IDHUCA preocupado por el nombramiento de Arriaza Chicas
IDHUCA preocupado por el nombramiento de Arriaza Chicas
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, dio a conocer su postura ante las decisiones que ha tomado el nuevo gobierno, principalmente en el tema de seguridad.
Por Pamela Gamez
El director del (IDHUCA) padre José María Tojeira, director del IDHUCA, saludó la decisión de quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel o destituir a Jorge Meléndez de Protección Civil.
“No se puede exaltar a figuras que participaron en una guerra. Es muy importante el purificar al país de esa cultura de guerra, de esa cultura de abuso y esa cultura de violación de los derechos humanos”, señaló el sacerdote jesuita.
Ademas, afirmó que Mauricio Arriaza no es el más indicado para dirigir a la Policía Nacional Civil (PNC), ya que es de las promociones iniciales de policía que no han tenido éxito en la función pública. Además, ha tenido vínculos con diferentes grupos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.
Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDHUCA, mencionó que algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales fueron cometidos por unidades especializadas de la PNC que eran supervisadas por Arriaza Chicas. Entre los más sonados están el asesinato de la agente Karla Ayala y la masacre de San Blas en Zaragoza.
Además, recordó que fue descubierto un escuadrón de la muerte dentro de la policía, cuyos miembros se coordinaban a través de grupos de WhattsApp». En ese caso también estuvo directamente relacionado el comisionado Arriaza Chicas, porque era una unidad a cargo de él”, concluyó el abogado.
Otro nombramiento que fue rechazado por el IDHUCA es el del diputado Osiris Luna como director de centros penales y también el del viceministro de defensa, quien fue defensor de los militares procesados por la masacre del Mozote.
Finalmente, Tojeira habló de los despidos masivos en el gobierno. “La gente tiene derecho al trabajo y la estabilidad en el trabajo. Los despidos masivos implican una falta de discernimiento grande. Hay algunos despidos que pueden ir en una buena dirección porque son parientes de los funcionarios, y es evidente un acto de corrupción, pero otros no».
Opinó que El Salvador necesita una Ley de la Función Pública, por medio de la cual se evalué a las personas para identificar sus habilidades y colocarlas en otra función para garantizarles el derecho al trabajo.
