Los cimientos destruidos de Tacuscalco
Los cimientos destruidos de Tacuscalco
La destrucción de Tacuscalco sigue dando de qué hablar. No hay nada claro sobre el futuro de este sitio, ni una resolución para salvaguardar la infraestructura cultural y su ecosistema.
Por Ovidio Bautista
A más de un año de iniciada la destrucción sobre el sitio ceremonial-indígena de Tacushcalco, la empresa “Inmobiliaria Fénix S.A de C.V.”, asociada al grupo Salazar Romero, no ha parado la construcción de casas sobre el sitio, ubicado en el municipio de en Nahulingo, departamento de Sonsonate.
Hay distintos puntos de vista sobre el caso. La Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Cultura y miembros de organizaciones ambientalistas como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), sostienen que hay violación a los derechos patrimoniales y ambientales; por otro lado, está la postura empresarial y municipal que señala la necesidad de garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas de la empresa constructora.
La Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura y algunos medios de comunicación siguen pendientes del caso, donde la edificación de viviendas continúa, a pesar que la FGR ordenó el 21 de junio de 2018, detener los trabajos de terracería para evitar mayores daños a la estructura arqueológica. La División de Arqueología del Ministerio de Cultura visita la zona una o dos veces por mes para hacer inspecciones sobre la destrucción del sitio.
La “Batalla de Tacuscalco”
El historiador Álvaro Lara relata que el conquistador español Pedro de Alvarado estuvo en el Altepetl (poblado/población/ciudad) de Tacushcalco. “Pedro de Alvarado libró una de las batallas más importantes descritas en el códice de Tlaxcala, que es una recopilación histórica de los sucesos de la época, donde se dice que subió a uno de los montículos llamados “Los Cerritos”, y vio la batalla de los Moxicalcos, o “muchos Izalcos”. Pedro de Alvarado se encontraba herido, según dice la historia y por eso subió a uno de estos montículos” explica.
La casa de armas o Tacuscalco es descrita por el conquistador Pedro de Alvarado como “la gran tierra de la batalla” o “Batalla de Acaxual”, y fue uno de los sitios más importantes entre “Los Cuatro Izalcos”; así lo menciona el arqueólogo Hugo Díaz. “Entre los Moxicalcos, el Centro Cívico Ceremonial tenía algo distintivo a todos los demás de la zona, y es que sobre su estructura se habla en el Códice de Tlaxcala y se deja ver en los hallazgos del sitio, tales como el escudo de armas, propio de los lugares más importantes de la época…” explica el arqueólogo Díaz.
El arqueólogo Díaz explica que ese territorio tenía cuatro divisiones: Izalco al norte, Tacuscalco al sur, al oeste Caluco y al noreste Nahuizalco. El sitio protegido en la actualidad es de 45.6 manzanas, y sobre ella la empresa Fénix ha construido hasta el límite perimetral, justificando que hasta el muro que colinda con una de las estructuras arqueológicas llega Tacuscalco. “Lo que no entiende la empresa es que las divisiones ancestrales no son como ellos piensan. Se extendían más allá de las divisiones territoriales que hoy venimos haciendo, y eso lo pudimos comprobar en la excavación del pozo 50, donde se encontró la capa cultural con canto rodado, probablemente proveniente del río”, dice Díaz.
La estructura diez de los montículos
El municipio de Nahulingo inicia en el bypass que divide la entrada a la cabecera departamental y la carretera hacia Acajutla. Dos kilómetros más adelante está lo que alguna vez fue el centro ceremonial más importante de la zona.
Para ingresar al sitio es necesario hacerse acompañar de miembros de la comunidad para no generar incomodidad o problemas innecesarios con la vigilancia de la empresa constructora, que destruye Tacuscalco. Al menos diez personas partimos hacia el sitio: periodistas, técnicos y lugareños buscamos verificar los avances de la construcción sobre el sitio sagrado. Román Cartagena es miembro del Movimiento Tacushcalco y concejal de la municipalidad de Nahulingo. Se incorpora a la expedición y el arqueólogo Díaz lo describe como “la voz de la conciencia dentro de la alcaldía”, debido a que es el único opositor en el concejo municipal que se ha puesto del lado de la empresa constructora.
Donde una vez se levantaron las megaplazas del Altepetl se observan diferentes montículos que sobresalen en la planicie de la zona como si estuvieran brotando pequeñas montañas. Julio Alvarado, quien es otro de los arqueólogos que le está dando seguimiento al caso, explica que es muy normal observar que sobre algunas estructuras existan algunas casetas, a las que los antiguos habitantes pipiles subían para cuidar la siembra y para ver si había peligro para los habitantes.
Al subir al montículo que los arqueólogos llaman “estructura diez”, se puede ver toda la zona en construcción en las 20 manzanas de terreno que han dividido tras un muro perimetral. Los vigilantes observan constantemente y con desconfianza a los visitantes. “La hostilidad de los vigilantes es injustificable. Se preparan incluso quitando el seguro del arma, cuando nos acercamos y no nos dejan estar sobre la zona, solo podemos observar desde este montículo”, explica Alvarado, mientras termina de subir la estructura para hacer la inspección rutinaria.
ISe observa una excavación que ha realizado la empresa y un lleno artificial para borrar una parte de la evidencia sobre la construcción. “La empresa constructora piensa que el sitio arqueológico tiene un límite y que hasta ese punto terminan el patrimonio, sin embargo, al realizar la evaluación sobre el sitio, se descubre que en una zona trataron de borrar evidencia, terraceando más de un metro y medio de profundidad”, agrega Hugo Díaz.
En un radio menor a los cinco metros se observa la destrucción de una de las estructuras similares al montículo diez, cuya plataforma estaba compuesta con una capa de piedras de canto rodado, probablemente provenientes del río Ceniza.
Dejamos el centro ceremonial y partimos hacia la comunidad La Bolsona, en las riberas del río Ceniza; el camino se vuelve más sofocante y las miradas incisivas y cuestionantes vuelven a aparecer. Pero esta vez ya no son los guardias privados de Fénix, sino que vienen de otros actores, cuya participación no es nueva en estas visitas, ya que en más de una ocasión han aparecido como garantes de la ley. La Policía Nacional Civil (PNC) se ubica cerca del grupo de visitantes, aunque no precisamente para darles protección.
Un miembro del grupo menciona con cierto malestar : “ya viene otra vez esta gente. No entiendo por qué cada vez que venimos están presentes. La vez pasada nos sacaron de la zona, que porque estamos dentro de propiedad privada y nos pueden llevar a la delegación”, comenta uno de los visitantes. Más adelante otro acecho aguarda. A unos 10 minutos de la entrada de “La Bolsona”, los pandilleros esperan en un vehículo. La policía se ha quedado atrás y ahora es la pandilla quien se encarga de las reglas y la autoridad de la zona. Detienen el vehículo de los arqueólogos, se acercan y preguntan sobre el motivo de la visita. Román Cartagena junto a otro habitante de la zona se bajan inmediatamente para explicarles. Finalmente, permiten el paso sin problema.
“No es necesario evitar a los ’’muchachos’’, ellos saben que ustedes quieren ayudar a mejorar la situación de la zona, porque ellos también sufren lo que pasa aquí”, agrega Román, mientras se acerca a uno de los líderes de la pandilla y conversa con él. Se alejan para llegar a una especie de acuerdo y después regresan para despedirse con un “Nos vemos, pues”.
La contaminación ambiental
Román es testigos de los daños que han sufrido los mantos acuíferos de la zona. Más de 2,000 personas de 11 comunidades que se abastecen del río Ceniza se ven afectadas por el vaciado de las aguas negras del proyecto habitacional y por la extracción del líquido por parte del ingenio azucarero “Central Izalco”, colindante con el sitio arqueológico.
“Las autoridades como las Fiscalía y la Policía, no han hecho nada por detener la actividad destructiva en el sitio. La Alcaldía de Nahulingo ha brillado por su ausencia. Yo soy parte de la alcaldía de Nahulingo y he pedido algunos documentos pero se me ha negado toda la información”, expresa Román Cartagena, mientras comenzamos a salir de la comunidad. Al vernos, algunos habitantes organizados aprovechan para exigir su derecho al agua y a una sana alimentación a partir de lo que les da el río Ceniza, que es su principal fuente de abastecimiento.
Jorge Arriola relata que “Toda la gente de la comunidad va a pescar ahí para su alimento, pero cuando uno prepara el pescado, viene contaminado y la gente ya no lo consume”. Alonso Ramos es otro ambientalista organizado en la Asociación Pescadito de Oro y dice que “La alcaldía que debería estar a favor del pueblo, no de una empresa […] si no cuidamos nuestro recurso, nadie lo hará. Debemos ser solidarios con lo poco que tenemos”.
Los habitantes también denuncian que la Central Izalco se está acabando el agua. La (UNES) se pronunció en contra del mal uso al agua y solicitó a las autoridades hacer algo al respecto. “La industria azucarera está desperdiciando mucha agua con bombas achicadoras, donde utilizan el recurso vital de forma desproporcionada y se está terminando el recurso de la gente”, dice el informe de la organización ambientalista.
El juego de la legalidad
Los permisos para que Fénix iniciara la construcción de viviendas sobre el sitio ceremonial de Tacuscalco están “en regla”; el permiso ambiental lo brindó la Oficina de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Sonsonate, con la intervención del alcalde de Nahüilingo, según en el informe realizado por la Asamblea Legislativa, el 30 de agosto de 2018.
Al darse cuenta que se construía sobre patrimonio cultural y que además se afectaba el agua del rio Ceniza, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) solicitó a Fénix el cese de sus labores en la zona, pero la empresa se declaró afectada y utilizó para su beneficio la petición, debido a que esa oficina de gobierno no tiene jurisdicción sobre las empresas. Fénix acusó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de cometer arbitrariedad, violentando el derecho al desarrollo social de los trabajadores y habitantes de la zona, quienes se benefician con empleos y viviendas.
Tacuscalco es zona protegida, lo cual obliga a los dueños a establecer límites sobre lo que se puede o no explotar comercialmente. El caso está en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, quien no respondió a una petición de información.
Algunos legisladores están a favor de la empresa constructora, haciendo notar su interés en el argumento económico, como es el caso de la diputada Rosa Romero, quien ha declarado públicamente su apoyo a la constructora Fénix, utilizando como base un manifiesto del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), que argumenta que la suspensión de la construcción afectará a cientos de sus trabajadores afiliados.
