifestación de la homofobia en las personas heterosexuales.
 
“Si te ponés a llorar en una cancha de futboll, tus mismos compañeros te pueden golpear, no digamos tus papás. Esto es violencia y una manera de limitar nuestra forma de expresarnos, amar y movilizarnos en el mundo de forma libre”, dijo Chávez.
Infográfico por Mónica Guillén
Mónica Linares, presidenta de ASPIDH, recordó que estuvieron respaldando un caso de mujeres trans asesinadas en 2016. Cuenta que los investigadores acudieron un par de ocasiones a la organización, y luego no se supo más sobre el desarrollo de la investigación. “Lo que la Fiscalía dice es que siempre están investigando. Acuérdese que el papel aguanta con todo. Ellos pueden decir que están investigando, pero no es la realidad”, aseguró.
 
Según Linares, aunque existe un decreto ejecutivo con disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública, las personas de la comunidad LGBTI siguen sufriendo todo tipo de violación a sus derechos humanos por parte del aparato estatal. A esto se suman los discursos que la población escucha sobre las personas LGBTI, que siguen teniendo un peso religioso normativo que continúa legitimando el odio. 
 



lOS NUMERALES SALVAVIDAS

El Código Penal salvadoreño no reconoce la figura de "crímenes de odio". Foto por Mónica Guillén
El término “crímenes de odio”, según la CIDH, se hizo popular en 1990 en Estados Unidos cuando se emitió la Ley de Estadística de crímenes de odio (Hate Crimes Statistics Act). Hasta el momento, no existe un consenso universal del concepto. 
 
Para Marina Ortega, jefa de la Unidad de Género de la FGR, los atentados contra la vida de la población LGTBI “se identifican como delitos en contra de la vida y de la integridad física o hechos delictivos en contra de una población vulnerable. No es hasta que la investigación o el proceso legal avanza que se determina o se clasifica como crimen hacia algún miembro de la comunidad LGBTI”.
 
Hasta la fecha, solamente existen dos numerales que amparan a las personas LGBTI que fueron agregados en la reforma al Código Penal en noviembre de 2015. Sin embargo, no son exclusivamente para las personas de la comunidad. Según el Artículo 129, numeral 11, del mencionado código, un crimen agravado también se considera como tal “cuando fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o a la orientación sexual”.
 
Además, en el artículo 155, numeral 5, se entiende como una agravación especial “si las amenazas fueren motivadas por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual”.
 
Según Ortega, todas las investigaciones de homicidios se realizan de la misma manera, sean o no víctimas LGBTI. Ante esto, la Fiscalía procede a determinar “indicadores de violencia”. Agrega que estos indicadores se entienden a partir de la escena del crimen, de donde rescatan las pruebas suficientes o “insuficientes” para argumentar si el crimen fue cometido por odio.
 
Así mismo, constatan la violencia con la que se comete el delito. Esto significa la medida con la que ejercen la violencia a la hora de llevar a cabo el crimen. Para las mujeres transexuales, la saña suele ser más cruel. Por ejemplo, desfiguración del rostro porque usaba maquillaje, desmembración de sus partes genitales y objetos introducidos por orificios de su cuerpo.
 
También evalúan la toma de declaraciones de testigos. Que, para el caso de El Salvador, es muy frecuente que las personas decidan ver, oír y callar. Una de las mujeres trans que fue entrevistada, y pidió que su nombre no fuera revelado por seguridad, asegura que de manera extraoficial se conocen a los victimarios, pero por su seguridad deciden callar.
 
“Una siempre sabe cosas, así como extraoficial. Una sabe quién, probablemente, mató a quién, pero si habla, sabe que la próxima que va a morir es usted. Dígame, ¡cómo le digo yo a la Fiscalía que fue un pandillero, si nos conocen a todas!”, comentó.
 
En muchas ocasiones, estas mujeres se conocen, ya sea por los vínculos de amistad, porque disfrutaron una noche de show en un antro de ambiente o porque acudían a la misma calle todas las noches para trabajar. “Recuerdo que una vez unos estudiantes nos hicieron un video a muchas mujeres trans. Éramos unas 14. Hasta la fecha, casi todas las que salían ahí están muertas. Muchas de ellas, eran mis amigas”, afirma la fuente anónima.
 
Es casi imposible que existan testigos ante esta situación. Sin embargo, como última evidencia, la Fiscalía procede a revisar el historial de las personas sospechosas, si es que existen. De lo contrario, el caso puede quedar abierto por diez años y no ser resuelto.
 
Gabriel Gasteazoro, abogado especialista y activista LGBTI, explica que a pesar que el Código Penal establece que una persona será sancionada a cumplir una pena en caso de cometer un crimen por odio, todo se queda en el papel, en lo teórico.
 
“La Fiscalía en la investigación no reconoce a una persona como miembro de la comunidad LGBTI, sino como hombre y mujer; o un hombre vestido de mujer porque no se conoce sobre la identidad de género” dice Gasteazoro. Por tanto, al no ser reconocidos como personas LGBTI, se les infringen una cantidad enorme de derechos humanos.
 
Para Gasteazoro, el primer problema de un país que asesina mujeres trans, como El Salvador, es no reconocer la diversidad sexual y las distintas expresiones de género. El segundo, que no existe un marco normativo que regule el respeto y la integridad de las personas LGBTI.
 
Aunque explica que incluso teniendo un marco legal no se garantiza respeto y no discriminación. “Nosotros podríamos tener una ley directa que penalice los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI, pero eso no quiere decir que no se seguirán cometiendo crímenes. No se trata solamente de un marco legal, sino de una extrapolación en distintas áreas como la educación, durante los procesos de enseñanza”, asegura. 
 

El discurso que perpetúa la exclusión

Foto cortesía de ASPIDH
“La homosexualidad es pecado, existen leyes naturales. El hombre es hombre desde que nace hasta que muere, de igual forma la mujer y así debe ser hasta el final. Eso no se puede cambiar. Por eso la iglesia no aprueba a la comunidad LGBTI” afirmó monseñor Héctor Figueroa.
 
Por otro lado, el pastor de la Misión Cristiana ELIM, Roberto Guevara,  dijo que Dios establece reglas, normas y roles, tanto para hombre como para mujer. Por eso considera que los miembros de la comunidad LGBTI actúan en contra de la voluntad de Dios.
 
Algunos documentos formulados por la Iglesia Católica incluyen a las personas homosexuales, afirmando que no deben ser rechazados ni discriminados por sus preferencias sexuales. Aunque la iglesia no condene estos casos tampoco los acepta. El numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica establece que “los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta, pero no debe aceptarse su condición”.
 
Ambas religiones, evangélica y católica, concuerdan en un pensamiento: “la homosexualidad es pecaminosa”. Así lo afirman los líderes religiosos. El mandato de la iglesia pide respeto hacia la comunidad LGBTI, pero sus líderes piden a la comunidad corregir su desviación sexual, para que puedan heredar el reino de Dios. 
 
Aunque parezca que la iglesia practica la inclusión de los miembros de la comunidad LGBTI, las distintas perspectivas religiosas dejan en evidencia la intolerancia, que limita el cambio y no acepta, bajo ninguna circunstancia, las diferencias sexuales.
 
Una encuesta realizada en 2013 por el Centro de Investigación Pew de Estados Unidos descubrió que dos tercios de los salvadoreños cree que la sociedad no debe aceptar la homosexualidad. Esto demuestra que la sociedad salvadoreña continúa reproduciendo el discurso “normativo”, que no deja brecha para que las personas de la diversidad sexual puedan desarrollarse plenamente.

El grito de ayuda

Foto por Mónica Guillén
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prohibió cualquier tipo de terapia de conversión para las personas a quienes se considera enfermas, por tener una preferencia sexual distinta. Estableció que lo que pueden hacer los especialistas en el área es ayudar a estas personas a enfrentarse a la discriminación y rechazo.
 
Según Oscar Martínez, psicólogo social, la homofobia y la intolerancia son las principales causas de los crímenes de odio en el país. Manifiesta que el sistema ya establecido por mucho tiempo entra en un proceso de crisis, las fuerzas conservadoras se organizan y se retroalimentan entre ellas para mantener el “orden normal” de las partes. 
 
Incluso, añade, “estas fuerzas son capaces de usar cualquier recurso para mantener o separar lo que se sale de su norma”. Explica que en estos casos es que la violencia estructural se vuelve más explícita y estamos construyendo al enemigo en las personas diferentes.
 
Martínez sostuvo que “según la OMS, el problema de las personas homosexuales no es la diversidad sexual ni la homosexualidad, el problema es la homofobia que hay en la sociedad”.
 
Agregó que “Las personas que son victimarias son intolerantes, conservaduristas, muy ortodoxas, muy reaccionarias y polarizadas”. También expresó que estas personas intolerantes “se sienten, emocionalmente, atacados y de ahí que reaccionan de manera impulsiva y agresiva”.
 
Por otro lado, asegura que muchas de estas personas que asesinan a miembros de la comunidad tienen un proceso histórico personal que condiciona su modo de proceder y actuar. “Muchas veces, en el fondo, las personas que asesinan o cometen crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI, son personas que no toleran la realidad porque ellos son así. Entonces, no toleran ver en los otros lo que no pueden hacer hacia sí mismos”, comentó.
 
Gasteazoro afirma que “estamos cerca de que estas personas (de la comunidad LGBTI) sean reconocidas legalmente, sin embargo, existe una barrera económica que limita la diversidad cultural y que hace imposible entender que hay personas de distintas religiones, preferencias sexuales, orientaciones, etc.”
 
Así mismo, la presidenta de ASPIDH confirma que como Federación LGBTI en El Salvador están sumando esfuerzos para crear una política inclusiva en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, se encuentra en un camino pedregoso debido a que el actual gobierno eliminó la Secretaria de Inclusión Social, a la cual estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual, entidad encargada de coordinar la aplicación de las políticas para la población LGBTI.
 
A su vez, fue eliminada la Secretaría de Transparencia, lo que dificulta el acceso a datos e información acerca de porque la Fiscalía General de la República no ha llevado ningún caso a juicio.
 
De este modo, en algunos años, quizá El Salvador pueda contar a las personas LGBTI como ciudadanos legítimos que merecen reconocimiento, inclusión y una investigación exhaustiva cuando son asesinados.

Vídeo por Mónica Guillén