Piden protección para jueza del caso de periodistas holandeses asesinados en El Salvador

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Los cuatro periodistas holandeses habían sido interrogados por las fuerzas de seguridad del Gobierno antes de la masacre. Imagen tomada de Voces.


El avance en el caso de los cuatro periodistas holandeses asesinados deja dudas sobre las contramedidas que los militares y grupos de poder puedan tomar en contra de la jueza que dictó la orden de captura para los acusados. Expertos esperan que el Órgano de Justicia la proteja.

Por Gerardo Rivera y Tania Ortiz

Luego de que se hiciera pública la noticia de la orden de captura en contra de mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante la Guerra Civil de El Salvador, tanto Pedro Cruz, abogado acusador del caso, como Óscar Pérez, representante de las víctimas en el país, expusieron sus preocupaciones por futuras represalias en contra de la jueza que ordenó las detenciones.

“Esperemos que no haya un ataque en contra de la jueza, porque ha tomado una decisión importante en el caso”, expresó Cruz en el programa radial Quién Tiene La Palabra.

Por su parte, Pérez, quien le ha dado seguimiento al caso por años, aprovechó el espacio para exigir a la Corte Suprema de Justicia que blinde, es decir, que apoye y acompañe a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, por la magnitud de la decisión. “Es muy importante que ella se sienta respaldada en este caso tan importante para El Salvador y Holanda”, expresó.

Sus temores no son infundados. Ponen como referencia la experiencia del exjuez de Instrucción del caso El Mozote, Jorge Guzmán, quien fue cesado de su cargo el 26 de septiembre, luego de unas reformas a la Ley de la Carrera Judicial que obligó a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de experiencia, a retirarse de sus cargos.

La masacre del El Mozote es uno de los casos más emblemáticos del conflicto armado en El Salvador. Casi un millar de personas, entre los que se cuentan más de 500 niños, fueron asesinados por el ejército en diciembre de 1981.

Por esa razón, a Cruz le llama la atención que a pesar de los antecedentes de casos con evidentes “retrocesos” y “problemas serios” como el de El Mozote, un juzgado tomara la decisión de capturar a los cinco militares involucrados en la masacre de los holandeses.

Con este precedente, Cruz espera que el caso funcione como referencia. “Yo creo que esto debe servir como impulso para que otros jueces también se animen a hacer lo propio en los casos que están tramitando”, manifestó.

La noticia de la apertura del caso generó espectativas en la familia de los periodistas honlandeses. Foto cortesía de Voces.

Justicia tardía

El asesinato de los cuatro periodistas holandases ocurrió el 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, una zona rural del departamento de Chalatenango, al Norte de San Salvador.

El proceso judicial inició el 13 de marzo de 2018 cuando la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, en representación de los familiares de los periodistas y con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron la acusación penal por este crimen, ante la Fiscalía General de la República.

Los oficiales a los que se les ha decretado la detención son el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y el exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García. Dos de ellos ya están detenidos.

Además, fueron requeridos el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y el sargento Mario Canizales, del Batallón Atonal. Ambos ya fallecidos.

Como comenta Cruz, la orden de captura en contra los cinco mandos militares significa el avance de un caso que lleva esperando justicia cuarenta años. “Es un primer paso. No significa que el juicio haya terminado, al contrario, la etapa judicial realmente está comenzando. Y esperamos nosotros en los próximos meses poder acompañar a las víctimas”.

Vea el siguiente documental con la historia amplia del caso

Departamento de Comunicaciones y Cultura

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