La deuda de la FGR con Monseñor Romero
Fotografía captada por Eulalio Pérez, fotoperiodista que presta sus servicios para la agencia United Press International (UPI), después de que le dispararan a Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980. Foto proporcionada por la Fundación Romero.
La deuda de la FGR con Monseñor Romero
El 24 de marzo se cumplen 39 años del martirio de Monseñor Romero en medio de total impunidad. En 1993 su caso fue cerrado y en mayo de 2017 un juez ordenó su reapertura, pero hasta hoy el crimen cometido contra obispo mártir no ha tenido justicia.
Por Kenia Gómez
En marzo de 1993 el Juez Luis Antonio Villeda aplicó la Ley de Amnistía para sobreseer definitivamente al Capitán Álvaro Saravia, el único de los imputados contra el que había orden de detención provisional. La misma Corte Suprema de Justicia contribuyó en los años 80,s a que el caso quedara impune, al evitar la extradición de Saravia.
Pero el capitán no se salvó de un juicio civil en Fresno, California, en el año 2004. En esa ocasión fue condenado a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero. En octubre de 2018, tras la derogación de la Ley de Amnistía, el Juez Cuarto de Instrucción solicitó difusión roja para Álvaro Saravia, uno de los autores materiales del crimen de Romero, pero Saravia sigue en libertad.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández espera que la Unidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la Fiscalía siga con la investigación para dar con los autores intelectuales y financistas del asesinato de Romero, ya que aunque el caso de Monseñor Romero se reabrió, el Juez y la Fiscalía actúan con lentitud.
Según Díaz, la fiscalía todavía no ha presentado documentación como los archivos de la Comisión de la Verdad y del proceso civil en un tribunal federal de Fresno, que podría dar más datos sobre los autores intelectuales.
En los documentos del juicio de Fresno, asegura Díaz, vuelve otra vez Amado Garay a ratificar lo que dijo acá, que el grupo de d’Abuisson participó, que Saravia también fue organizador, que Garay transportó al tirador y que el crimen fue planificado por d’Abuisson.
Dijo que el Ministerio Publico también debe requerir información de testigos del caso y de otros presuntos implicados, entre ellos “el grupo d’Aubuisson”, donde están Mario Molina, Fernando Sagrera y otros. Esas diligencias están pendientes”, señaló Díaz.
De momento se trabaja en la ubicación de los testigos. El más importante es Amado Garay, chofer de Saravia, quien según su misma confesión, trasladó al francotirador al hospital Divina Providencia para que asesinara a Monseñor Romero. “Sabemos que Amado Garay está en Estados Unidos y se están haciendo esas investigaciones, eso lo hemos solicitado desde el principio”, dijo Díaz.
Desde los años 80,s han desfilado un promedio de 40 testigos para esclarecer el asesinato, pero pocos para establecer responsabilidad de los autores intelectuales. Algunos testigos claves desaparecieron, como es el caso del juez de la causa, Atilio Amaya.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, considera necesario revisar las investigaciones y documentos que ya existen, como los encontrados el 7 de mayo de 1980 en la finca San Luis, en Santa Tecla, donde incautaron la “agenda Saravia” con el plan para asesinar a Monseñor. Díaz se refiere al suceso en el que el Mayor Roberto D’Aubuisson fue capturado junto a un grupo de doce civiles y doce militares, pero luego fueron liberados.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la «Agenda Saravia aporta datos relevantes respecto al asesinato del Arzobispo de San Salvador. La misma contiene referencias a compras y entregas de numerosas armas y municiones, nombres de personas contra las cuales existían indicios de haber participado en la planificación, comisión o encubrimiento del asesinato”.
También aparecen referencias a Amado Garay, el conductor que transportó al asesino, así como los recibos por gasolina para el Volkswagen rojo, a disposición del Capitán Saravia, desde el cual se perpetró el asesinato. Todos esos documentos deben revisarse de nuevo dice el abogado de Tutela Legal.
El 13 de abril del año dos mil la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en el caso de Romero, el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida, las garantías judiciales, la tutela judicial efectiva y a conocer la verdad de lo sucedido.
La Comisión recomendó al Estado salvadoreño realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores, materiales e intelectuales. Pero el Estado omitió investigar.
En febrero de 2019 la Fiscalía pidió al Juzgado Cuarto de Instrucción que realizara diligencias para esclarecer la participación de Álvaro Saravia, pero la cabeza principal que habría ordenado el crimen, Roberto D’Aubuisson, no lo mencionó pese a que el embajador de Estados Unidos Robert White, en 1984, declaró que existían suficientes pruebas para afirmar que “d’Aubuisson había planeado y ordenado el asesinato, aunque este nunca fue procesado”.
Tutela Legal pide ahora agilizar el proceso para conocer la verdad pero también para tomar medidas de reparación.
