AUMENTAN LAS MUJERES PERIODISTAS QUE SUFRIERON ATAQUES DIGITALES EN 2020
18 mujeres periodistas sufrieron ataques digitales en 2020
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) muestra preocupación ante el aumento de casos de agresiones a periodistas, y ha comenzado a establecer conexiones con organismos internacionales para alertar sobre la situación que atraviesa el gremio en el país.
Redacción Comunica
“Recibí cientos de tuits en mi contra con mensajes difamatorios, estigmatizantes y expresiones de odio que tienen que ver con el hecho de ser mujer. Estas son claras amenazas para mi salud psicosocial y física”, aseguró Karen Fernández, periodista de la Revista Focos, programa televisivo que realiza periodismo investigativo.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, afirma por su parte Carmen Valeria Escobar, periodista de la Revista Gato Encerrado, otra de las periodistas que fueron víctimas de ataques digitales en 2020, luego de publicar mensajes de crítica al Gobierno.
Algunos de “Los ataques provienen de “Sociedad Civil”, una cuenta de Twitter anónima que se dedica a publicar a favor del Gobierno de turno”, declaró Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
La situación preocupa a los organismos defensores de derechos humanos, debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que ejercen el periodismo en El Salvador, ya que representa “un peligro tan agudo que nunca antes se había tenido para la democracia de El Salvador, a través del ataque de la libertad de expresión como actualmente”, afirmó Fabricio Altamirano, director Ejecutivo del Diario de Hoy, durante la 76 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De acuerdo con la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, “el periodismo salvadoreño enfrenta ahora mismo una crítica situación en la que se han afectado el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la información”. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el periodo de 2014-2020, Edison Lanza, agregó que la estigmatización a medios y periodistas en El Salvador por parte de funcionarios ha llegado a niveles asombrosos, al no acudirse a un debate público o a la rendición de cuentas, sino a la diatriba y descalificación de los profesionales de las comunicaciones.
Esta situación se agravó durante la pandemia de la COVID-19, cuando los ataques registrados fueron desde expresiones peyorativas a expresiones de odio y burla contra los periodistas, según la explicación del relator de libertad de Expresión de la APES, Serafín Valencia. Lo más complicado es que algunos vienen directamente de funcionarios de gobierno y del mismo presidente de la República, Nayib Bukele.
Valencia señala que al comparar los últimos 12 meses de administración del presidente Salvador Sánchez Cerén frente a los primeros 12 meses de la actual administración del presidente Nayib Bukele, evidencian que la cantidad de casos de agresiones contra periodistas se han cuadruplicado.
Durante el año 2018, el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES registró 65 denuncias, para el año 2019 la cifra aumentó a 77 denuncias, mientras que, en el año en curso, la cifra incrementó aún más hasta llegar a 127 casos de agresiones denunciadas por profesionales de las comunicaciones.
No obstante, APES registra un total de 42 denuncias de casos calificados como acoso digital específicamente, en los que se hace una diferenciación entre el tipo de situación que se genera en redes sociales, por ejemplo:
Mónica Rodríguez, del Comité de Ética de la APES, señala que es en esta administración cuando más arreciaron los ataques digitales, los cuales han quedado debidamente registrados.
“Si hablamos específicamente del acoso digital, bueno en años anteriores no habíamos tenido casos, no se había logrado identificar y para este año hasta cierto momento se registraban 9, pero de los ataques digitales si vemos un aumento porque en 2018 habíamos registrado, o al menos se habían denunciado dos ataques digitales, para 2019 sube la cifra a 10 ataques digitales pero para este 2020 todavía sube más y llega a 17 ataques digitales, entonces nosotros creemos que es en parte por el manejo que se ha hecho por parte de la nueva administración con las redes sociales”, sostiene Rodríguez.
De igual forma se señala en el Informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó las agresiones a periodistas. En el documento se estipula que existe acoso, amenazas, intimidación y maltrato hacia periodistas, y que en la mayoría de los casos las vulneraciones suceden a través de ataques digitales, donde muchas veces son dirigidos a mujeres periodistas, como es el caso de Karen Fernández, quien recibió acoso generado por cuentas afines al gobierno, misma situación que han enfrentado periodistas de otros medios.
El mayor riesgo lo tienen las mujeres periodistas
Las mujeres periodistas, por las condiciones generales de vulnerabilidad en las que desarrollan su trabajo enfrentan un mayor grado de vulneración. Ser mujer periodista de alguno de los medios de comunicación con la línea editorial crítica del actual gobierno, conlleva un mayor riesgo, pues al ejercer el trabajo y develar aspectos oscuros, o que pongan en evidencia a algún funcionario público, las ha llevado a ser sujetas de acoso, discriminación y difamación a través de las redes sociales. Estas acciones públicas de violencia hacia las mujeres periodistas pueden minar su vida laboral, personal y familiar, poniendo en riesgo incluso su integridad física y emocional.
Las mujeres no solamente se enfrentan a los retos intrínsecos del periodismo de investigación. A los nuevos ataques contra la democracia y la libertad de prensa se suma el discurso de odio que particularmente contra las mujeres tiene connotaciones personales y sexuales.
Según la periodista Mónica Rodríguez, «cada medio de comunicación tiene una línea editorial y cada medio saca las versiones de las cosas que considera pertinente, pero cuando se saca algo de este Gobierno, él (Bukele) piensa que es en contra de él o en su detrimento». Y de ahí empieza a emitir tuits y sus seguidores realizan la violencia de género, con el acoso digital.
El Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras registra un aumento de las denuncias por violencia digital como el ciber-acoso, difamación, amenazas y descalificaciones públicas contra mujeres defensoras y periodistas, siendo éstas parte de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género.
Según el artículo 2 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes, incluido el derecho a:
- Que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.
- Que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde protección a su familia.
Sin embargo, muchas mujeres periodistas están siendo violentadas y atacadas a través de mensajes misóginos, entendiendo la misoginia como: las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres.
“En nuestro contexto, por la situación moral a un hombre le pueden hacer una ofensa y bueno, es una ofensa y ya, salvo que se le amenacen la vida que es distinto, pero en nuestra sociedad, no es lo mismo decirle un ultraje o publicarle un ultraje o una crítica fuerte a un periodista hombre, como por ejemplo Jorge Beltrán que es uno de los más criticados y a quien permanentemente están ultrajando a través de redes sociales, no es lo mismo que hacerlo contra una mujer, por ejemplo llamarle ´puta´ ´prostituta´ ´ramera´, esas son expresiones que se han dado en algún momento en contra de colegas periodistas mujeres. Ese tipo de expresiones desde la perspectiva de género ya se siente que van con una carga de odio más allá del hecho de ser periodista sino por el odio a la mujer, es decir hay un agravante en ese sentido e insisto, una mayor vulneración también a las condiciones de seguridad que pensaría yo, puede ser más vulnerable una mujer porque ya lo hemos visto”, expresó el relator de libertad de expresión, Serafín Valencia.
Rodríguez, por su parte, señala que hay una similitud en las denuncias en cuanto a género, pues en el caso de los hombres periodistas se han denunciado 17 casos de ataques digitales, mientras que en mujeres han sido 18 denuncias, y a medios de comunicación han sido 7. No obstante, señala que la diferencia que existe entre el acoso digital para mujeres y para hombres “es abismal”, ya que en el caso de las mujeres siempre se le hace algún tipo de calificativo que tiene que ver con algo sexual.
A esto añade Serafín Valencia que lo complicado en los casos de las agresiones contra mujeres periodistas es que en muchos de ellos se ha atacado directamente a las mujeres por su función de informar, o de ejercer su derecho de la libertad de expresión, casos concretos como el de la periodista Karen Fernández de FOCOS.
“Ella recibió un ataque en el que después de emitir opinión a través de sus redes sociales a partir de un mensaje del presidente de la República, recibió agresiones de otros seguidores digamos del presidente, que nosotros los identificamos como posiblemente troles o algunos que son personas reales, pero en el caso específico de ella, se llegó hasta el colmo de amenazarla, claro esa amenaza no fue directa del presidente, sino más bien de sus seguidores, donde la amenazaron ya con la especificidad que se le llama por el hecho de ser mujer, es decir referirse a ella con un lenguaje soez, explotar algunos elementos muy propios de ella por ser mujer”, asegura Valencia.
Funcionarios y adeptos al partido oficial son los principales agresores
“Lo más complicado es que algunos de estos ataques vienen directamente de funcionarios como el secretario de Prensa de la Presidencia, la secretaria de Comunicaciones de Casa Presidencial ha hecho ese tipo de expresiones y otros funcionarios que hemos dado seguimiento , que se han dedicado a este tipo de agresiones. Algunos funcionarios como el presidente de CEPA, el ministro de Agricultura y Ganadería, el mismo presidente Bukele, Conan Castro, que es el secretario jurídico”, acotó Valencia.
Dentro de los tipos de violencia que más afectan a las mujeres periodistas, según el artículo 9 de la LEIV, están:
Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación.
Una de las periodistas a quien se le descalificó su labor fue Carmen Valeria Escobar, de la revista Gato Encerrado, ella fue acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch, quien en reiteradas ocasiones desvaloró su trabajo, en el marco de la pandemia.
Sumado a esto, la periodista también recibió ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
Similar fue la agresión a la periodista Karen Fernández de la Revista FOCOS TV quien recibió acoso digital vía Twitter. Fernández fue objeto de acoso digital luego que el precandidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo, publicó un tuit desacreditando su profesionalismo el 11 de julio de 2020.
De ahí que los ataques en su contra se desataron, de tal manera que se convirtió en una tendencia para minimizar su trabajo, burlarse de ella y de su profesión.
Otro caso que llamó la atención fue el de la periodista Julia Gavarrete, reportera del sitio noticioso independiente Gato Encerrado, a quien el 2 de julio de 2020, entre las 3:30 p. m. y las 6:30 p. m., personas no identificadas entraron a la fuerza a su vivienda en San Salvador, y le robaron su laptop.
Gavarrete declaró al Comité de Protección de Periodistas (CPJ) que los hechos sucedieron luego que regresara a su casa, después de cubrir una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Al llegar a su vivienda, la periodista descubrió que la puerta de su habitación estaba abierta, que sus pertenencias estaban fuera de lugar, y que faltaban su laptop y varios artículos personales.
“Estaban buscando la computadora, porque no se llevaron más nada de valor. Hasta dejaron mi billetera con todas mis tarjetas y dinero en la misma mesa”, expresó Gavarrete. “Además de mis equipos de trabajo, se llevaron unas joyas de imitación y un par de zapatos. Lo encuentro muy extraño”, relató Gavarrete.
En esa ocasión la periodista dijo que creía que el robo respondía a un intento de intimidarla por sus trabajos críticos, ya que en días recientes había informado sobre los planes de respuesta frente al coronavirus del presidente Nayib Bukele, y denuncias de manejos irregulares y corrupción.
“He trabajado en cuestiones que son incómodas para el Gobierno actual, y he presentado varias solicitudes de información pública a las que no han respondido. Siento como que es una amenaza”, declaró.
Por su parte el presidente de la República, Nayib Bukele, minimizó la denuncia del caso interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas (UCA). «La UCA da una conferencia de prensa acusando al Gobierno de robar una laptop, parece broma, pero no lo es», señaló Bukele en sus redes sociales.
Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.
De igual forma una periodista El Diario de Hoy (EDH) fue objeto de mensajes insultantes en sus redes sociales luego de compartir una nota periodística sobre la situación de una persona que llevaba más de 30 días en cuarentena en un centro de contención.
La periodista expresó en su momento que, por salud mental, no solía leer los comentarios que le escribían en las redes cuando compartía noticias que ella misma había publicado, pues, aunque aceptaba sugerencias y críticas constructivas, “no me parece justo ni aceptable que, por informar, un usuario de Twitter se crea con el derecho de insultarme”. “Eso no tengo por qué tolerarlo. Sigo con mi trabajo, pero con cierto temor al linchamiento”, denunció la periodista al Centro de Monitoreo de APES.
También se ha ejercido una modalidad de violencia institucional contra las periodistas que según el artículo 10 de la LEIV, es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.
Según el reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, el gobierno del presidente Bukele se ha caracterizado por el “ataque frontal” para estigmatizar y acorralar a los medios independientes y a los y las periodistas que han revelado posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Algunos casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.
Modus operandi de los agresores
De acuerdo con el diputado Javier Antonio Valdez, de la Comisión Especial para la investigación de acoso a periodistas de diferentes medios de comunicación, debido a su trabajo y línea editorial, asegura que con base a la investigación se determinó que “efectivamente una de las principales formas de acoso a periodistas es a través de las redes sociales, a través de perfiles y personas ciertas y otra a través de cuentas en las que ocultan la identidad de las personas que son conocidos como troles”.
“Es una estructura muy bien implantada y cimentada y sistemática desde el Órgano Ejecutivo, eso estamos claros y lo vimos desde la comisión que investigó eso, que desde los máximos titulares de Casa Presidencial en cuanto a comunicaciones se viene toda una consecución de activación de personas que le están dando seguimiento a todas esas actividades, por lo tanto, todos ellos tienen una estructura bien montada para que se dé el acoso a periodistas”, señaló.
Asimismo, concuerda en que dichos ataques se dan contra todas aquellas personas que están en contra de la línea editorial que apoya al Gobierno y todos los que están en contra de sus políticas.
“A todos ellos son los que se les acosa en el caso de periodistas y opositores políticos se da bajo este sistema, que es una forma podremos llamarla novedosa porque está implantada bajo estos nuevos esquemas de las redes sociales”.
Esto ha conllevado a que las mujeres periodistas que han sufrido el acoso de estos grupos se han visto señaladas en su labor periodística, debido a los descalificativos, además de influir en su vida privada, pues bien es sabido que las redes sociales son no solo una herramienta de comunicación sino a través de la cual se conoce a una persona, de igual manera han tenido que reforzar medidas de seguridad por temor a ataques, aunque los esfuerzos por realizar investigaciones continúen.
Siendo así queda en evidencia que las respuestas del presidente Bukele a todos los señalamientos realizados, tanto por defensores de derechos humanos como representantes de organismos internacionales, no van en línea con un estado democrático, ni con la libertad de expresión, tal como se prescribe en el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador, “Toda persona puede libremente expresar y difundir sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”.
Tampoco está acorde con la libertad de prensa, entendida como el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, como la censura previa, acoso u hostigamiento. Por el contrario, la respuesta por parte del Estado, va en contra de los principios democráticos y amenaza la libertad de prensa a través de la censura y el uso de herramientas digitales de desinformación y difamación a fin de hacer prevalecer su ideología.
“No se les puede criticar, ni cuestionar, no han sido electas por nadie, pero tienen fuero. Ellos sí pueden criticar, atacar, acusar, calumniar, y recibir salario (entre otros) por hacerlo. Quieren que la libertad de expresión, sea solo para ellos”, escribió en su cuenta de Twitter el 11 de septiembre el presidente Nayib Bukele.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, esto incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. En tal sentido, los actos de violencia contra periodistas constituyen una de las formas de ataque más graves contra la libertad de expresión, a nivel individual y social, por cuanto estos ataques vulneran el acceso de la sociedad a la información. Todos los ataques están dirigidos a silenciar voces y evitar la publicación de investigaciones que develan la corrupción.
Edison Lanza, exrelator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de la CIDH, señala que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas del acoso digital cuando una “amenaza es real”.
“La desinformación, el clientelismo político y el populismo están vaciando de contenido a los sistemas políticos. Y la falta de pensamiento crítico, combinada con el desencanto de la gente, nos encamina al deterioro de los valores occidentales”, lo cual pone en una situación de alerta ante la débil democracia actual y a denunciar todo acto de mordaza a la prensa, así como expresiones de violencia y odio hacia las periodistas por el hecho de ser mujeres”, agrega.
En tal sentido, el periodismo de ahora se enfrenta al deterioro de las democracias y ante eso se deben unir esfuerzos. De ahí la importancia de que las mujeres puedan reconocer sus derechos, a pronunciarse y a ser escuchadas ya que este es un paso fundamental para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, para reivindicar una vida libre de violencia y exigir el cese a los abusos de poder para las mujeres que han sido víctimas en El Salvador.
Una instancia a la que recurrir
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) brinda apoyo y acompañamiento en estos casos de agresiones a periodistas.
Aunque no exista un mayor seguimiento de los casos, sino solo por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuyas resoluciones no son vinculantes, el primer paso es acudir a APES para que se pueda realizar la alerta respectiva, lo cual es como un sistema de advertencia internacional que se lanza para prevenir que se sigan dando estos casos en un futuro. Además, si él o la periodista lo decide se puede llegar hasta un acompañamiento para poner la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). En caso de estar plenamente identificado el agresor, se brinda acompañamiento de un abogado y de ahí en adelante el apoyo continúa a través de la Mesa de Protección a Periodistas, donde hay organizaciones de derechos humanos e instancias de abogados que dan seguimiento a los casos.
“Más allá de hacer el registro, la alerta lo que busca es poner justamente en alerta local e internacional de que ha ocurrido ´x´ o ´y´ caso para que las instancias internacionales estén avisadas y den seguimiento también a estos casos, eso es lo que hace APES y la Mesa de Protección a Periodistas”, asegura Serafín Valencia.
Por su parte, el diputado Valdez recomienda a los periodistas en caso de sentirse ofendidos o agraviados, acudir directamente al Órgano Judicial, y en el caso de las mujeres en base a la LEIV para obtener justicia, o ante juzgados competentes, al no haber una respuesta inmediata ni policial ni administrativa.
Valencia, por su parte, asevera además que se han comenzado a establecer conexiones de denuncia y de relacionamiento con instancias internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la Unión Europea, y la comunidad diplomática en el país para dar seguimiento a la situación.
“Ya tenemos algunos lazos como con la FIP que es la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, y otras instancias que están pendientes de la situación del país y lo que tenemos proyectado para 2021 es seguir insistiendo en los llamados a la Presidencia y al Gobierno para que definan una política pública de relacionamiento con la prensa porque eso es lo que no hay, y a insistir en que se respete el derecho a la información y la libertad de prensa en el país, que son dos cosas importantes que están siendo vulneradas hoy por hoy”.
El gremio periodístico salvadoreño no espera una tregua de Bukele en 2021
En los últimos días, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo dijo que El Salvador experimentó en 2020 “retrocesos significativos” en la libertad de expresión y que no esperan que para 2021 el presidente Nayib Bukele dé una tregua a la prensa.
“El panorama es que se agrave”, dijo en una entrevista con Efe la presidenta de la asociación, asegurando que diversos sectores de la sociedad salvadoreña, congresistas estadounidenses y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han expresado su preocupación por la relación que el mandatario mantiene con la prensa, principalmente con los medios que realizan investigaciones.
«Si esto continuara así y empeorando que eso es lo que vemos venir, pues ahí es donde nosotros apelamos también a la solidaridad, a la alerta que pueda existir en otros países para que puedan ejercer alguna presión a El Salvador para que se permita el ejercicio de la libertad de prensa y expresión y un mejor relacionamiento con la prensa en el país”, dijo por su parte Valencia respecto a este mismo planteamiento.
Aseguran además que se continuarán desarrollando proyectos de formación hacia los y las periodistas, programas de fortalecimiento gremial, fundamentalmente capacitaciones que tienen que ver con la seguridad para periodistas, con periodismo y derechos humanos.
Cabe destacar también que la APES condena todo tipo de acoso digital y ataques pidiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) investigar los casos que en su mayoría afectan a mujeres periodistas a raíz de su ejercicio periodístico.
La periodista Mónica Rodríguez incluso resalta que, al ser el tema de género muy importante para la APES, se ha tratado de implementar una política interna de género en la que se destaque el trabajo de las mujeres periodistas que por lo general viven en condiciones más complejas al desempeñar una labor también dentro de casa.
Dijo también que se espera se logre la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas que desde hace dos años está en la Asamblea Legislativa, para que exista una mayor protección de esta labor en general y que haya instancias a las que acudir en caso de acoso, asimismo que haya protección desde el Estado.
Por su parte el informe de la Comisión de la Asamblea recomienda a todas las instancias gubernamentales un cese del acoso a periodistas.
