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Entre la sátira política y el delito digital

Según datos de Datareportal, una entidad recaudadora de datos digitales globales, 3.8 millones de personas utilizan Internet y las redes sociales en El Salvador

Imagen por Comunica

Por: Diego Hernández   

Muchos usuarios en las redes sociales habitualmente comparten memes para entretener y humorizar sus interacciones. Desde memes de “Baby Yoda”, que ironizan sobre la inocencia de la niñez, hasta una mujer gritando a un gato para hablar sobre medias verdades en una situación. 

Para el catedrático de Sociología de la Comunicación en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera (ECMH), Omar Luna, un meme es “una unidad de expresión cultural que trastoca las interacciones tradicionales y digitales en las cuales se mueven las personas”. Es decir, los memes expresan situaciones de la vida real de las personas.

Omar Luna publicó la investigación “Nuevos E-Scenarios: Educación-política-marketing-consumo”. El estudio habla sobre la importancia de repensar la forma de educación tradicional, además del uso de nuevas herramientas como los memes para enseñar. Foto Comunica.

Luna enfatizó en que los memes también pueden ser utilizados para protestar ante acciones de funcionarios con las que la ciudadanía no está de acuerdo. Por ejemplo, muchos usuarios en Twitter crearon memes sobre las extensas cadenas de Radio y Televisión del presidente Nayib Bukele.

En mayo de 2019, varios diputados de las fracciones de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) propusieron una reforma a la Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos y Conexos. 

Documento oficial en donde los diputados participantes de la iniciativa piden que un decreto sea emitido para que la reforma a la ley sea oficial. Compartido en la cuenta de Twitter de la diputada del FMLN, Nidia Díaz.

La reforma buscaba crear al artículo 24-A sobre “uso de perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables”, según el documento proporcionado por los diputados. El artículo sancionaría con cuatro a ocho años de prisión el que calumniare, difamare e injuriare a una persona utilizando perfiles falsos o periódicos y revistas digitales.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida. Se le vió como una ley mordaza que pretendía silenciar la crítica en redes sociales. A través de un tuit, la abogada Bertha María Deleón la calificó como “innecesaria”, ya que a su criterio se debería mejorar los métodos de investigación en delitos digitales.

¿Cuál fue la intención de los diputados?

Entre los diputados que firmaron la iniciativa se encontraban Jorge Schafik Hándal del FMLN, Emilio Corea de ARENA y Raúl Beltrán Bonilla del PCN. Para ellos, la sátira política es legítima y está permitida. “Una sátira política hace la diferencia para que el político se porte bien. A mí me fascina”, declaró Beltrán Bonilla.

El problema surge cuando se utilizan los memes y la sátira política para difamar, calumniar, o injuriar en redes sociales. Según Handal, la propuesta surgió con el motivo de “establecer parámetros para evitar que se digan mentiras en nombre de la libertad de información”, expresó.

“Hay mucha irresponsabilidad en redes sociales. Creo que para llegar a una paz social en nuestro país se necesita realmente regular este tipo de cosas”, dijo por su parte el diputado Corea. Él expone el caso de unas fotos íntimas de su pareja publicadas en redes sociales. Esto fue denunciado a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el suceso no pasó a mayores consecuencias.

Hándal expone otra razón por la que firmó la iniciativa de ley. Le preocupa el efecto que el contenido falso en redes sociales tiene en la imagen pública de las personas. “Te ponen un tuit y ahí se quedó”, resaltó el diputado. El argumento es que se vuelve difícil desmentir información falsa después de que mucha gente la vio y la tomó como verdad. Él cree que el daño es “irreparable”. 

Es incierto si la propuesta de ley se va a discutir nuevamente. “No sé si la van a engavetar o continuar, porque siempre aparece aquello de ‘ley mordaza’”, explicó Hándal.

El Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Todas las leyes que se han discutido previamente en las comisiones son trasladadas al pleno legislativo para ser aprobadas o llevadas de regreso a discusión. Una ley engavetada se refiere a una propuesta que se ha quedado estancada en el proceso de debate. Foto por: Diego Hernández.

El diputado pecenista Beltrán Bonilla reveló que hay un nuevo proyecto de ley que está trabajando con un legislador independiente, otro del FMLN y uno de ARENA. La propuesta estaría específicamente diseñada para proteger a la mujer en los espacios cibernéticos, “que las redes sociales, troles o youtubers que insulten o denigren a la mujer tengan pena de cárcel”. 

Él insiste en que la intención es que se respete el honor de las mujeres salvadoreñas, y que no se trata de una posible regulación de las críticas realizadas a través de la sátira política en las redes sociales. “Si es una sátira, no hay problema. Si es una difamación, sí hay problema”, aclaró el diputado.

La distinción que hacen los académicos

La profesora de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y especialista en procesos de la comunicación, Amparo Marroquín, explicó que el ejercicio democrático se lleva a cabo cuestionando al poder establecido puede hacerse utilizando la sátira política.

En épocas de gobiernos opresivos como durante la guerra civil en El Salvador, los medios alternativos como la Radio Venceremos, una radio guerrillera, criticaban la clase política y militar de modos muy particulares. 

En el libro “Las mil y una historias de Radio Venceremos” de José Ignacio López Vigil se expone cómo crearon la “Guacamaya Subversiva”, una novela radial en donde satirizaban a personajes como el teniente coronel del Ejército de El Salvador, Domingo Monterrosa, o el embajador de los Estados Unidos en El Salvador desde 1981 a 1983, Deane Hinton.

Extracto del libro “Las mil y una historias de Radio Venceremos”, escrito por José Ignacio López Vigil. “Habíamos descubierto la poderosa herramienta del humor y la sátira política”, escribe refiriéndose a la “guacamaya subversiva”. Foto por: Diego Hernández.

“El meme viene de una tradición satírica. Es burla”, detalló Marroquín. Ahora se ha popularizado la utilización de memes en las redes sociales para realizar la crítica a los actores políticos actuales. 

Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) realizada en 2018, el 93% de los hogares cuentan con al menos un teléfono celular. Además, de 2,260,418 personas encuestadas, 1,259,243 mencionan que pueden utilizar el servicio de Internet en cualquier lugar con su teléfono. Es decir, los memes fácilmente están al alcance de la ciudadanía.

Marroquín hizo mención de que los políticos deben tolerar la crítica a través de los memes, ya que son empleados públicos y serán auditados de manera permanente por la población. Luna expresó el mismo sentimiento. “Si vos te has metido a una vitrina digital, tenés que asumir las responsabilidades que eso conlleva”, dijo el investigador.

El catedrático de la Mónica Herrera critica la propuesta de los diputados de agregar el artículo 24-A a la Ley de Delitos Informáticos. “Con eso, lo que querían los diputados era tener un fuero que trascendiera el tradicional; querían un fuero digital”, agregó Luna.

A pesar de mostrarse a favor de la utilización de los memes en la crítica ciudadana, Marroquín distinguió una diferencia concreta entre la entre sátira y el delito. Ella considera que un meme utilizado como sátira política es una opinión acerca de cierta situación de realidad nacional. Otra cosa, dijo, es aseverar algo sobre un funcionario sin tener la constancia que sea verdadero. “Hay unos límites, y lo que tenemos que hacer es discutirlos y revisarlos como sociedad”, aseguró.

Una discrepancia entre Luna y Marroquín se presentó en cuanto al elemento del anonimato. En la propuesta, se buscaba criminalizar a los periódicos y revistas digitales que no tuvieran responsables, es decir, anónimos.

“El anonimato es también, me parece, un ejercicio que no fomenta ciudadanía, sino impunidad”, dijo Marroquín. Su argumento es que la libertad de expresión implica que se sepa quién se está manifestando. La importancia de esto es que las personas que publican sátira política en redes sociales rindan cuentas cuando publican información que no hayan verificado. Es decir, que se hagan responsables de sus acciones, y, por lo tanto, de su difusión.

En cambio, Luna consideró que un meme puede servir para resguardarse de posibles represalias por parte de las víctimas de la burla. “El meme es una máscara social. Te resguardas de ciertas cosas”, expresó el catedrático. 

Además, plantea la interrogante de qué pasaría con todas las personas que comparten una sátira que podría tomarse como delito en las redes sociales. En Twitter, un tuit puede tener miles de “retuits” y “me gusta”, que pueden ser tomados como mecanismos que difunden el contenido de un tuit original. 

Entonces, aparte de la necesidad de trazar la línea entre lo que un meme de sátira política puede tener para no ser considerado delito, también está la interrogante del anonimato y la responsabilidad penal que puedan tener los usuarios que simplemente comparten contenido.

La legislación actual

Existe un marco jurídico que ayuda a trazar la línea entre la sátira y los delitos a los que los diputados se refieren. Está la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos publicada como ley vigente en febrero de 2016.

De acuerdo con el artículo 1, su función es, entre otras cosas, prevenir y sancionar delitos cometidos en las Tecnologías de la Información (TICS) que afecten la intimidad y la imagen de las personas. El artículo 26 menciona que cualquier persona que divulgue información personal y privada sin el consentimiento del titular será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

La técnica jurídica del Programa Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Kerlin Belloso, explicó que esta ley se puede relacionar con el Código Penal. 

Los artículos 177, 178 y 179 de referido Código hablan acerca de la calumnia, difamación e injuria, respectivamente. Para Belloso, estos artículos regulan de cierta manera el contenido que la sátira política puede tener, ya que si tiene material que puede ser interpretado como uno de los tres delitos antes mencionados, puede ser perseguido por la ley. “Se debe tener medios de verificación de lo que se está diciendo de un funcionario”, dijo Belloso.

En cuanto a cómo se determinaría la responsabilidad penal si un meme es constitutivo de calumnia, difamación o injuria, ella explicó que el artículo 32 del Código Penal menciona que son responsables penalmente los autores, instigadores y cómplices de un delito. El artículo 33 determina que los autores o coautores son las personas que cometen un delito y los instigadores, según el artículo 35, son los que provocan a otra persona a cometer un delito. 

No obstante, Belloso mencionó que sería difícil determinar la culpabilidad por la publicación de un meme, ya que cada caso sería diferente, “El juez va a delimitar si mi conducta fue tan necesaria para que ese delito se cometiera”.

Sin embargo, aclara que ya existen elementos legales que pueden ser utilizados para perseguir penalmente hechos divulgados en las redes sociales que sean constitutivos de delito. Esos elementos son los expuestos en la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal.

El panorama internacional

En otros países hay antecedentes y casos que obligaron a las autoridades a tomar decisiones en este tema.

En los Estados Unidos de América (E.E.U.U), la sátira política está protegida bajo la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta parte de la Carta Magna de E.E.U.U prohíbe la creación de leyes que reduzcan la libertad de expresión, entre otras cosas.

De acuerdo con la Libertad de Expresión Global de la Universidad de Columbia, una iniciativa para exponer las normas del libre flujo de información en E.E.U.U, un caso emblemático que explica porqué la sátira política no puede ser considerada como difamación es “Hustler Magazine v. Falwell” en 1988.

La revista Hustler publicaba humor sin censura y sátira política. En una edición se burlaron del televangelista sureño y conservador, Jerry Falwell, al publicar una entrevista falsa en donde la transcripción decía que la primera vez que sostuvo relaciones sexuales fue con su madre cuando se encontraba en estado de ebriedad. 

La entrevista ficticia hacía una parodia de una campaña publicitaria de una empresa de vinos. En los anuncios, se le preguntaba a varios actores de cine cuándo había sido su primera vez, revelando al final que se referían a la primera vez que tomaron el vino que la compañía vendía.

Falwell demandó a la revista por difamación y el caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces concordaron en que la sátira que no podía ser tomada razonablemente como verdadera y hacia figuras públicas está protegida en la Primera Enmienda, aún si esta causaba estrés emocional. Es decir, la sátira política y todo el material que conlleva está debidamente protegido en E.E.U.U. 

El criterio es el mismo en Francia. La sátira política de la revista Charlie Hebdo desencadenó una demanda penal en 2007. La Universidad de Ámsterdam analizó el caso en una publicación llamada “los límites de la expresión a la religión en Francia”.

La Gran Mezquita de París demandó al semanario basándose en leyes que penalizan el discurso de odio, ya que Charlie Hebdo había dibujado a Mahoma, cosa que se prohíbe en el Islam. Sin embargo, el caso fue desestimado, ya que la corte asignada estableció que Charlie Hebdo no se burlaba de los Musulmanes, sino de los fundamentalistas en específico.

Las compañías que brindan servicios de mensajería instantánea y espacios virtuales de comunicación, como Twitter, también tienen sus propias políticas, y aplican para cualquier país en el que se utiliza la red social.

En febrero de 2020 la red social creó una nueva política en donde menciona que tiene la potestad de remover contenido que considere falso o alterado, “el contenido multimedia que cumpla con la totalidad de los tres criterios definidos… Es decir, que sea falso o esté alterado, que se haya compartido con la intención de engañar y que pueda provocar daños… no se puede compartir en Twitter y puede ser eliminado”, reza la nueva regla.

El panorama nacional

Actualmente, el tema no se encuentra en la agenda mediática salvadoreña. Es decir, el público no está discutiendo sobre qué es permitido en la sátira política de la cultura de memes y qué constituye un delito.

Para el legislador por el FMLN, Schafik Hándal, este es un debate que se empezó a medias cuando propusieron la adición del artículo 24-A. Sin embargo, él lamenta que al hablar sobre esto en público siempre salga a relucir el “fantasma de la ley mordaza”, ya que obstaculiza la conversación seria. 

La experta en materia de comunicación, Amparo Marroquín, sostiene que los memes políticos no deberían ser regulados, pero aclara que existen otro tipo de memes que no deberían tener la misma consideración. “Hay una diferenciación entre el meme como sátira política que tiene que tener ciertos objetivos y ciertos fines bastante razonados y otro tipo de memes que son para dañar”, dijo.

Aún si los diputados salvadoreños logran discutir sobre el tema con la seriedad que merecen las implicaciones de la comunicación en las nuevas tecnologías, la técnica jurídica de FESPAD, Kerlin Belloso, duda de la efectividad que una ley sobre el tema pueda tener.

“Difícilmente vamos a tener un modelo de ley que pueda regular aspectos tan mínimos, sobretodo en el tema de la informática”, explicó. Ella argumenta que la realidad cambia de manera rápida, y por eso tener una ley que pueda regular perfectamente los elementos tecnológicos nuevos no es fácil.