Comunidades exigen al Estado justicia para las hermanas Serrano-Cruz
Después de 41 años, las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos siguen en busca de justicia en el caso de la masacre de “la Guinda de Mayo» de 1982.
Por Consuelo Villacorta
Cada mes de mayo familiares y organizaciones sociales realizan un evento conmemorativo por el aniversario de la masacre conocida como la «Guinda de Mayo». El suceso que tuvo como victimarios a los batallones militares Ramón Belloso y Atlacatl, desplegados a finales de mayo y principios de junio de 1982, en la zona nororiente del departamento de Chalatenango. Durante esta operación, se produjo la desaparición de numerosos niños y niñas, entre ellos las hermanas Serrano Cruz, cuyo caso llevó a una condena del Estado de El Salvador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el año 2005.
La conmemoración del pasado 20 de mayo sirvió como un recordatorio doloroso pero necesario de las vidas perdidas y las familias afectadas por los trágicos sucesos de aquellos días oscuros. La marcha reunió a un grupo diverso de personas, incluyendo activistas de derechos humanos, organizaciones civiles y familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia y rendición de cuentas por estos crímenes atroces.
Durante el evento conmemorativo hubo discursos emotivos y se recordó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Asimismo, se resaltó la necesidad de continuar luchando por la verdad y la justicia, buscando reparar el daño causado a las víctimas y sus familias. La condena al Estado de El Salvador por parte de la CIDH en el caso de las hermanas Serrano Cruz es un hito importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de la «Guinda de Mayo».
Esta sentencia reafirma la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos y destaca la importancia de esclarecer los crímenes cometidos durante aquellos días de violencia y represión. Existen tres sentencias internacionales contra el Estado salvadoreño por casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado interno, y casi una decena de sentencias constitucionales a nivel nacional.
En el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la operación militar la Guinda de mayo, la Asociación Pro Búsqueda presentó un balance sobre las investigaciones llevadas a cabo por el Estado en relación a la desaparición de niñas y niños durante el conflicto armado. La falta de acción efectiva por parte del Estado en este tema es motivo de preocupación y genera un profundo dolor para las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. La impunidad y la falta de rendición de cuentas socavan la confianza en el sistema de justicia y perpetúan el sufrimiento de quienes continúan buscando respuestas y justicia.
Pro Búsqueda hace un llamado a las autoridades competentes para que intensifiquen los esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Además, insta al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la debida diligencia en las investigaciones, la identificación de los responsables y la reparación integral a las víctimas y sus familias.
Dentro de los aspectos que destacó el informe de Pro Búsqueda está que el Estado debe cumplir con las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Subrayan que no ha existido voluntad de investigar. También se mencionó que hay tres sentencias sobre niñez desaparecida a nivel latinoamericano y que el Estado salvadoreño sigue faltando a su responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, por lo que queda como un violentador por omisión.
Algunas víctimas siguen en fosas comunes
María Celia Menjivar, una residente de Los Amates, rememora con profundo dolor la trágica pérdida de sus padres y tíos durante la masacre conocida como la Guinda de Mayo. Sin embargo, lo que más la afecta es saber que sus seres queridos descansan en una fosa común. A pesar de las adversidades, María tuvo la fortuna de rescatar de la matanza a sus siete hijos, algunos tuvieron que nadar a través del río Sumpul, mientras que los más pequeños fueron llevados por su esposo.
María destaca que, después de algunos años, comenzó a recibir un modesto estímulo mensual de $50 dólares por parte del Estado. Aunque esta ayuda le resulta valiosa, no compensa el hecho de haber perdido a sus familiares. Cada año, ella asiste a la conmemoración de esta catástrofe, recordando que muchos otros casos de madres que perdieron a sus hijos siguen sin encontrar justicia y no tuvieron la misma suerte que ella y su esposo.
Francisco Hernández, procedente del departamento de Cabañas, relata su experiencia vivida en la década de los 80’s, cuando se encontraba en el territorio donde tuvo lugar la masacre de Mayo. En aquel entonces, Francisco decidió establecerse en esta zona junto a su esposa para estar cerca de su abuela y los tres hijos de ella. Cuando el ataque comenzó, Francisco y su esposa lograron escapar, pero su abuela y sus hijos no corrieron con la misma suerte. Quedaron atrapados al otro lado del río y nunca más volvieron a ser vistos.
Dentro del acto de conmemoración, uno de los momentos más significativos fue la ceremonia de lanzamiento de flores al río Sumpul, que buscaba otorgar un nuevo significado a las vidas de las víctimas. Esta emotiva acción tenía como objetivo proporcionar a los sobrevivientes un lugar simbólico donde honrar y recordar a sus seres queridos que no pudieron tener un sepulcro digno y muchos que hasta el día de hoy aún no han sido encontrados.
Las reparaciones ordenadas por la CIDH aún no se han cumplido totalmente y ésta ha constatada la falta de esfuerzos serios por parte de las autoridades para localizar a las víctimas, investigar y juzgar a los responsables de las desapariciones y garantizar el acceso a información militar, administrativa y de cualquier índole, que permita cesar la incertidumbre de las personas que hace décadas buscan a sus familiares.
Por ello Pro Búsqueda insta al ejecutivo a hacer cumplir lo dispuesto por las sentencias constitucionales, administrativas y del sistema interamericano sobre «La Guinda de Mayo»,especialmente en las medidas que tienen que ver con el acceso a archivos militares, reparación y garantías de no repetición. El legislativo debe cumplir su compromiso con las víctimas y retomar el estudio sobre las propuestas de la sociedad civil sobre la Ley de Justicia Transicional y del Banco Nacional de Perfiles Genéticos.
También pide al Órgano Judicial hacer valer su independencia, así como a agilizar las investigaciones de casos del conflicto armado como lo ha ordenado la Corte Interamericana y le establece la Constitución, así como a analizar y promover las diligencias para superar la fase de instrucción en la que se encuentra el caso de las hermanitas Serrano Cruz. Y que la Fiscalía General de la República continúe investigando para que descarguen a las víctimas de la responsabilidad de la búsqueda, lo cual implica superar las barreras que han mantenido impunes a los responsables de los hechos, dando así paz a las familias a partir del conocimiento de la verdad.
Otros casos sin resolver o en proceso
El conflicto armado se saldó con la cifra oficial de 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasaron más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran investigar y juzgar.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, «el 24 de marzo de 1980 el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, fue asesinado cuando oficiaba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia». El asesinato es atribuido al mayor Roberto D’Aubuison, fundador de la derechista ARENA. El 16 de noviembre de 1989, miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada ordenaron el asesinato de los jesuitas de la UCA. Elementos del Batallón Atlacat ejecutaron el asesinato de los seis sacerdotes, una empleada y su hija, «e intentaron dejar evidencia que falsamente implicaba en el hecho a los rebeldes FMLN», explica el informe de la Comisión de la Verdad.
Otro de los casos que sigue impune es el de la masacre de cinco personas ocurrida en el cantón San Andrés, San Miguel, en 1981. La Fiscalía General de la República presentó la acusación en contra de cuatro ex militares señalados del homicidio: José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavidez Polío, José de la Cruz Orellana Iglesias y Ángel Anibal Alvarado Benítez, este último conocido como “El Chele Aníbal”, quien está prófugo. Pero el 15 de mayo de 2023 se suspendió el inicio del juicio contra este grupo.
David Morales, abogado de la organización humanitaria Cristosal dijo que «es lamentable este tipo de acciones, pues se va dilatando la Justicia. La labor de la defensa fundamentalmente es tratar de demostrar la inocencia de sus clientes, pero este tipo de situaciones lo que hacen es simplemente dilatar y revictimizar a las personas familiares (de las víctimas)».
Morales lamentó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele bloquee el acceso a los archivos militares, lo que ha generado que otros casos, como los de las grandes masacres, se vayan estancando. Agregó que este juicio, del que no se conoce la nueva fecha para su inicio, «estaría sentando el primer precedente de justicia en un crimen de guerra en El Salvador».
