Serios cuestionamientos por el deterioro de la democracia en El Salvador
Serios cuestionamientos por el deterioro de la democracia en El Salvador
En mayo de 2021, el presidente Nayib Bukele, ignorando los procesos marcados por la Constitución, sustituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, sellando así su dominio sobre los tres poderes del estado. A un año de aquel suceso, el país vive bajo estado de excepción.
Por Daniel Menjivar
La Asamblea Legislativa renovó a finales de abril, por un segundo período, el decreto que otorga régimen de excepción hasta el 27 de mayo. Además, aprobó otro decreto que autoriza al Gobierno a saltarse los procedimientos legales al momento de hacer compras y contrataciones públicas.
Esta prórroga al régimen de excepción implica que los derechos constitucionales a la libre asociación, la defensa legal, y a la inviolabilidad de las comunicaciones siguen suspendidos durante todo el mes de mayo.
La justificación de los diputados para aprobar la prórroga fue que las autoridades no han terminado de capturar a todos los miembros de las pandillas, a quienes el presidente Bukele busca contener. Según las cifras que el propio presidente facilitó a través de su cuenta de Twitter, actualmente se contabilizan 86,000 pandilleros activos en El Salvador, 70,000 en libertad, más 16,000 encarcelados.
Lo que implicaría un crecimiento entre 2017 y 2022 de aproximadamente 22,000 miembros de pandillas. Hasta el 1 de mayo recién pasado, y según los datos brindados por la Presidencia de El Salvador, 22,115 pandilleros han sido capturados bajo el régimen de excepción.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un Estado democrático proporciona un entorno de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el que se ejerce la libre voluntad de las personas y donde “todo individuo tiene voz en las decisiones y pueden pedir cuentas a quienes toman las decisiones… Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y todas las personas están libres de discriminación”.
El 2 de mayo de 2022, la organización Human Rights Watch (HRW) junto a Cristosal señalaron el creciente número de evidencias que indican el abuso y cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades salvadoreñas, desde la adopción del régimen de excepción.
“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, expresó la directora para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
En El Salvador, la libertad de prensa y expresión están amparadas en el Artículo 6 de la Constitución, sin embargo esto no ha impedido al gobierno aplicar herramientas de acoso y estigmatización contra medios de comunicación y periodistas.
El Salvador ocupa este año el lugar 112 de 180 países que son evaluados por la organización Reporteros Sin Fronteras. El año pasado el país se ubicó en el puesto 82. Implicando un desplome de 30 posiciones en un periodo de solo 12 meses en cuanto a libertad de prensa.
El presidente Bukele hostiga a los periodistas con la peligrosa táctica de atacar a los medios y periodistas que le resultan incómodos, los acusa de ser enemigos del pueblo y por ende, (según la lógica oficialista), aliados de las fuerzas que buscan dañar al país.
En enero de 2022 se confirmó que 35 personas, en su mayoría periodistas, a nivel nacional, habían sido espiados con el programa israelí de intervención de comunicaciones, conocido como Pegasus.
“Los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador. Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas críticos con su gobierno”, concluye el informe publicado por la RSF.
