Educación en la primera infancia, clave para el pensamiento crítico
Educación en la primera infancia, clave para el pensamiento crítico
Un estudio sobre la formación en la primera infancia presentado por la fundación EDUCO, refleja que la educación en esa etapa es fundamental y se debe fortalecer a través de políticas públicas. Estas políticas deben de estar enfocadas en el desarrollo integral la niñez.
Por Tania Ortiz y Pamela Jiménez
La primera infancia está contemplada entre los 0 a los 8 años de vida del ser humano, sin embargo, las políticas públicas empleadas en los países de América Latina para atender la formación de esta población, están enfocadas solamente en las edades de 5 a 8 años, dejando a un lado los primeros años de vida, refleja una investigación realizada por varias organizaciones en América Latina.
La investigación “El Derecho a la Educación en la Primera Infancia en América Latina y el Caribe”, fue realizada por la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la fundación Educación y Cooperación EDUCO, y busca conocer qué tanto las políticas públicas de los países de América Latina como México, Cuba, El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros, están enfocados en los derechos de la infancia.
Para alcanzar la garantía del derecho a la educación para los niños y niñas en su primeros años de vida, se debe plasmar el pleno reconocimiento a través de las legislaciones y políticas públicas, así como también mecanismos legales que permitan la protección de intereses, derechos y la reparación en casos de vulnerabilidad, señala el estudio.
En la mayoría de países analizados la educación está marcada por las desigualdades sociales que se dan en las diferentes naciones latinoamericanas. “La educación se convierte en un privilegio no en un derecho”, señala el estudio.
Blanca Rosa Vásquez, profesora de Educación Parvularia, compartió que existen retos que se deben enfrentar para mejorar el aprendizaje y la protección de los derechos a la educación de los niños y niñas. Ella explica que en la etapa de la primera infancia se desarrolla entre el 60 y el 70 por ciento las capacidades de los individuos. Por tanto, el Estado debe apostarle a la atención en estas edades, para lograr que los niños al llegar a su adultez, se les haga mucho más factible desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la aplicación de los valores inculcados.
Vásquez opina que los niños que no tienen acceso a la educación en esta fase, entran con desventajas a las escuelas y, además, muchas veces, no logran concluir sus estudios universitarios.
Además, sostiene que el país necesita tener un cambio estructura del sistema educativo. Para ello, propone que en las escuelas se implemente una nueva metodología en donde los alumnos puedan trabajar en proyectos interdisciplinarios, que les permita desarrollar la capacidad de resolver problemas aplicando todas las disciplinas (matemáticas, lenguaje, sociales, etc.), ya que en el mundo real, las disciplinas se ven en conjunto y no segmentadas como se enseñan en las escuelas.
Por último, Vásquez mencionó que en El Salvador y los demás países, los sistemas educativos están enfocados en los contenidos que se presentan, y no en el aprendizaje. “Están tan cargados los programas de contenidos, que no piensan en función de las competencias o de lo que requerirán los chicos para vivir, para enfrentarse a los problemas cotidianos de las vida”, reflexiona la profesora.
El Salvador posee un Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, la cual es asumida por el Estado y las municipalidades. Hasta agosto de 2018 un informe del Ministerio de Educación daba cuenta de un incremento en la atención integral de infantes de 0 a 3 años, pasando del 1.4% en 2014 al 5.1% en 2017.
El informe regional presentado hace ocho recomendaciones que van desde la implementación de políticas públicas claras, programas que impulsen los primeros años de vida del infante, reconocimiento al educador con una remuneración justa, y el fortalecimiento de los mecanismos efectivos de acceso a la justicia, que aseguren protección y reparación de los derechos violados a la infancia.
