El informe presentado por un panel independiente constituido por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), revela deficiencias en el proceso de selección de magistrados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Por Ana Torres
El informe lo prepararon los juristas Magdalena Correa Henao de Colombia, Jan-Michael Simon de Alemania y Antonio Maldonado de Perú, quienes hicieron énfasis en las fallas del proceso y de las consecuencias que tendrá.
Los juristas internacionales efectuaron un análisis del actual modelo de selección de magistrados y observaron los procedimientos de preselección que están a cargo del Consejo Nacional de Judicatura, CNJ.
“En cuanto al proceso de selección por parte del CNJ, la transparencia y publicidad del proceso de selección, aunque haya mejorado, sigue siendo deficiente en cuanto a los datos utilizados para la evaluación, en particular todos los antecedentes de los y las postulantes, las deliberaciones y el parámetro de medición”, expresó Correa Henao.
“Los procesos del CNJ y el FEDAES (Federación de Abogados de El Salvador), no logran elegir los candidatos con la moralidad y competencia notoria que requiere la dignidad de los jueces constitucionales, de modo que el proceso cuando llega a la Asamblea Legislativa resulta en un marco de elección política”, declaró por su parte Antonio Maldonado.
Por último recomendaron a la Asamblea Legislativa no tomar en cuenta como candidatos al jefe de la sección de Probidad de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carlos Pineda, a la magistrada María Luz Regalado ni a la procuradora general Sonia Cortez, por tener elementos en contra en sus antecedentes.