Ex magistrados analizan el secuestro de la justicia salvadoreña
El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) realizó un conversatorio en el que se honró la vida y el legado del abogado y defensor de derechos, Manuel Escalante. Destacados juristas hablaron del secuestro de justicia por por parte del actual gobierno.
Por Adonay Hércules
“La independencia que estorba: las afectaciones por la falta de independencia judicial en El Salvador” fue el tema abordado en el conversatorio realizado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el marco de aniversario del deceso del ex subdirector del Idhuca.
El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder recordó que el Ejecutivo construyó una narrativa dándole una visión errada a la población sobre el trabajo de la Sala de lo Constitucional anterior, constituyendo un escenario idóneo para la destitución de los magistrados, y esto “gracias a que el mismo pueblo propició quedarse indefenso al suprimir la sala de lo constitucional para colocar a magistrados con serias dudas de independencia judicial”, a partir de 2021.
Por su parte Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional mencionó que la destitución de los magistrados y las reformas a la Ley de la Carrera Judicial significaron “un duro golpe al estado de derecho, significo el desaparecimiento del control de los poderes públicos, significo la llegada del miedo y el terror, significo la libertad total del ejecutivo para destruir al que considera su enemigo, como los periodistas, jueces, opositores políticos, la academia crítica, y los disidentes”.
Blanco aseguró que estos actos propiciaron la promoción de “jueces camaleones”, pues son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia toda vez que ellos se sientan favorecidos, pues no tienen carácter, ni ideología, ni colores, ni pensamiento, ya que actúan con la cabeza de otros siendo incapaces de plantearse su propio criterio.
Los exmagistrados reconocieron que en ningún momento de la historia salvadoreña se ha disfrutado de una independencia judicial plena, pues los poderes públicos siempre han querido incidir en la labor de los jueces, sin embargo, veníamos avanzando y lo poco que se había logrado cosechar ha sido desechado.
Hace más de 14 meses fue instaurado el Régimen de Excepción, que a la fecha ha dejado cerca de 68,000 detenidos y múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, de capturas arbitrarias y de muertes violentas en custodia del Estado.
Durante el conversatorio se conocieron también testimonios de víctimas del Régimen de Excepción, quienes destacaron, entre otras cosas, la falta de motivos claros de su detención, la ausencia de un procesamiento justo y adecuado, pues desde el momento que se les detiene se les clasifica como delincuentes, omitiendo toda presunción de inocencia en el detenido.
Blanco agrego que, en efecto, se detienen a las personas sin atribuirles un delito especifico, se les niegan los derechos que tienen, obstaculizan el ejercicio al derecho de la defensa, niegan la comunicación entre el acusado y el abogado defensor y no se permite la aportación de pruebas.
