La cultura indefensa
La cultura indefensa
La sociedad salvadoreña no está reaccionando frente a su patrimonio e historia cultural. Es difícil mantener las riquezas y las costumbres de los antepasados indígenas, si no se respetan las leyes sobre el patrimonio cultural. Ya sean objetos destruidos, ignorados o hurtados, la población en general no le toma importancia, aunque la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura establezca que “La protección de los vestigios encontrados en zonas catalogadas como patrimonio cultural debe ser una obligación de todos los salvadoreños”.
Por Elizabeth Vázquez y Erick Recinos
Existen diferentes rangos dentro de los bienes patrimoniales: Los bienes públicos, los bienes que son privados, pero que están registrados en el Ministerio de Cultura, objetos heredados y los objetos hurtados y destruidos.
El artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) reza que “Los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionan con un bien cultural inmueble, serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Ministerio a través de sus respectivas dependencias”. Esto significa que los bienes patrimoniales, están bajo la “protección” de esta ley, sin embargo existen personas y empresas que no respetan la disposición legal.
El historiador y periodista cultural Álvaro Darío Lara sostiene que “no existe una identidad cultural entre el Salvador y su cultura. Si nos referimos a la potenciación formativa, es decir carreras de formación artística; además incluir el arte, la cultura como un elemento de la currícula nacional de una forma real y no tan formal; yo creería que todavía no existe. En la mayoría de nuestra población, no hay conciencia sobre lo que el arte significa y en los círculos con más educación, de carácter más formalizada, hay muy poca conciencia del valor de la trascendencia que los objetos culturales y artísticos”.
Darío Lara también agrega que en lugar de cuidar la historia indígena, muchas veces se discrimina, se crea un estereotipo de “el/la indígena ignorante” y se evade la representación identitaria que se tiene como país. “La vida indígena está a un paso de la extinción. No podemos permitir que nuestra esencia se acabe y sólo tal vez no repitamos la misma historia de la persecución, sólo por el hecho de ser indígena, porque hay que recordar lo que dice el dicho ‘quien olvida su historia está condenado a repetirla’ y sería muy difícil volver a caer frente a los tiranos”.
Pese a que la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar los casos de destrucción de bienes o el hurto de objetos patrimoniales, como el robo ocurrido el 23 de diciembre de 2016 en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, hasta la fecha se desconoce el paradero de muchos objetos robados, como tres figuras antropomorfas, un tetrápode prehispánico, un estribo de metal y un cuenco policromático. Además del robo de una cabeza de jaguar que se encontraba en Santa Ana. Este vestigio artesanal labrado a mano, pesaba más de 500 libras.
“Entre más características distintivas y exóticas tenga el objeto, entre más trabajo artesanal y trasfondo histórico represente; se vuelven más codiciables y más simbólico para quienes lo poseen” asegura Lara. También agregó que, si bien es cierto que muchos arqueólogos son protectores de este tipo de hallazgos, existen otros que se vuelven saqueadores.
El dirigente del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), Alfredo Rivera, comenta que “los saqueadores (…) venden los objetos a precios bajos y desvalorizan, o ignoran, la historia que intrínsecamente se encuentra en cada cuenco, en cada figurilla. Luego eso pasa a otro revendedor y luego a otro; y lo complicado comienza cuando ya hay pedidos al exterior del país. Pasan de revendedor a revendedor, hasta llegar a un precio alto, miles, incluso millones de dólares”.
Rivera ha trabajado desde 2009 por la integración de la cultura indígena en nuestro país. Esto comprende desde los derechos en los asentamientos indígenas y la armonía complementaria de las costumbres que se mantienen vivas en los pueblos indígenas.
Existe otro delito todavía más alarmante que el hurto, principalmente en el occidente de El Salvador. Las Inversiones Inmobiliarias Fénix lanzaron sus excavadoras sobre una joya histórica ubicada cerca del paso a desnivel que conecta a Sonsonate con Nahulingo. Se trata del centro ceremonial Tacuscalco.
En 1994 Howard Ernest dirigió la construcción del Bypass que conecta Nahulingo con la carretera hacia Acajutla, y descubrió el Centro Ceremonial de Tacuscalco, donde se realizó un reconocimiento arqueológico de emergencia, decretándolo como un patrimonio cultural. Tacuscalco significa “La casa de armas” o “Arsenal”.
Tacuscalco es mencionado en documentos importantes de la historia, como en las cartas de relación del conquistador y virrey Pedro de Alvarado, donde expresa que se encontraba en la parte superior del centro ceremonial de Tacuscalco, mal herido por una flecha que atravesaba su pierna.
La constructora Fénix comenzó a construir a poca distancia de la zona decretada como patrimonio cultural y tras la excavación para el montaje de las tuberías de aguas negras, encontraron objetos artesanales, huesos, y estructuras arquitectónicas de un establecimiento religioso. Según el director de Arqueología del Ministerio de Cultura, Hugo Díaz, este lugar era para realizar sacrificios.
Los restos de los objetos prehispánicos destruidos están en un montículo de tierra, sin la posibilidad de encontrar, aunque sea un objeto que pueda ser rescatado para su reconstrucción. Hugo Díaz junto a Julio Alvarado, encargado del Departamento de Investigaciones de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, realizaron una investigación detallada para intentar establecer el espacio que ha sido destruido.
Al darse cuenta que la empresa había intentado borrar la evidencia cavando 50 metros más a profundidad, ambos funcionario comprenden que hay un intento de ocultar la zona destruida. Realizan un informe sobre la destrucción de la zona y la presentan a la Fiscalía General de la República en septiembre del 2017, pero la Fiscalía se mantuvo inmóvil hasta enero de 2018.
Julio Alvarado menciona que estuvieron “rebotando” y nadie se hacía cargo de recibir la denuncia de la destrucción de Tacuscalco. “Vamos al juzgado y la jueza argumenta que nosotros somos el ente rector de la salvaguarda patrimonial, nuestras medidas de protección son las definitivas y que el juzgado ya no puede establecer medidas cautelares porque nosotros ya nos pronunciamos. Luego regresamos a la zona de construcción y ya no nos dejan ingresar […] Luego la empresa manda maquinaria para borrar la evidencia y después regresamos a la Fiscalía, hasta que el 23 de marzo se realiza un allanamiento en la zona”.
Luego de esto, la Dirección de Arqueología recibe una carta de parte de la empresa Fénix donde explica que no va a atender esa resolución judicial, pues la denominan “hostil, ilegal y de carácter arbitraria”, y que se va a continuar la construcción, a pesar del llamamiento que realiza la Dirección de Arqueología, menciona Julio Alvarado.
“Entonces, vamos al Juzgado Ambiental, y nos dijeron que nosotros tenemos la última palabra, luego vamos a la policía porque nosotros no tenemos cuerpo de seguridad oficial, y nos dicen que necesitamos una orden de la Fiscalía, luego vamos a la Fiscalía y dicen que necesitan una orden de la juez y en ese proceso llegamos hasta el 6 de abril; dos meses después, el juzgado de paz de Nahulingo no decreta medidas cautelares, porque el ente encargado de eso es la Secretaría de Cultura; entonces no llegábamos a nada” , agrega Hugo Díaz.
Actualmente la Fiscal General de la República ha declarado que hay un “indicio de posible delito”, por tanto activó un cierre temporal técnico del proceso de construcción, y no lo detiene por la denuncia cultural, sino por causa ambiental, pues dañará el río Cenizo.
También hay quienes protegen estos tesoros aqueológicos, como es el caso de Rolando Portán. Es un protector comunitario de objetos patrimoniales. Al construir su casa, aledaña a la zona arqueológica de San Andrés, descubrió que había vestigios bajo su terreno y decidió llamar a un arqueólogo del Ministerio de Cultura para determinar qué era lo mejor que podía hacer. “Tomé la decisión de registrarlas en la Secretaría de Cultura y me dejaron conservarlas”, cuenta Rolando, mientras muestra un pequeño museo artesanal que ha construido para cuidar los objetos.
Rolando muestra los objetos y cuenta historias a sus hijas, les habla de un dios con cabeza de jaguar, una mujer con cabeza de jabalí y un hombre pequeño. De manera aparente, una historia normal y muy imaginativa; pero el asombro comienza al ver los objetos y cómo interpreta que los utilizaban los antepasados. Objetos carcomidos por el paso de años, pero que tienen un gran valor cultural. Así sus hijas comienzan a aprender el valor de la historia de El Salvador.
La razón de mantener viva la memoria es la importancia de transmitir las historias de las comunidades indígenas, y darle el valor que le corresponde a los vestigios que aún revelan datos sobre las conductas, las vivencias, la experiencia y el vivir de los antepasados.
Algunas herencias que se han transmitido y que aún se mantienen son los remedios naturales, más conocidos como “brebajes”; objetos como piedras de moler, morteros , “piedras de rayo”, o vestigios de una estalactita que se hereda entre familias, pero otros prefieren ignorar una cultura que está al borde del olvido. Una cultura indefensa.
