Proyectos Valle del Ángel y Kalamanda amenazan al medio ambiente
Organizaciones sociales y ambientalistas expresan su preocupación por la pérdida de recursos naturales, agua y vivienda en Apopa y Nuevo Cuscatlán.
Por Consuelo Villacorta
Organizaciones sociales, ambientalistas, comunales, pueblos originarios e iglesias de El Salvador participaron este mes en la XXIII Caminata Ecológica, en San Salvador, cuya finalidad fue llevar a Casa Presidencial una serie de demandas encaminadas a resguardar los recursos naturales.
Los organizadores y participantes de esta marcha, desarrollada en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, buscan concientizar tanto a las autoridades como a la población en general sobre la urgencia de proteger los valiosos recursos ecológicos del país y, además, instan a que se asuman compromisos concretos para implementar medidas efectivas que permitan hacer frente a los desafíos ambientales en la región.
Exigen también elevar a rango constitucional los derechos al agua y la alimentación, mantener la prohibición de la minería metálica, dado que la evidencia científica demuestra que nuestro territorio no tiene las condiciones para la explotación minera. Además, piden que se tomen acciones frente a la crisis climática, entre éstas que se implemente la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con enfoque ecofeminista.
Asimismo, garantizar el derecho a la alimentación de la población y la soberanía alimentaria, reconociendo el rol de las mujeres productoras. Además, el reconocimiento y protección de las personas defensoras ambientales, a través de la ratificación de pactos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Las diversas organizaciones involucradas en esta iniciativa confían en que sus demandas serán escuchadas atentamente por el Gobierno, con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y la dignidad humana.
Dalia González, representante de la organización RE VERDES, advierte sobre el arduo desafío que enfrenta El Salvador para combatir el Cambio Climático. Aunque el país no se encuentra entre los principales generadores de gases de efecto invernadero, sí está entre los más afectados. Por esta razón, resulta de vital importancia preservar los escasos recursos naturales de El Salvador.
González enfatiza la necesidad de implementar medidas contundentes, entre ellas la detención de todos los permisos ambientales para proyectos urbanísticos. Es imperativo tomar acción en este sentido, con el objetivo de garantizar la protección del entorno natural y mitigar los efectos adversos del cambio climático en el país, agrega.
Valle del Angel, una amenaza para el agua
Este proyecto urbanístico de la familia Dueñas busca urbanizar 228 hectáreas de terreno, construyendo allí la Ciudad Valle El Ángel, sobre una zona de recarga acuífera, que proporciona agua a San Salvador.
El proyecto se levantará en la prolongación del bulevar Constitución, en las cercanías del redondel Integración. En el lugar se proyectan 3,500 lotes para vivienda, 3,000 apartamentos en edificios de 3 pisos, restaurantes, centros comerciales, hoteles, hospitales, escuelas y una terminal de buses.
Pero además, la zona es afectada por la construcción del paso a desnivel del redondel Integración, el cual es parte del Plan Maestro Movilidad y lo ejecuta la Constructora Meco, S.A, de origen costarricense.
La empresa está destruyendo la recarga hídrica del río Chacalapa que está en la finca Apachulco, en el municipio de Apopa. Según la zonificación ambiental de la región noroccidental de San Salvador, los usos de esta loma, que las comunidades conocen como “el bordo de la entrada al río Chacalapa”, deberían de ser para restauración, aprovechamiento y máxima protección.
Las ambientalistas señalan que los mencionados proyectos amenazan los mantos acuíferos en la zona, lo que estaría llevando a perder la disponibilidad de agua potable para 21 comunidades del municipio de Apopa y para el Área Metropolitana de San Salvador, al urbanizar un territorio se disminuye la infiltración de aguas lluvias, esto reduce la renovación del manto acuífero y minimiza la disponibilidad de agua.
Kalamanda ahora es Portales del Bosque
En las fincas Suiza, Esmeralda y Santa Elena, del municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, se ubican los terrenos del megaproyecto urbanístico Kalamanda, comercialmente conocido como Portales del Bosque. La nueva ciudad ha recibido el apoyo de diversas instituciones del Estado salvadoreño, beneficiando a un grupo de empresas de gran poder económico e influencia política.
Más de 200 hectáreas de bosque se ven afectadas por el proyecto urbanístico, la construcción del proyecto amenaza la Cordillera del Bálsamo, una de las últimas reservas naturales y de recarga hídrica que le quedan a El Salvador. La fase uno del proyecto urbanístico Kalamanda consiste en la construcción de 60 viviendas unifamiliares y 39 apartamentos. Además, de otras fases que incluyen la construcción de áreas de comercio, usos mixtos y un sistema de calles que conectarán a la residencial con las principales carreteras de la zona.
Los habitantes no solo están preocupados por los recursos naturales y el agua, sino por la amenaza de desalojo que les ha hecho la empresa constructora. Según una de las habitantes, la empresa les ofrece vivienda en Rosario de Mora; sin embargo, no están de acuerdo por su seguridad y porque los terrenos no cuentan con los servicios básicos para una vivienda digna.
Eran alrededor de 50 familias las que habitaban donde se construye el proyecto urbanístico Kalamanda. Algunas familias aceptaron irse para Rosario de Mora, quedando solo alrededor de 10 familias habitando en la finca Santa Elena, por lo que piden que se respete su derecho a una vivienda digna y que no se les prive de su hogar.
