Víctimas de la masacre El Calabozo llevan 4 décadas esperando justicia
En la conmemoración de los mártires del Calabozo, la comunidad de San Esteban Catarina y otras aledañas brindaron un homenaje a las víctimas de la masacre, cometida por tropas gubernamentales en 1982.
Por Nehemías Navarro
El 22 de agosto de 1982 fueron asesinadas un aproximado de 200 personas en San Esteban Catarina, departamento de San Vicente. Las ejecuciones fueron cometidas en las orillas del río Amatitán, entre las 6 y las 7 de la mañana, según recuerdan algunos sobrevivientes.
Soldados de los batallones de élite del ejército como el Atlacatl, Ramón Belloso y otras unidades militares realizaban un operativo de tierra arrasada, que consistía en matar personas y animales, además de incendiar viviendas que encontraran a su paso.
Los campesinos fueron asesinados porque los militares sospechaban que pertenecían a la guerrilla. Pero las víctimas en su mayoría eran niños, mujeres embarazadas y ancianos, que huían del operativo tratando de salvar la vida.
Los familiares de los masacrados y los sobrevivientes piden que el caso no quede en la impunidad. Aunque después de 32 años de haber puesto la denuncia formal ante los tribunales, no hay avances en las investigaciones y los responsables están muriendo sin rendir cuentas ante las víctimas.
En 1992 fue presentada una denuncia formal pero fue archivada. En 2017 las organizaciones de derechos humanos Cristosal y CPDH tomaron la representación legal de las víctimas y acudieron al Juzgado de Instrucción de San Sebastián, pero no ha existido respuesta.
“Los militares del Batallón Atlacatl vinieron a la zona con un operativo llamado tierra arrasada, que consistía en acabar con todo, ya sea animales o personas. El objetivo de ese operativo era limpiar, pero era imposible limpiar, porque la guerrilla no estaba en esta zona, solo había pobladores” dice Vicente Alvarado, testigo de aquella tragedia.
“Seré claro, aquí perdí a toda mi familia, mi hijo, mi señora, mi suegra y a todos. Yo estaba aquí. Yo pasé 8 días sin probar una hoja, ni una gota de agua. Por allá venían 33 soldados, 33 soldados que nos dijeron que nos iban a llevar a la Cruz Verde, no nos llevaron. Nos robaron todo” relata José Ángel Tiznado, acurrucado en un recodo del rio, donde el grupo de civiles intentaba protegerse.
Los soldados aparecieron por una colina, justo frente al resguardo donde se arremolinaba el grupo. Les ordenaron hacer una fila rio arriba para después ametrallarlos. José Ángel menciona que de puro milagro sobrevivió.
“El agua iba toda roja de la sangre que iba. Allá los quemaron a ellos” relata el anciano, quien recuerda que luego de recibir un balazo en una pierna cayó al agua, donde lo dieron por muerto.
Según Amnistía Internacional, “En las zonas controladas por los rebeldes, el ejército nacional consideraba a todos —campesinos, bebés, mujeres y ancianos— objetivos militares legítimos.
Carolina Constancia, defensora de derechos humanos, afirma que “El caso va mal. Ahorita tenemos muchas cosas en contra, el gobierno dice que las cosas del pasado no son su responsabilidad, el juzgado hace su parte, pero no tiene la potestad de decidir. Hemos presentado testigos, 2 veces. Y nos preocupa, porque los testigos ya son gente que tiene enfermedades, tienen cansancio, estuve hablando con uno de ellos y me dice que ya no quiere seguir, porque no responden, entonces el caso está mal.”
Entre los presuntos responsables que de esa matanza están los generales Guillermo García, ministro de Defensa en ese tiempo, y el general Rafael Bustillo, ex jefe de la Fuerza Aérea; además de otros ya fallecidos como el coronel Sigfrido Ochoa Pérez.
El general García acaba de ser enviado a juicio por el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, por el caso de la emboscada tendida a cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982. Durante su mandato como ministro de defensa fueron ejecutadas más de 40 masacres en todo el país, según datos de las organizaciones de derechos humanos.
