Ley de Expropiación de Inmuebles: una ley pensada a favor del ejecutivo

Samuel Carranza
Samuel Carranza

Ley de Expropiación de Inmuebles, una ley pensada a favor del ejecutivo

El artículo 106 de la Constitución permite al Estado expropiar inmuebles que se consideren de “interés social o utilidad pública”, para la ejecución de proyectos de infraestructura.

Esta ley entró en vigencia el 1 de diciembre de 2021, luego de haber tenido dos sesiones de 20 minutos de discusión. Foto tomada de asamblea.gob.sv

Por: Alejandra Alvarado, Tania Ortíz y Andrea Tobar

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que con 63 votos a favor aprobó la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, una ley que permite la expropiación de inmuebles para “obras municipales”.

La  Ley  estipula que “los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública o de interés social y con una justa indemnización”. 

La normativa posee cinco páginas y  cuenta con 12 artículos, los cuales fueron aprobados luego de una discusión de 20 minutos en la Comisión de Legislación del Parlamento.

La diputada por el partido ARENA, Rosy Romero, expresó a un medio televisivo que “La Ley de Expropiaciones viola el derecho a la propiedad. Es peligroso que sea una persona del Ejecutivo la que defina si una propiedad es de interés público y no se haga a través de la Ley”.

Por su parte, la diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, publicó en su red social Twitter las desventajas de esta ley para los salvadoreños. “Esta es una ley que habilita la expropiación; sin embargo, no establece claramente cuáles serán los requisitos que se deben probar en el juicio al que se debe ir para que se declare un bien de interés público y se pueda generar la expropiación”, señaló.

Ortíz agregó que los ciudadanos tendrían que someterse al poder del Estado, interviniendo en sus propiedades, sin tener la oportunidad de ser escuchado en un juicio.

Dina Argueta, diputada del partido FMLN, aseguró en una entrevista para Comunica que la Ley no contiene los parámetros físicos de cómo se realizará el proceso de declaratoria de utilidad pública. De igual forma, no explica los requisitos que se deben cumplir para la expropiación, ni los beneficiarios de la obra a ejecutar y mucho menos una justificación del porqué la obra se realice. 

La diputada agregó que, en caso el juez decida resolver a favor del propietario, no está contemplado en la ley y que es incongruente, ya que no hay procesos que definan qué hacer si está a favor del propietario o qué hacer en los pasos previos a la declaratoria. “No le piden permiso al usuario, la única alternativa que le queda al propietario es buscar una indemnización ya que no puede apelar a la resolución que ya ha emitido el juez”, explicó.

Para Argueta esta Ley le da mayor beneficio al Estado, ya que todo lo que contempla está trabajado y elaborado de acuerdo a los intereses del Ejecutivo, no los intereses de las personas, sin tomar en cuenta los derechos de la población. “Los derechos como a la propiedad o la libertad de la ciudadanía se ven vulnerados, porque la ley está hecha para resolver un problema favorable al Ejecutivo”, dijo.

La ley tampoco contempla un plazo de tiempo en el que la obra comience a ejecutarse. “No dice nada más que, siempre que exista un inmueble en donde es necesario construir una obra, la Dirección de Obras Municipales tendrá que hacer la solicitud de expropiación. Con solo presentar la solicitud se está permitiendo la ejecución de una obra. No se dice plazos ni fecha, el plazo final vendrá después que el perito haya ido a evaluar”, agregó.

“El Ejecutivo necesitaba una Ley especial para que le diera garantía a la Dirección de Obras Municipales, para que también tuviera el poder de decidir en dónde y en qué momento ejecutarán las obras, sin contar con la comunidad y propietarios”, argumentó Argueta. El cuestionamiento está en por qué aprobar una nueva ley teniendo una ya existente. Para la diputada las normativas deben irse actualizando con el tiempo, pero si el fondo era el mismo en esta ley sólo debía actualizarse la anterior.

Argueta hace un llamado a la población para que esté al pendiente de todas las decisiones que se están tomando a favor del Ejecutivo. “Es importante que todos conozcamos  la arbitrariedad de esta ley, porque no sabemos cuándo puede llegar un momento así a alguien que conozcamos o a nuestra familia. No hay garantías de que a la gente que le ha costado tener las escrituras de sus casas en un momento se vean amenazadas”, finalizó la legisladora. 

Share this Article