
La Asociación de Periodistas de El Salvador APES registra al menos 789 casos de agresión contra periodistas, una cifra que supera a la de 2023 cuando registró 311 casos. Además, da cuenta de cerca de 30 informadores autoexiliados.
Por Jehudi Navarro
El 3 de mayo se celebró el Día Mundial de Libertad de Prensa, una fecha que tomó nuevamente a los medios de información y periodistas con el desafío del asedio gubernamental permanente. En 2024 las cifras de agresiones a periodistas aumentaron drásticamente.
Según el informe 2024 de agresiones a la prensa de la APES (Asociación de Periodista en El Salvador), la cifra se disparó con relación a la de 2023, cuando registró 311 casos y en 2024 el número de agresiones subió a 789.
Las cifras nos llevan a preguntar a algunos periodistas sus valoraciones sobre la libertad de prensa y el libre ejercicio de su profesión. Daniel Ayala, ex reportero de la Telecorporación Salvadoreña TCS, compartió con Comunica parte de sus experiencias mientras trabajó en dicho medio de comunicación.
“Como periodista he tenido bastante oportunidad de poder trabajar libremente siempre y cuando tenga en cuenta las limitantes, ya sea en lo editorial de la empresa en la que trabajas, en los contenidos y también las restricciones, sobre todo gubernamentales”, dijo Ayala.
Luis Ponce ejerció el periodismo entre 2017 y 2021, ahora es profesor de la Universidad Centroamericana UCA, relató cómo percibió un giro en la libertad de expresión en El Salvador a partir de la llegada del presidente Nayib Bukele al poder en 2019.
“En los últimos dos años del Frente (gobierno del FMLN) se respiraba un aire favorable para la libertad de expresión, exceptuando que no podías meterte a zonas conflictivas (por pandillas) o tocar temas incómodos. Pero en general, se sentía un ambiente más democrático”, afirmó.
Ponce asegura haber vivido el cambio “en carne propia” desde el día de la toma de posesión de Bukele en 2019. “Yo trabajaba en el Diario Co Latino, un medio afín al gobierno. Ese día, a pesar de que estábamos acreditados, una funcionaria de Capres (Casa Presidencial) encargada del protocolo no nos dejó ingresar a grabar. Fue una decisión selectiva, arbitraria”.
Ponce señaló ese momento como el inicio de una serie de restricciones al trabajo de los medios y una transformación de la libertad informativa en el país.

El director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Artur Romeu, advirtió en una entrevista con La Prensa Gráfica sobre el uso partidario de los medios estatales en El Salvador. “El Estado ha montado y estructurado una máquina de propaganda y desinformación, a través de medios oficiales que deberían ser públicos, pero que en verdad son utilizados por el Gobierno para promocionar sus acciones y postura”, declaró Romeu.
“El año pasado fui a cubrir a Pasaquina lo que pasó con Mauricio Arriaza Chicas. Ahí uno ve cómo va en su labor periodística a contar la noticia, y se puso un cerco militar porque estaban investigando. No dejaban subir al cerro. Nunca tuvimos imágenes ni vimos cuerpos (de los muertos en) el accidente. La policía no nos amenazó, pero habló con las personas de Pasaquina (posibles fuentes de información) para que evitaran hablar con los medios”, cuenta Ayala.
Como consecuencia del creciente hostigamiento hacia la prensa en El Salvador, organizaciones internacionales han señalado un deterioro en el ejercicio periodístico. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señalaron que algunos comunicadores han abandonado la profesión por temor a represalias, mientras que decenas se han visto obligados a autoexiliarse en los últimos dos años.
El ahogamiento publicitario también es otro tipo de hostigamiento estatal contra los medios críticos. «Me salí por tres razones. Primero, por seguridad: llegamos a un punto en que sabíamos que hasta nuestros teléfonos estaban intervenidos. Segundo, por la crisis económica provocada por la guerra del Estado contra los medios. A veces no se dice, pero un medio no vive solo de noticias, sino de anunciantes, y una gran parte de esa pauta venía del Estado, que dejó de pagar. Y tercero, por problemas internos del medio.» afirmó Luis Ponce.