Entregamos nuestros derechos a cambio de seguridad
Entregamos nuestros derechos a cambio de seguridad
El Estado salvadoreño decidió dar la espalda a la comunidad internacional y no rendir explicaciones sobre las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, a la CIDH y a las víctimas.
Por Luis Figueroa
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas FESPAD, CIDH, CRISTOSAL, DTJ, Amnistía Internacional lamentaron la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 23 de junio, para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
El comisionado de la CIDH, Joel Hernández, dijo que la ausencia del Estado salvadoreño denota un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio Interamericano.
Estas audiencias son la única herramienta con la que cuentan las víctimas de violaciones de derechos humanos para obtener respuestas, y son además, una obligación en materia de derechos humanos señalo Belissa Guerrero, coordinadora de incidencia para las américas, de Amnistía Internacional.
Existe preocupación por el acoso y los discursos estigmatizantes desde las más altas autoridades del país. Las decisiones que toma el Gobierno de Bukele están orientados a la publicidad, por ello se está evidenciando una narrativa de héroe, explicó Zara Navas, jefa de derecho y seguridad en CRISTOSAL.
Este tipo de ausencias no es algo que se ve por primera vez, ya ocurrió en Nicaragua después de su crisis del 2018, ellos dejaron de comparecer en las audiencias de la CIDH.
El Salvador guarda silencio sobre las múltiples denuncias y las 52 muertes en custodia del Estado, eso va a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos, privados de libertad, con asuntos tan elementales como vínculos familiares, perdida de su trabajo, integridad personal, salud y hasta la vida misma, comentó Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de FESPAD.
Así mismo, adelantó que próximamente el Estado salvadoreño va a someterse a un examen de cumplimiento de la Comisión contra la tortura, de la ONU. Es obligación del Estado responder a las denuncias de la sociedad civil, responsabilizarse de las muertes en las cárceles y los casos de estigmatización y criminalización de la pobreza, dijeron los defensores de derechos.
