El Salvador camina hacia el Derecho Penal Autoritario dice abogada penalista
El Salvador camina hacia el Derecho Penal autoritario dice abogada penalista
La Asamblea Legislativa, con la mayor correlación numérica de diputados por el partido de Nuevas Ideas, destituyó en 2021 a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En 2022, a partir de este desequilibrio de poderes, las destituciones continúan, en este caso con jueces y fiscales.
Por Andrea Escobar y Alejandra Alvarado
El traslado de la jueza Gladys Margarita Salgado Amaya del tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador al juzgado de Paz de Panchimalco representó un “acto de represalia de los operadores políticos del régimen contra la independencia de la judicatura”, así lo afirmó el juez de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, Juan Antonio Durán.
La jueza Salgado, quien ejerció como jueza hasta el 23 de diciembre de 2021 en el Tribunal Sexto de Sentencia, fue removida de su cargo y enviada a una sede judicial en Panchimalco. Debido a que no admitió la demanda de difamación interpuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Jeannette Aguilar, ya que no reunía los requisitos establecidos en la ley.
Sin embargo, fue hasta principios del año 2022 que dicha resolución fue el punto de partida para que abogados penalistas argumentaran que el traslado de la jueza era una forma de incrementar el autoritarismo en el órgano judicial. La abogada Marcela Galeas señaló el 5 de enero de 2022 a través de sus redes sociales que para dicha acusación, se debía de cumplir ciertos elementos objetivos y subjetivos del delito y ninguno percibe en el tuit que escribió Aguilar y por el cuál fue acusada.
En respuesta a lo ocurrido con la jueza, Galeas, a través de su perfil de Twitter declaró que ante el accionar del sistema de justicia penal en el país, se está abriendo paso al Derecho Penal Autoritario.
Ante esta postura también el juez Antonio Durán, afirmó ante medios de comunicación que el traslado de la jueza Gladys Margarita Salgado es una represalia por haber rechazado la demanda que interpuso la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, en contra de la investigadora Jeannette Aguilar.
«Es una clara violación a la independencia de la jueza, es una represalia y además es un mensaje de intimidación en contra del resto de jueces independientes. Lo que se pretende es someter a la judicatura independiente, se pretende amedrentar y, por lo tanto, elevamos nuestra enérgica protesta y censura», argumentó Durán, quien también fue parte de los jueces trasladados el 2021 después de haber condenado la destitución de la Sala de lo Constitucional y la reforma para la remoción masiva de jueces.
Durán explicó que Salgado era la suplente de Sergio Luis Rivera en el Tribunal Sexto de Sentencia, quien fue nombrado para el periodo 2015-2024, por lo que la jueza debió permanecer en el puesto durante ese tiempo. Sin embargo, la Corte Plena aprobó el 23 de diciembre trasladarla a la sede judicial de Panchimalco.
Anabel Belloso, diputada del FMLN, señala que el traslado de la jueza Salgado es una acción más que forma parte de una cadena de hechos que muestran que hay una manipulación del órgano judicial a todo nivel, incluso a través de diferentes acciones y reformas de marcos legales como la Ley de Carrera Judicial, ya que para Belloso hay una intromisión y control por parte de quien hoy gobierna.
Para la diputada el comentario hecho por la investigadora no tiene nada que ver con la difamación. “Fue de conocimiento público como se dio la situación. El que la jueza fuese movida inmediatamente luego de no admitir la demanda, se nota a todas luces que es una respuesta ante no cumplir con el capricho de alguien ligado al oficialismo” mencionó en una entrevista para Comunica.
Hay procesos en la depuración o separación de su cargo sobre base justificada, según explicó Belloso. Para la diputada el procedimiento que se le ha aplicado a la jueza Salgado no sucede de la noche a la mañana, sino que se debe tener la justificación para trasladar o destituir a un funcionario que no está acorde de lo que mandata su cargo.
“Hoy quien está en el control de esto no hace que se garantice los debidos procesos” aseguró Belloso. La diputada explicó que hay procesos que deben seguirse bajo causales justificadas, pero que hay muchas personas que siguen una agenda del régimen que gobierna que no están velando por derechos e intereses de la población, esto incluyendo a sus propios funcionarios.
Cuando hay un funcionario que de manera valiente todavía defiende la imparcialidad y la aplicación de justicia, como en el caso de la jueza, está propenso a que le caiga todo el peso de la maquinaria para separarla, según Belloso. “No aceptan que haya voces que defiendan la legalidad del debido proceso, porque ellos lo atropella”.
Belloso señala que son pocos los funcionarios que aún mantienen vocería activa en denuncia del régimen por todos los abusos de poder. “Ella no ha dicho nada respecto al caso, son los temores que existen. Tenemos familia y en un contexto como el actual hay riesgos y quien tiene el valor de decir las cosas sabe que pueden haber consecuencias”.
Para la diputada hay claras señales de la instauración de un régimen autoritario donde el abuso de poder es permanente. El actual gobierno ha tomado control de la constitucionalidad, desde la asamblea legislativa teniendo una correlación numérica más allá de los límites. Belloso señaló que la fiscalía, el Concejo Nacional de Judicatura e incluso el tribunal han dado mensajes de abuso o muestras de concentración de poder. “Ha desaparecido la institucionalidad, que no era perfecta, pero venía en ese proceso”
Esta remoción, según Belloso, ha sido de manera arbitraria en respuesta a la magistrada de no seguir un juego que no tiene argumentos legales para proceder una denuncia. Hasta el momento la jueza no ha presentado declaraciones al respecto de su traslado a Panchimalco.
