IDHUCA PRESENTA INFORME SOBRE LA CAPTURA DEL ÓRGANO JUDICIAL EN EL PAÍS.

El Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) dio a conocer los resultados del informe llamado La captura del Órgano Judicial en El Salvador, que analiza la pérdida de la independencia judicial. El documento fue presentado por Ana Gabriela Santos, directora de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UCA e investigadora del informe; Danilo Flores, asesor de la dirección del Instituto;  y José María Tojeira, director del IDHUCA.

Ana Gabriela Santos explica que el propósito inicial del informe era diagnosticar el impacto ante el gane mayoritario del partido Nuevas Ideas y cómo esto iba a influir en el Órgano Judicial. Sin embargo, con los sucesos del primero de mayo cambió la dinámica. En este sentido, el informe se desglosa en cuatro puntos: el primero está vinculado a la violación al Estado de Derecho e inconstitucionalidad y los otros tres, son sucesos fundamentales a partir de la cual se consolida la irrupción en el Órgano Judicial: La destitución ilegal y arbitraria de los cinco magistrados de la Sala de lo constitucional el primero de mayo de 2021; el proceso de selección de los magistrados propietarios y finalmente, las reformas a la Carrera Judicial.

Santos menciona que “la selección de magistrados siempre ha dado de qué hablar, hay problemas estructurales en la selección. Primeramente, no existen baremos que establezcan de qué manera debemos elegir los perfiles más idóneos para estos cargos. En segundo lugar, las elecciones son de dos listados distintos, lo que implica una diferencia en el escrutinio al que se deben enfrentar. Por un lado la popularidad y otros bajo los criterios del Consejo Nacional de Judicatura (CNJ).”

Con la destitución de los integrantes de la Sala de lo Constitucional sin ningún debate en plenaria, se violentó el principio de legalidad, derecho de defensa, garantía del debido proceso, principio de separación de  poderes, de independencia judicial y en general el respeto al estado de derecho, expone  Danilo Flores. Asimismo, la selección de los nuevos magistrados no cuenta con los aspectos básicos para que se le considere transparente, pues los procesos tuvieron fallas estructurales, agregó.

Por otra parte, Flores explicó que, otro evento que compromete aún más la independencia judicial es la reforma a la Ley de la Carrera Judicial donde, de forma arbitraria, se destituyó a jueces que tenían más de sesenta años de edad o más de treinta en el ejercicio de la profesión. Además, él menciona que con esto se deja constancia de cómo las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que han permitido la remoción de jueces y juezas mayores de sesenta, no solo han vulnerado derechos laborales, sino que han respondido a ser una medida discriminatoria en razón de la edad y a su vez, vulnerando la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Finalmente, el padre Tojeira menciona que se olvidan las máximas del derecho, convirtiendo a los funcionarios en empleados, siendo esta una característica de un Estado autoritario: ”Un funcionario tiene la función de servicio, mientras que un empleado tiene la obligación de obedecer al jefe. A un funcionario lo gobiernan leyes, en cambio a un empleado lo gobiernan  personas. Cuando se captura el poder judicial, se busca convertir a los jueces en empleados… y  lo empezamos a ver” dijo Tojeira. De este modo, la captura del Órgano Judicial es a su vez la captura de la libertad de las personas y la búsqueda de la verdad. 

El informe menciona que es importante que las organizaciones de la sociedad civil continúen con la lucha de reivindicación de los derechos, así como la denuncia constante de los actos arbitrarios que comete el gobierno. Además, Santos recalca la importancia de organización y unión ciudadana, acuerpar a los jueces valientes y acercarnos al apoyo internacional como mecanismos para que los derechos humanos y la democracia no sufran más atropellos.