Ley de Reconciliación Nacional plantea trabajo comunitario por cárcel

Natalia Gómez
Natalia Gómez

Ley de Reconciliación Nacional propone trabajo comunitario por cárcel

El proyecto de Ley de Reconciliación Nacional elaborado por la Asamblea Legislativa plantea sustituir la pena de cárcel por trabajos comunitarios a toda persona que pida perdón por los crímenes de guerra cometidos  y ayude a la justicia en muchos casos sin resolver

En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la paz de 1993. Foto por Comunica

Por Andrea Escobar y Enrique Rubio

La propuesta de Ley de Reconciliación Nacional elaborada por la Asamblea Legislativa plantea en el apartado “Reparación Integral de las Víctimas y del Régimen del Perdón” que, en presencia de graves hechos se privilegiará la reparación integral de las víctimas, sin perjuicio de la sanción a quienes resultaren responsables de los mismos, y añade que, para los efectos sancionatorios en el marco de esta ley, se establezca como pena principal alternativa a la prisión, los trabajos de utilidad pública realizados por un periodo de uno a siete años, según la gravedad de los hechos.

Según el abogado Ovidio González, la Asamblea Legislativa tiene que cumplir con la emisión de una Ley de Reconciliación Nacional pero que no tenga que ir en el mismo sentido de la Ley de Amnistía, sino que vea otros parámetros internacionales sobre derechos humanos y que se haga tomando en cuenta primordialmente la posición de las víctimas de esos hechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las leyes de amnistía deben “tratar de que a las víctimas se les proteja el derecho de justicia que tienen, que los autores de los hechos sean juzgados de acuerdo a la ley, que a las víctimas se les prepare para conocer la verdad de lo que ocurrió con sus familiares y que también se les proteja en el sentido de que se les dé una reparación integral, no solo pecuniaria sino todo tipo de situaciones”, mencionó González.

Agrega que “no se puede restaurar el derecho violentado de ninguna manera, se habla de una justicia restaurativa que a veces puede significar solo el perdón y eso no es realmente hacer justicia, no le está dando la sanción que se merecen y eso pone en juego la proporcionalidad de la pena. “El proyecto de la Asamblea dicta que se les penalizará con uno a tres años de cárcel y se puede salir bajo alguna medida y no pagar ninguna sanción, ellos se están burlando de la justicia”, finalizó.

Mientras tanto el abogado Wilfredo Medrano agrega que El Salvador quedaría “mal parado” si se aprueba lo planteado en el proyecto de ley. Insiste en que todo ciudadano que cometió delitos, sin importar edad, tiene que ser juzgado y sentenciado según la ley penal y no motivar un cambio de mecanismo, ya que en su opinión, un servicio comunitario no es un castigo apropiado a la categoría del delito cometido”.

Según Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el proyecto de ley de los diputados tiene elementos positivos hacia la reparación de las víctimas y avances sobre justicia, sin embargo, todavía hay elementos preocupantes que podrían obstaculizar la justicia y hacer ineficiente la reparación. Agrega, que si bien es cierto la última versión de la ley presentada por los diputados ya incluye el componente de  prisión como castigo, todavía hace falta ver que el proceso de investigación sea diligente y efectivo para imponer la sanción correspondiente.

Los datos oficiales dan cuanta de más de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño. / Foto por Comunica.

El capitán de la Fuerza Armada, José Valladares, repite la postura de los militares que esta Ley de Reconciliación busca abrir las heridas que tiene el pueblo salvadoreño. Valladares considera que a nadie le conviene, porque ambos bandos están en la misma situación por las masacres cometidas; no niega que la Fuerza Armada haya cometido crímenes, pero no es la responsable de todos los hechos cometidos. Valladares cree que en la Asamblea Legislativa “le están dando mucha larga (al proyecto de ley) y poco a poco va ir quedando en el olvido”. 

Alfredo Rivera, miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) asegura que en el transcurso de la guerra hubo población indígena afectada directamente, por ejemplo: en Las Hojas, Sonsonate. Esos casos no pueden quedar sin investigación y a la vez insiste en que los indígenas nunca se les tomó en cuenta en los Acuerdos de Paz. 

Observa que las nuevas propuestas de amnistía no cubren en su totalidad a las poblaciones indígenas. Considera que se deberían nivelar los estándares de derechos para todos. El miedo por parte de los pueblos originarios es que no haya ningún tipo de mecanismo que respalde a los pueblos indígenas.

La Sala de lo Constitucional autorizó una nueva nueva prórroga, por lo que la Asamblea Legislativa tiene hasta el 28 de febrero de 2020 para aprobar la Ley de Reconciliación Nacional, siendo la segunda vez que la Sala da plazos para aprobar dicha ley, ya que requiere de debates públicos y que cumpla con los parámetros planteados por el Órgano Judicial.

Share this Article
Leave a comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.