Privatización hídrica vulnera a los salvadoreños
El Rio Lempa es el principal afluente del país, sin embargo posee altos niveles de contaminación. /Foto por Serafín Valencia.
Privatización hídrica vulnera a los salvadoreños
El 18 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta de ley, donde se permite la conformación del ente rector del agua dominado por el sector privado. Sin embargo, el jueves 21 del mismo mes, los diputados decidieron dejarlo sin efecto y comenzar de nuevo desde cero.
Por Pamela Gámez
El debate sobre la posible privatización del agua ha provocado reacciones negativas en diversos sectores de la población salvadoreña. Algunos destacan las deficiencias de la administración del agua por parte del Estado, lo que afecta a sectores principalmente pobres.
Ana de Fernández reside en la colonia Las Colinas, situada en el municipio de Santa Tecla. Ella sufre escasez de agua desde hace 20 años, y la situación empeoró con la construcción de más residenciales a su alrededor.
Agregó que una de las estrategias que utiliza para abastecerse de agua es llenar completamente la pila, los barriles, los recipientes de agua. En ocasiones han pasado largos periodos sin agua y no poseen una cisterna para abastecerse mejor.
Ante el debate de la privatización, la señora de Fernández dijo que “tenemos que tener agua todos. Como la tengamos no importa, pero que tengamos agua. Porque todos tenemos derecho al vital líquido”.
La propuesta de la Ley General del Agua, impulsada por la sociedad civil incluyendo la UCA, plantea en el artículo 14 que el ente rector debe tener representación de todos los sectores, pero con mayoría de entidades del Estado. No obstante, en la propuesta que fue aprobada el 18 de marzo, se planteaba un ente rector dominado por privados.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, opina que esta propuesta es privatizadora porque va contra el Estado y, asimismo, lo deja en minoría, dando mayor participación al sector privado. “Nunca un ente rector que no sea el Estado va a reconocer un derecho humano para toda la población. Esta composición deja en desventaja al Estado”, dijo Serrano.
Además, Serrano mencionó que otra de las consecuencias que surgiría al privatizar el agua, serían los conflictos de interés que se darían al permitir que el sector privado tuviera incidencia en las leyes que administren el recurso hídrico. “Mientras planteen que en el ente rector estén gremiales empresariales, vamos a reaccionar, porque no se puede ser juez y parte, no se puede ser usuario y tomar decisiones sobre la regulación, eso se llama conflicto de intereses”, concluyó.
Por su parte, Andrés McKinley, experto en agua y minería, expresó que “la institucionalidad dominada por la empresa privada, más que todo, implica para el pueblo salvadoreño que las decisiones que se toman sobre el agua y el buen manejo va a priorizar los interés de la gran empresa”.
Según autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, más del 85% de la población salvadoreña se ve beneficiada por el subsidio al agua potable que proporciona el Gobierno. Es decir, que al privatizar, el costo del preciado líquido aumentaría para toda la población, ya que se eliminaría el subsidio. En consecuencia, parte de los ciudadanos que no puedan asumir con los precios, se privarán del recurso.
Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor CDC, opinó que se debe subir a rango constitucional el derecho humano al agua. “En pocos años estaremos sin agua, esto es de vida o muerte, no podemos estar acá pensando en privatizar. Si en realidad queremos avanzar en el tema del agua empecemos a pensar en proyectos, programas, políticas que garanticen el agua”, concluyó Pérez.
