Migrantes esperan que la justicia declare en firme el TPS
Un total de 300,000 migrantes acogidos al TPS provenientes de Honduras, El Salvador, Nepal y Nicaragua se verían beneficiados si una Corte estadounidense decide dejar en firme la concesión migratoria, otorgándoles además, la ciudadanía.
Por Milagro Orellana
Seattle, Washington- Las familias demandantes del caso Ramos vrs Mayorkas llegaron este jueves a la Corte del Noveno Circuito a escuchar los argumentos a favor y en contra sobre la demanda que por cinco años ha mantenido viva la lucha de los migrantes beneficiarios del TPS de Honduras, El Salvador, Nepal y Nicaragua.
Las familias tepesianas, líderes comunitarios, aliados y miembros de las comunidades migrantes llegaron hasta Seattle para apoyar a los demandantes y sus abogados. El caso Ramos vrs. Mayorkas es un desafío legal a los intentos de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante la era Trump, que afectaría a más de 300,000 migrantes.
Pese a que la administración del presidente Biden otorgó recientemente la extensión del TPS para Honduras, El Salvador, Nepal y Nicaragua, los jueces del Noveno Circuito de Los Ángeles, California, aún no han emitido un veredicto sobre el caso.
Once jueces revisaron el caso en litigio y argumentaron que la demanda ya no tiene razón de continuar, dado que la administración Biden ya renovó el TPS por otros 18 meses más.
Sin embargo, los abogados demandantes expresaron ante los jueces que «No queremos que esto pase otra vez, para que cuando alguien de una nueva administración vuelva a llegar en 18 meses volver a estar en las mismas».
Así mismo, destacaron que «se ha demostrado que la cancelación que hizo la administración Trump fue por odio racial; sin embargo, la Corte puede regresar el caso al primer juez y comenzar de nuevo todo el proceso, por ello necesitamos una resolución final para proteger a la comunidad tepesiana”.
Todos los beneficiarios del TPS deben volver a reinscribirse e iniciar de nuevo los trámites, según las reglas establecidas, en un plazo de los 60 días, y quién lo haga a último momento corre el riesgo de perder el beneficio.
