Población LGBTI+, la gran ausente en las propuestas legislativas
Población LGBTI+, la gran ausente en las propuestas legislativas
Por primera vez en El Salvador hay dos candidatos a diputados pertenecientes a la población LGBTI+, a pesar de esto, las propuestas para esta población son escasas. El jefe de bancada de GANA, partido aliado del Gobierno, cree que las personas LGTBI+ “no deben ser castigados”, pero no merecen propuestas que, en su opinión, podrían reñir con la Constitución de la República.
Por Sofía Benítez
Alejandra Menjívar tuvo que cambiar dos veces su fotografía para poder aparecer en la papeleta que recibirán los salvadoreños el 28 de febrero. Alejandra, Aleja como le gusta que le llamen, es la primera candidata transgénero en la historia electoral de El Salvador. Recogerse el cabello al tomarse la fotografía e inscribirse con el nombre que aparece en su DUI, aunque no se identifique de esa manera, son algunas de las obstrucciones a las que se ha enfrentado para poder inscribirse como candidata al Parlamento Centroamericano PARLACEN, porque el país no cuenta con una ley de identidad de género.
Aleja solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la registrara en las papeletas solamente con sus apellidos para no aparecer con un nombre masculino. Después de unos días de espera, obtuvo una respuesta favorable; aunque no aparece con su cabello suelto, junto a su fotografía se lee “Menjívar Guadrón” y en su cuello resalta una bufanda con los colores del arcoíris.
Alejandra se sitúa en la casilla 5 de 20 participantes que aspiran a ocupar un puesto en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Llegar a este lugar le ha implicado un constante trabajo como militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desde 2007. En 2008 formó parte del equipo que desarrolló el plan de gobierno del presidente Mauricio Funes. Al ser un enlace directo con el movimiento social de diversidad sexual, dio propuestas para solventar algunos problemas de este sector y posteriormente ocupó cargos de mayor importancia. Actualmente es secretaria nacional de Diversidad Sexual y Género dentro del partido, donde coordina el trabajo para apoyar a las poblaciones tradicionalmente vulneradas.
La participación de Alejandra Mejívar, primera mujer trans en postularse como candidata a un puesto de elección popular, y Erick Iván Ortiz, primer candidato a diputado abiertamente gay por el partido Nuestro Tiempo, dan una panorámica distinta respecto a elecciones pasadas, pues en esta ocasión es de conocimiento público la información personal relacionada a la expresión de género de estos candidatos.
Con las primeras candidaturas inclusivas, las expectativas de cambio aumentaron para la comunidad LGBTI+, más no la cantidad de propuestas dirigidas a estas poblaciones. De cinco partidos consultados, únicamente dos incluyeron propuestas para dicha población en sus plataformas legislativas. Y únicamente uno de esos dos partidos incluyó de manera directa el término LGBTI+.
Los partidos políticos y sus propuestas
El FMLN y Nuestro Tiempo son los dos partidos que incorporaron de forma pública propuestas específicas para las poblaciones LGBTI+. El resto no pensó en soluciones específicas a los problemas que vive día a día esta población.
La inclusión que el FMLN ha tratado de evidenciar a través de la candidatura de Alejandra se complementa con el compromiso número 9 de su plataforma 2021-2024, donde establece su responsabilidad para que sea posible “el reconocimiento y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+, personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes”.
“Lo que nosotros buscamos siempre como partido es procurar que los sectores que han estado tradicionalmente en vulneración o indefensión tengan las mejores condiciones para ir avanzando en el camino a una igualdad en esta sociedad”, asegura la secretaria nacional adjunta del FMLN, Karina Sosa.
Alejandra agrega que en esta ocasión existen más candidaturas de personas LGBTI+ que en elecciones pasadas, y se contabilizan un total de “40 candidatos LGBTI, un candidato a alcalde, candidatos a suplentes y por supuesto 36 regidores que están en diferentes municipios”.
Partidos políticos de reciente formación como Nuestro Tiempo también adjuntaron propuestas inclusivas y, a pesar de no tener un apoyo mayoritario de la población, tienen la idea de abrirse espacio en los cargos públicos en estas elecciones e incidir paulatinamente en las decisiones del país. “Lo que nos corresponde a nosotros es abrir la puerta al debate y naturalizar este debate desde la perspectiva del Estado, ya no politizarlo, tenemos que poner el ejemplo de que esto ya no se use como una amenaza electoral, que se discuta desde las personas a las que buscamos beneficiar, de las víctimas, desde una perspectiva más seria”, menciona la candidata a diputada por Nuestro Tiempo, Leonor Selva.
Una de las dificultades que las poblaciones LGBTI+ viven a diario, además de la discriminación, es no tener las mismas prestaciones sociales que tienen parejas heterosexuales, como derechos de herencia y cobertura de seguros de salud. La plataforma de Nuestro Tiempo, dentro de las propuestas de derechos humanos, incluye un apartado común entre partidos políticos, donde se comprometen a reconocer a la familia como base de la sociedad. Sin embargo, a esto le suman el garantizar la libertad de elegir con quien convivir y asegurar los derechos civiles que esto conlleva.
El primer candidato a diputado abiertamente gay por Nuestro Tiempo, Erick Iván Ortiz, considera necesaria la creación de tres leyes que beneficien directamente a las personas LGBTI+. La primera, una ley Especial contra la discriminación que no se reduzca a un decreto como se ha hecho anteriormente; también una ley de Identidad de Género y otra ley que permita el matrimonio igualitario.
Erick Iván Ortiz también pertenece a la Federación LGBTI El Salvador FESLGBTI, esto se le ha permitido porque aunque sea candidato a un cargo público, no ha solicitado votos a su favor dentro de la Federación, según lo manifiesta el director ejecutivo de la Asociación Entre Amigos LGBTI, William Hernández. A cuatro días de las elecciones, la FESLGBTI, junto al Grupo Parlamentario de Jóvenes, presentaron el Anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación (LEID) a la Asamblea Legislativa, con el objetivo principal de promover la igualdad y equidad entre las personas.
Otros partidos que ya ocupan cargos públicos como Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a pesar de considerar en su plataforma la mejora de condiciones de vida de las mujeres, no han contemplado propuestas para las poblaciones LGBTI+. “Todo el tema de derechos humanos lo trabajamos de manera transversal, el respeto a los derechos de las personas LGBTI+ y de otros sectores vulnerables es consustancial al tema de la igualdad y democracia. En ese sentido nosotros no hacemos distinción en los derechos humanos”, afirma el candidato a diputado por este partido, René Portillo Cuadra.
Para un sector de la población salvadoreña, los resultados de las elecciones del 28 de febrero parecen claros, según las encuestas. Los candidatos con mayor apoyo son quienes pertenecen a Nuevas Ideas, partido creado por el presidente Nayib Bukele, que dice ser “sin ideología” y “sin pasado político”. Y aunque desde sus inicios el actual gobierno de Nayib Bukele se proyectó como “sin ideología”, sus acciones han reafirmado patrones de intolerancia y exclusión, practicados tradicionalmente por anteriores mandatarios. Durante la pandemia los asesinatos por odio aumentaron y las acciones violentas ejecutadas por los militares hacia personas LGBTI+ fueron una constante. Las temáticas de género y orientación sexual no han sido incorporadas en las propuestas del partido Nuevas Ideas, pues enfocaron su campaña y futuro trabajo en dar un apoyo absoluto y obediente al presidente.
Nuevas Ideas mantiene una coalición con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que desde el comienzo de su campaña en 2021 se autodenominó como “el partido de la golondrina” y no por su nombre original. Dicha alianza surgió a partir de la ayuda brindada por GANA al actual presidente, durante las elecciones presidenciales del 2019, para que éste participara con la bandera de este partido político ya formado.
El jefe de la fracción de GANA en la Asamblea Legislativa, Guadalupe Vásquez, es tajante al responder por qué no incluyeron propuestas para la comunidad LGBTI+: “Nosotros somos abanderados de la democracia. Nosotros estamos en contra del aborto, estamos en contra también del matrimonio del mismo sexo. Las personas LGBTI+ tienen derecho a existir, para nosotros no deben ser castigados, pero para nosotros es un segmento de la población que tiene sus derechos pero que no puede estar violando una Constitución que establece los parámetros ya establecidos”.
Sin mucha diferencia opina el candidato a diputado por Nuevas Ideas en el departamento de San Salvador, Erick García: “Nuestra Constitución de la República establece que todos somos iguales sin distinción de sexo y religión o raza, vamos a trabajar para que cada uno de nuestros salvadoreños sea dignificado en nuestro país”.
De las declaraciones de estos políticos se desprende que las propuestas específicas para las personas LGBTI+ no existen en las plataformas legislativas de ambos partidos de Gobierno. Nuevas Ideas realizó un evento donde presentó su plataforma, pero hasta la fecha no ha publicado el documento en sus sitio oficial.
Las organizaciones perciben retrocesos
El conservadurismo político ha limitado procesos de cambio. Por eso las organizaciones continúan insistiendo en promover y concientizar al Estado sobre las causas que defienden a las personas vulneradas en el país. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha sido una de ellas desde 1988. Son pocos los avances que en términos de inclusión se han observado en El Salvador. Reconocen que gracias a otras organizaciones, la participación de personas LGBTI+ en espacios públicos ha sido más notoria, pero el respaldo legal para la comunidad continúa ausente.
“Desde el Estado se perciben pocos cambios positivos a favor de esta población, aún existen vacíos legales que impiden proteger y responder de manera afirmativa a las personas LGTBI+, aunque instituciones como el Ministerio de Justicia tienen en su normativa interna una política de atención dirigida a esta población, se desconoce si actualmente la están aplicando”, comenta la abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, Kerlin Belloso.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) incluyó a 14 personas LGBTI+ en las capacitaciones destinadas a quienes integrarán las 8,451 Juntas Receptoras de Votos. Ellos instruyeron a los miembros de las mesas para evitar tratos discriminatorios cuando la ciudadanía se acerque a las urnas a emitir el sufragio. A partir de estas jornadas formativas, esperan que en las elecciones del 28 de febrero el ambiente se mantenga libre de discriminación. En teoría, no se le negará el voto a ninguna persona, aunque su fotografía de DUI no coincida con su apariencia física.
Pero la abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, Kerlin Belloso, menciona una limitante más grande: “Con el actual gobierno se han cerrado algunas mesas de trabajo que a nivel del órgano Ejecutivo existían y tenían participación las personas LGBTI+. A nivel legislativo el único avance han sido las reformas a los artículos 129 y 155 del Código Penal, que consiste en introducir agravantes a los delitos de homicidios y amenazas cuando sea promovido por motivos de identidad y expresión de género u orientación sexual”, señala.
Las poblaciones LGBTI+, además de enfrentarse a una sociedad violenta y percibir un gobierno continuista, carecen de la representación mínima gubernamental que hasta 2019 tenían a través de la Secretaría de Inclusión Social.
“Realmente no podemos hablar de un apoyo de alguien que deshizo el único ente de gobierno que había, para darle respuesta y seguimiento a las poblaciones vulnerables y a estos temas, como lo era la Secretaría de Inclusión Social. Y ahora nuestra Dirección de Diversidad Sexual está arrinconada en una Unidad de Género y Diversidad con el Ministerio de Cultura”, expresa la técnica del Departamento de Formación y Educación COMCAVIS TRANS, Amalia Leiva.
Una historia de exclusión
Los atropellos a los derechos de las poblaciones LGBTI+ se han mantenido en la lista de problemáticas que los gobiernos de El Salvador no han resuelto. La falta de reconocimiento legal invisibiliza realidades, como los 500 asesinatos de esta población entre 1999 y 2016. Y, pese a que los hechos evidencian que en algunos casos se trató de crímenes de odio por la orientación sexual o identidad de género, existen nombres de víctimas registradas solamente como homicidios.
Las luchas y movimientos en defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI+ se han desarrollado públicamente desde 1997, cuando alrededor de 200 personas marcharon por primera vez en las calles de San Salvador. La Marcha del Orgullo Gay ha generado críticas cada 27 de junio, año tras año. Las discriminación por orientación sexual y/o identidad de género de una persona, en términos legales, estaba prohibido por el Decreto Ejecutivo número 56 desde el 2010, sin embargo, en 2019 el presidente Bukele lo dejó sin efecto.
“Hay leyes fundamentales que son los derechos humanos y El Salvador los tiene suscritos. La Constitución mantiene los derechos humanos, nos defienden a todas las personas, así que no es que no existan leyes que nos acuerpen, es que no existen leyes específicas para esas desigualdades que se generan en la sociedad”, analiza la historiadora Josefa Viegas.
No hay un dato oficial de la cantidad de personas LGBTI+ que han participado o están participando en las elecciones, ni como candidatos ni como votantes. Ningún partido político, ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuentan con estos datos, debido a que es información personal y los Art. 160 y 165 del Código Electoral no piden como requisito un documento donde los candidatos compartan su orientación sexual o identidad de género.
Alejandra sabe que el trabajo no culmina con la aprobación de su candidatura. En un país carente de parámetros legales de inclusión, la candidata es consciente del rechazo que puede recibir de algunas personas que no aceptan a quien defienda su expresión de género. «Sí, evidentemente, como en todos los espacios sociales, hemos recibido discriminación, en algunos momentos por miedo, algunos compañeros piensan que estas candidaturas pueden afectar al instrumento politico. Y es bien gracioso porque en vez de pensar cuánto han afectado las imposiciones o los «planillazos» al instrumento político, piensan que una persona que viene del movimiento social, que representa a una lucha histórica, puede afectar al instrumento político de las luchas históricas», agrega Alejandra.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina
