Continúa la esperanza de justicia en caso masacre de El Mozote

Natalia Gómez
Natalia Gómez

Continúa la esperanza de justicia en caso masacre de El Mozote

A tres años de la reapertura del proceso legal en el caso de la masacre de El Mozote, Tutela Legal asegura que los avances obtenidos han sido pequeños y el Estado ha colaborado muy poco

Fotografía por cortesía de ContraPunto

Por Sofía Benítez

El 11 de diciembre de 1981 fuerzas militares gubernamentales masacraron a cientos de habitantes del caserío El Mozote y lugares aledaños, en Morazán.  El crimen de lesa humanidad fue cometido en la llamada “Operación rescate”.  En 2016,  familiares de las víctimas junto a organizaciones civiles recibieron con esperanzas de justicia la noticia de que el caso sería reabierto.

Hace tres años, fue el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, quien ordenó  reabrir debidamente la acción judicial sobre la masacre. La acción había sido propuesta por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. 

Representantes de la  institución aseguraron que en estos tres años han recopilado nueva información que demuestra que la mayor cantidad de masacrados fueron infantes, todo esto lo han conocido a través de  investigaciones, pruebas forenses y documentales.

Según  Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el juez ha ampliado la acusación en contra de los militares involucrados  “en el sentido que, ha tipificado nuevos delitos como: la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento forzoso. Hoy por hoy, están siendo acusados de doce delitos, por los cuales van a enfrentar la justicia, que es lo quieren las víctimas y sus familiares de la masacre de El Mozote”.

Wilfredo Medrano y Ovidio Mauricio González; fotografía por Sofía Benítez

Si bien es cierto que los representantes de Tutela Legal aseguran que han contado con peritajes de análisis de documentos desclasificados por el Departamento de Estado, los cuales ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron que ha sido muy poca la colaboración de otras instituciones del Estado sobre este caso y que eso ha impedido dar mayores avances en la investigación.

Según los representantes de Tutela Legal, el 15 de octubre iniciarán nuevas exhumaciones en Yancolo, jurisdicción de Cacaopera, en Morazán; en esta acción contarán con la colaboración de un  equipo de antropólogos de Argentina.

Por otro lado, el director de Tutela, Ovidio Mauricio González, dijo que con las nuevas acciones pretenden “conocer la verdad, que se haga justicia, que se sancione a los autores (intelectuales) que todavía se encuentran vivos, que se sancione de manera proporcional. Además de eso, que se repare a las víctimas; no sólo la reparación económica. Ellos necesitan reparación integral en donde se les trate sus traumas”.

Asimismo señaló que el Estado debe reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), crear una Ley Integral de Víctimas, reconocer los delitos y tipificarlos debidamente en el Código Penal salvadoreño.

La judicialización de El Mozote se convirtió en 2016 en un hecho histórico, ya que está amparada en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que intentaba poner fin a la impunidad de crímenes que cometieron tanto soldados como guerrilleros en los años de la guerra civil (1980-1992).

La mayoría de las personas asesinadas en la masacre de El Mozote eran mujeres, ancianos y niños. Los pocos testigos que sobrevivieron, como Rufina Amaya, fallecida en 2007, dejaron testimonios de cómo los niños “fueron encerrados en el convento de la iglesia del pueblo y exterminados con lanzallamas”. De acuerdo con la organización humanitaria Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que tiene su base en San José, Costa Rica, El Mozote es “la matanza más grande registrada en América Latina”.

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