Después de 30 años no hay justicia para las víctimas
Después de 30 años no hay justicia para las víctimas
La justicia a favor de las víctimas cuyos derechos fueron violentados durante el conflicto armado es un tema al que no se le ha dado solución en El Salvador. Recientemente el presidente Nayib Bukele vetó el decreto de Ley de Reconciliación que había aprobado la Asamblea Legislativa, por considerarla inconstitucional y no cumplir con los objetivos de reparación, reconciliación y justicia
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) entregó una carta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo que convoque a una audiencia de seguimiento en la que se evalúen las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa y el presidente de la República. El director del Idhuca, padre José María Tojeira, expresó que alargar el proceso afectará los tiempos para la aprobación de la nueva ley.
Entidades nacionales e internacionales han cuestionado el proyecto de ley por no cumplir con los estándares planteados en una resolución de la CSJ . «Para nosotros lo clave aquí no es estar interpretando por nuestra cuenta si se cumplen o no los estándares en este momento. Sino que lo clave es que la máxima autoridad en materia Constitucional, quien dictó esta sentencia sea la que verifique si estos estándares se han cumplido o no», agregó el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, el abogado Manuel Escalante.
A mediados del 2016 la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 presentaba fallos, pues impedía el proceso de investigación y sanción a los principales responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra. Amparándose en esta sentencia, el Idhuca pretende que la Sala evalúe de manera inmediata el proyecto Ley aprobado por la Asamblea Legislativa y establezca si es constitucional o no.
La solicitud presentada por el Idhuca no pretende solamente darle seguimiento a la problemática a través de un escrito, sino que se pueda ejecutar un mecanismo en el que los entes obligados, demandantes y el Idhuca puedan analizar el tema.
