Todos los casos tienen el mismo patrón: Una amenaza. Escasas horas para desalojar el lugar de residencia. Incertidumbre, angustia e impotencia. El fenómeno del desplazamiento de familias que son amenazadas por la violencia y que dejan todo atrás para comenzar de cero es una realidad que sigue invisibilizada.
Por Erick Valiente, Marthamaría Avelar y Tatiana Arévalo.
“Yo quisiera decirle a mi familia que nos vamos a ir de nuevo a nuestra casa, donde crecimos, pero no los quiero exponer al peligro. Quisiera decirles que todo fue una pesadilla, que todo volverá a ser como antes, pero no es así. Quisiera recuperar mi hogar, mi vida, algo que construí por años. Todo se perdió en cuestión de segundos”, relató Edwin (nombre ficticio), quien es una de las numerosas víctimas de los desplazamientos forzados, fenómeno que se ha incrementado de la mano de la violencia.
Existen muchos casos, cada uno con particularidades distintas, pero un mismo factor común: todas las familias abandonan su lugar de residencia por miedo a perder la vida a raíz de las amenazas del crimen organizado que lidera las diferentes zonas de mayor foco conflictivo de El Salvador.
Edgardo (nombre ficticio), es un joven de 25 años, baja estatura, tez morena y amplia sonrisa que forma surcos alrededor de sus ojos. Tiene un aire aseñorado y cierta tristeza en la mirada. Es el mayor de tres hijos. Cuando recibió la noticia de que lo andaban buscando porque le acusaban de delatar a uno de los jefes de las pandillas que controlaban la zona, tuvo que abandonar su lugar de residencia en Lourdes, Colón. “Yo nunca me imaginaba que esto me podría llegar a pasar, me pasó todo por la mente menos que algún día iba a tener que dejar todo atrás para conservar mi vida”, comentó, resignado.
El desplazamiento forzado es un fenómeno que viene percibiéndose de manera latente desde los últimos seis años, y ha experimentado aumentos significativos de casos concretos de familias que están huyendo de sus casas porque su integridad y su vida están en peligro.
Teresa (nombre ficticio), es una joven de 21 años que vivía en Mejicanos con sus dos padres y su hermana menor hasta que su familia se vio forzada a desplazarse, por las amenazas de las pandillas, del lugar en el cual habían vivido durante 17 años. Ella tuvo que tomar la decisión de trabajar e independizarse para poder costear sus estudios y aportar económicamente a su casa.
El desplazamiento forzado por la violencia constituye una violación a los derechos fundamentales del ser humano, y es un fenómeno que arrastra a más familias día con día. La falta de garantía de los derechos afectados, -vida, integridad, salud, vivienda, trabajo- es alarmante.
Edwin (nombre ficticio), es un hombre de 45 años, casado y con tres hijos. Ellos vivían en Cuscatancingo en el momento que se vieron obligados a abandonar su casa cuando su esposa fue señalada como informante de la policía luego de que miembros de las pandillas la vieron hablando con un agente policial.
En muchas ocasiones, el desplazamiento se da luego de un episodio trágico.
En una colonia del área metropolitana de San Salvador donde residía Martín (nombre ficticio), joven de 21 años, comenzaron a llegar más miembros de pandillas a habitar las casas de la zona. Uno de ellos llegó a pedir comida donde su abuela, quien es la propietaria de un comedor que había estado activo por años, y no lo atendieron rápido porque estaban atendiendo a otra cliente, por lo que se enojó y comenzó a ultrajar a su abuela. La mamá de Martín intervino en el altercado y le pidió de favor que respetara.
“Después de eso, mi mamá le puso queja al palabrero porque mi abuela les daba de comer a muchos de esos niños. Ese incidente fue un jueves y ese mismo día los líderes golpearon al ‘bicho’ por lo que había hecho. El siguiente jueves, diez de julio, ese mismo llegó a decirle a mi mamá que ella era la ‘chambrosa’. Ella no le tuvo miedo y le dijo que a ver si se atrevía a atentar con su vida, y así fue. Ese día mi mamá murió”, relató Martín.
Las vidas de estas familias presentan una división notoria, un antes y después de la amenaza. A partir de eso, todo cambió, el futuro se modificó de manera irrevocable para todos ellos.
La amenaza
Todas las víctimas de los desplazamientos forzados relatan su historia con un nuevo punto de partida: la amenaza que los obligó a abandonar todo lo que construyeron durante toda su vida y que los posiciona en un futuro que cada vez es más incierto.
Cuando capturaron a uno de los jefes de la pandilla que opera en el lugar donde Edgardo vivía en Lourdes, Colón, todos estaban convencidos de que él había sido el que había dado información a la policía. Los rumores surgieron porque él nunca se había querido unir formalmente al grupo, solo colaboraba con ellos esporádicamente, y eso levantó sospechas de los demás miembros. Después de la captura, Edgardo comenzó a ser víctima de golpizas para que confesara que él era el informante. Regresaba a su casa y no decía nada a su familia. ¿Cómo decirles a ellos que sus amigos eran pandilleros y que lo querían obligar a unirse, pero que también le tenían amenazado porque pensaban que era el que los delataba?
“Todo se terminó de complicar cuando uno de la pandilla que sí me creía que yo no tenía ningún contacto con la policía me advirtió que ya habían mandado la orden del penal para que me mataran. Así que regresé a mi casa, desesperado, sabía que ya no podía hacer nada, que si seguía en Lourdes me iban a matar”, agregó Edgardo.
La historia de la familia de Edgardo describe el nivel de vulnerabilidad en la que se encuentra inmersa la mayoría de los hogares de escasos recursos del país, y la impotencia al ver su vida amenazada. Un aproximado semanal de 30 familias tienen que abandonar el lugar donde han vivido por años como consecuencia de los entornos violentos y amenazas de grupos delincuenciales, según el informe presentado por la Mesa de la Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia Común y Crimen Organizado, entidad conformada por doce organizaciones que velan por brindar asistencia a las víctimas de este fenómeno, entre las cuales destacan Cristosal, la Iglesia Episcopal Anglicana, entre otras.
La integrante de la Mesa de Sociedad Civil por parte de Cristosal comentó que para enfrentar el fenómeno se debe brindar atención inmediata de emergencia humanitaria a las personas que no pueden regresar a sus casas y que, en ocasiones, pierden todo. Muchas de estas familias, incluso, pierden su fuente de ingresos.
Desde el momento de la amenaza, todo se vino abajo para Teresa y su familia. Ellos residían en Mejicanos, San Salvador, y perdieron la mayoría de pertenencias, incluyendo su fuente de ingresos: eran propietarios de una panadería y tuvieron que deshacerse de la mayoría de la maquinaria que utilizaban porque no tenían un lugar donde ubicarlo al momento de irse.
El día en que amenazaron a la familia de Teresa, ella estaba en su cuarto cuando oyó que tocaron la ventana del frente de su casa. Escuchó voces y le llamó la atención la respiración fuerte y entrecortada de su padre, y la voz angustiada de su madre. Salió a ver qué pasaba y, por más que sus padres intentaron en vano ocultar en el momento que algo malo pasaba, tuvieron que decirle a ella y su hermana que habían llegado unos hombres a informarles que contaban con 24 horas para desalojar la casa.
“Eran como las once de una noche que iba a ser muy larga. No dormimos nada contactando familiares para que nos ayudaran ya sea a encontrar casa o que nos pudieran recibir”, recordó Teresa.
El siguiente día después de la amenaza, por medio de conocidos del lugar lograron contactar a los jefes de los grupos que manejan la zona desde el penal, quienes dijeron que ellos no habían dado la orden y que hicieran caso omiso de ella.
“Se llegaron las once de la noche del siguiente día y nos quedamos a dormir en un solo cuarto, esperando lo peor. Pero nada pasó. En la noche del quinto día después de la amenaza volvieron a aparecer para decirnos que teníamos 24 horas más para irnos. Todo fue de no dormir de nuevo hasta que uno de mis tíos nos confirmó que nos recibiría en su casa”, explicó.
La violencia y el miedo son estrategias que los grupos delincuenciales utilizan para presionar a las víctimas al desalojo de sus viviendas.
Para Edwin, el momento de la amenaza también fue un episodio violento. Llegaron a su casa, en Cuscatancingo, preguntaron por su esposa y dijeron que ella era el dedo de la policía. “Me obligaron a abrir. Metieron a mi esposa al cuarto y a mí me golpearon en la sala de la casa. Sacaron la pistola y nos dieron 24 horas para irnos de ese lugar”, comentó.
En el caso de Martín, todo empezó con un episodio trágico que cobró la vida de uno de los integrantes de su familia: su madre.
-No recibimos ninguna amenaza. De la nada, el diez de julio de 2014 a las cuatro de la tarde, llegaron donde mi mamá y le dieron cinco balazos. Cuatro de ellos en el pecho y uno en la cabeza.
Martín se queda en silencio un breve momento y continúa:
-Me habló un amigo al trabajo y me dijo: “¿Dónde estás? Mirá, ya voy a llegar por vos”. Yo pensé que era mi abuela que se había muerto porque acababa de salir del hospital. Después, mi reacción fue hablar al número de mi mamá y no me contestó y seguí pensando que era mi abuela. Volví a llamar y me contestó mi papá llorando y me dijo: “Mataron a tu mamá”.
Martín vuelve a hacer una pausa en la cual se vislumbran minúsculas lágrimas en sus ojos.
-En ese momento yo no sabía quién había sido, si eran o no de la colonia. Dudaba que fueran de ahí porque nunca habíamos recibido amenazas. Ese día yo tenía una familia unida, tenía mi casa, mis comodidades, tenía el amor de mi mamá. Ese 10 de julio en la mañana yo tenía todo… en la tarde ya no tenía nada.
Sin saber qué hacer y con lugares temporales donde ir, el futuro comienza a nublarse para las cuatro familias.
El después
Las consecuencias de los desplazamientos forzados apenas comenzaban.
Edgardo tuvo que contarle a su familia que su vida corría peligro. Esa misma noche su papá y uno de sus hermanos lo fueron a dejar a la casa de su tía en Ilobasco. Se subió al carro, se tiró al piso cubierto por una sábana y así paso todo el camino hasta que llegaron. “Yo pensé que al estar en la casa de mi tía iba a estar tranquilo, pero resulta que tuve que mantenerme escondido porque la colonia en la que ella vivía estaba llena de mareros y podían sospechar de mí, así que nunca salí de la casa para que no se dieran cuenta de que había gente nueva en el lugar”, retrató.
Por su parte, Teresa y su familia viajaron de Mejicanos a Sonsonate donde un hermano de su madre los recibió en su casa. Con el paso del tiempo lograron reinstalar la panadería y su tío tuvo que intervenir por ellos con las pandillas de la zona para que no los extorsionaran. Teresa tuvo que viajar todos los días a San Salvador para terminar su penúltimo año de bachillerato. “Viajaba todos los días, de Sonsonate a San Salvador. Me despertaba a las tres de la mañana, a las cuatro ya estaba en el bus y a las siete ya estaba en el salón. Regresaba a mi casa hasta las siete de la noche y a esa hora a hacer tareas para dormir aunque sea un par de horas y volver a repetir la rutina al día siguiente”, recordó.
Al igual que los demás, Edwin trató la manera de que sus hijos siguieran su rutina normal de estudio. Les consiguió cupo en una escuela en un cantón de la Libertad, donde se fueron con su mamá, y siempre los llegaba a visitar cuando podía. “Si a mí me vuelve a pasar lo mismo, de mi casa nadie me volverá a sacar. No dejaré que me intimiden porque ellos me robaron todo, y en otra oportunidad lucharé por lo que es mío. Esa vez solo aguanté golpes, pero si me volviera a pasar buscaría la manera de defenderme”, expresó Edwin, mientras su voz se resquebrajaba poco a poco.
Todo el estilo de vida se complicó para la familia de Martín. “Costó asimilarlo. Tuvimos que ir primero a la casa de una tía. Después a la casa de una amiga donde era tan pequeño, pero tuvimos que acomodarnos durante seis meses. Conseguimos solo colchonetas, la ropa necesaria, tendíamos en un pedacito, comíamos poco… la vida desde ese momento nos cambió por completo”, manifestó.
De acuerdo a las distintas organizaciones que están velando por políticas de peso en el caso de los desplazados, la mayor parte de familias no presenta una denuncia en contra de sus agresores ni reportan su desplazamiento a las instituciones gubernamentales y apelan a la solidaridad de algún pariente o de organizaciones como último recurso.
Las repercusiones
A partir del momento del desplazamiento, todas las víctimas tienen repercusiones en distintos ámbitos de su vida. El primer motivo de angustia es dónde ir a vivir, qué hacer con las pertenencias, adónde dormirán al siguiente día.
Luego de que Edgardo se instalara en Ilobasco, no salió durante unos cuantos meses. Después, emigró hacia España, donde lo acogió su prima. “Mi mamá y mi hermano mayor empezaron a hacer una colecta entre la familia cercana. Unas tías de los Estados Unidos mandaron el dinero para mi pasaje de avión. Al poco tiempo entre todos lograron juntar dinero para mandarme a España”, comentó.
Sin embargo, luego de ocho meses de estar fuera del país, Edgardo no pudo adaptarse al estilo de vida de España, su prima no pudo mantenerlo más y decidió regresar a El Salvador. Regresó a su casa en Lourdes, Colón. Al estar de nuevo ahí, Edgardo tuvo que esconderse. Nadie en la zona y pocos miembros de la familia tienen conocimiento de su regreso al país y mucho menos de que él sigue vivo, ya que algunos miembros de los grupos delincuenciales han difundido rumores de que la pandilla contraria lo asesinó.
“De tanto oír lo que las vecinas hablaban, mis papás se enfermaron. Mi papá se puso malo de la presión, y lo ingresaron dos veces al hospital porque estaba empezando a tener problemas del corazón. Mi mamá se había envejecido en cuestión de meses. Y, aparte de problemas con la salud, la gente del banco llamaba a cada rato a la casa porque mi papá tenía la tarjeta topada y había hecho un préstamo para poder mandarme dinero a España”, relató.
Las consecuencias de los desplazamientos generan un impacto en la situación económica de las familias. Pero existen muchas repercusiones que van más allá del ámbito económico y golpean directamente en los factores psicológicos de las víctimas.
El representante de la Unidad de Atención Psicosocial de la Cruz Roja explicó que las personas víctimas del desplazamiento forzado pueden acudir a la institución para obtener asistencia gratuita en tres ramas: atención psicosocial, intermediación laboral y asesoría jurídica. Desde el 2013 que se inauguró la unidad han recibido 330 casos relacionados con la violencia social de los cuales 52 se enfocaban en desplazamientos forzados. El papel principal de la Cruz Roja se centra en la asistencia psicológica gratuita. Todos los casos de este tipo comparten los mismos patrones: cuadros de estrés post traumático, paranoia, tristeza severa e incertidumbre.
En algunos casos, manifestó, aunque las personas nunca hayan presentado síntomas de alguna afección psicológica, el desplazamiento forzado puede ser el detonante de las mismas. Muchas veces, las repercusiones ocasionan crisis existenciales en las personas cuando su rutina y estilo de vida se ven afectados y se ven obligados a abandonar todo lo que ya tenían establecido.
Teresa tuvo que vivir en Sonsonate y viajar a San Salvador a estudiar todos los días para no perder su primer año de bachillerato. Su último año lo cursó en Sonsonate porque ya no podía continuar con los viajes diarios a la capital. Cuando pretendía entrar a la universidad, su familia pasaba por una crisis económica muy grande, por lo que tuvo que independizarse para aportar económicamente a su hogar y se mudó a San Salvador para poder trabajar. Estuvo viviendo en un pupilaje por un tiempo y hoy vive en una casa la cual alquilan con dos personas más.
“Lo más difícil – comentó Teresa, mientras hace una pausa para limpiar las lágrimas por debajo de sus gafas – es dejar atrás los recuerdos de toda una vida. Yo perdí a una hermana quien falleció antes de que tuviéramos que irnos. La enterramos en el cementerio de ahí y no podemos ni acercarnos. Solo la vamos a ver en el Día de los Difuntos cuando todo está lleno y hay seguridad”, explicó.
Según la representante de Cristosal y datos recopilados del Comunicado Final del I Encuentro Regional sobre Desplazamiento Forzado por la Violencia, en El Salvador se han contabilizado 73.000 homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 hasta el año 2013, un número que se compara al dato oficial de 75.000 muertos durante el conflicto armado. A raíz de esto, los desplazamientos producto del miedo representan una cifra alarmante por la tasa de homicidios. También inciden mucho los repetidos episodios de desplazamiento. Muchas de estas personas no emigran hacia un lugar fijo sino que deben desplazarse nuevamente más de una vez a lo largo de su vida.
Al igual que el caso de Teresa, la situación nómada fue similar para Edwin. Ellos dejaron todas sus pertenencias. Su familia se encargó de sacar todo, algunas cosas se vendieron o se perdieron. El esfuerzo de toda una vida quedó tirado. Edwin se apoyó en una prima, quien le dio estadía temporal. Tuvo que irse al poco tiempo pues ella tenía una tienda en la cual comenzaron a recibir amenazas exigiéndoles pagar mil dólares o atentarían contra la vida de todos. Mientras su familia vivía con una hermana de su esposa, él vivió dos meses con su jefe; luego, en Sierra Morena alrededor de un año; y, por último, encontró un pequeño indicio de estabilidad en otra colonia de Mariona con una tía. “A pesar de que estoy con familia, me siento mal porque estoy de arrimado. Me considero un extra o un demás”, agregó.
En el caso de Martín, a pesar de vivir en medio de una zona conflictiva en San Marcos, él y su familia han encontrado destellos de tranquilidad en una colonia privada que, si bien las casas son mucho más pequeñas que las de la colonia donde vivían antes, posee un portón y sistema de vigilancia que les da ilusión de protección del exterior.
“Todo en la colonia donde vivimos ahora lo siento chiquito a comparación de donde estábamos. Quisiera volver un día, pero aún está reciente el recuerdo de mi mamá, y todavía hay gente mala ahí. Extraño todo, a mis amigos, a mi familia, ver a mi abuelita, que antes la veía todos los días y hoy cada tres meses. Extraño todo pero decidimos que es mejor estar lejos del lugar donde murió mi mamá”, comentó.
La familia paterna de Martín se fue a vivir a la colonia San Luis, en San Salvador, y su familia materna, a San Jacinto. Ahora pasa meses sin verlos. “La violencia desintegra la familia. Te aleja de recuerdos, de tus seres queridos y tu hogar”.
La representante de la Unidad de Investigaciones de la Universidad Tecnológica es una de las integrantes de la Mesa que le ha dado seguimiento al fenómeno. Dicha unidad ha llevado a cabo investigaciones directas para contabilizar los casos referentes a los desplazamientos forzados por violencia y sus repercusiones y, actualmente, trabajan para profundizar en los estudios y poder presentar un informe al Estado acerca de las consecuencias sociales en las familias salvadoreñas. “Con este fenómeno, las personas no solamente pierden sus casas y abandonan su comunidad. Esto es mucho más complejo, los niños pierden la escuela, los padres los trabajos. Hay una desfragmentación social y no se conoce la magnitud todavía”, expuso.
La situación empeora con la inexactitud de los datos de los desplazamientos producto de la falta de denuncias de los afectados.
La falta de denuncia
Para los representantes de las diversas organizaciones que velan por este fenómeno, preocupa que no existan políticas claras que respondan a la problemática que enfrentan las familias salvadoreñas y la ausencia de cifras precisas sobre las movilizaciones. Esto se debe a que el único registro que se cuenta es de las familias que interponen una denuncia formal, mientras que la gran mayoría de casos, los afectados no recurren a las autoridades por miedo a represalias por parte de las pandillas.
Una de las entidades que trabaja en brindar asesoría a las víctimas de este fenómeno es la Iglesia Episcopal Anglicana que, además, pertenece a la Mesa de la Sociedad Civil. Su representante reconoce tanto la importancia de registrar los casos de desplazamiento como el riesgo que implica hacerlo. “Lo ideal es que las personas documenten sus casos. Sin embargo, el gran problema es que la gente no tiene credibilidad en las instancias del Estado y, por lo tanto, no denuncian. Las autoridades, al no haber denuncias, desconocen los niveles que ha alcanzado el desplazamiento en el país”, señaló.
La mayoría de las víctimas que ya han sufrido pérdidas familiares a raíz de la violencia no acude a las autoridades en busca de refugio al ser amenazados por los grupos delincuenciales por miedo a repetir el episodio violento que cobre la vida de otro miembro de la familia.
-¿Acudieron ustedes a las autoridades?
-No, no lo hicimos porque sabíamos que no iban a hacer nada. Iba a ser peor para nosotros y podían matarnos a alguien más. El tiempo se iba a encargar de hacerles pagar a los pandilleros el daño que nos hicieron. La justicia la dejamos en manos de Dios – agregó Martín.
El representante de la Iglesia Episcopal Anglicana considera que la falta de denuncia está ligada a la poca o nula credibilidad en las instituciones encargadas de darle seguimiento a estos casos. “Se establece con claridad la falta de confianza en la institucionalidad. Ha habido casos donde hay denuncias y lo que sucede es que se apresura el accionar delincuencial en contra de estas personas”, añadió.
La representante de Cristosal señaló que en muchos de los casos que se reciben en las distintas organizaciones, las personas no tienen confianza en las autoridades y viven con temor a reportar las amenazas. “Hay casos ya comprobados en los que las personas recurren a instancias públicas a denunciar los hechos, pero no se les garantiza seguridad a sus familias, se les hace partícipes de un proceso de penalización de los hechos, pero al concluir los casos quedan abandonados otra vez, y muchos de ellos incluso son víctimas de nuevos hechos violentos por represalias”, comentó.
En el caso de Edwin, cuando puso la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC), los pandilleros de la zona se dieron cuenta. Fueron a amenazar a su prima y le dijeron que le notificara que ya estaban enterados y que se atuviera a las consecuencias si seguía con lo mismo. Entonces, sin nada más que hacer, tuvo que retirar la denuncia.
Las lágrimas de Edwin cruzan su rostro. “Uno se siente impotente. Enfrente de mis hijos he tratado de ser fuerte y no llorar. Es triste que después de tener un lugar donde vivir ya no tener la estabilidad que tenía. Honradamente lo hice todo y hoy no tengo nada. He tratado de seguir normal mi vida, pero ahorita mi familia está prácticamente desintegrada. Mi familia se destruyó a partir de eso”, sollozó.
“Mientras no se cuente con un sistema estructural de atención a víctimas, testigos o familiares, es difícil que las personas tengan confianza en las instituciones para que no solo les brinden asistencia en erradicar los hechos de violencia que los obligan a huir, sino que les garanticen condiciones mínimas de protección después de la denuncia”, insistió la representante de Cristosal.
El Fondo Social para la Vivienda (FSV), institución de gobierno que facilita préstamos para que las familias adquieran una casa propia, no maneja cifras de las casas que se encuentran abandonadas porque no tienen registro directo de que se trate por desplazamientos forzados y no reconocen el fenómeno oficialmente. Entre las opciones de asistencia que brinda el FSV se encuentra la permuta o cambio de vivienda con previo respaldo de una denuncia policial. No obstante, al no haber denuncia tampoco procede el trámite.
Cuando Edwin fue al FSV le dijeron que la única solución que podían darle era de hacer una permuta. Sin embargo, esto conlleva otros problemas: le valuaron su casa en menos de la mitad del valor real y las únicas casas que halló a ese mismo precio se encontraban en lugares con la misma situación conflictiva. “Fui a ver una casa en Ciudad Delgado, pero ya estaba en poder de un pandillero. Vi otra en Brisas del Sur, pero una señora me advirtió que era peligroso, que mejor me fuera antes que me interceptaran. En ese momento aparecieron tres jóvenes me amenazaron que si no me iba la señora iba a pagar las consecuencias. Al final, me tuve que quedar en la casa de una tía mientras que el trámite en el FSV quedó abandonado”, describió.
La representante de la Universidad Tecnológica hizo énfasis en que la mayoría de estas familias no tiene la asistencia necesaria ni el seguimiento adecuado. “Detectamos que las familias que se desplazan lamentablemente no tienen una reubicación segura y muchos vuelven a repetir una y otra vez el desplazamiento por la vulnerabilidad conflictiva de las zonas de destino donde se reubican. Prácticamente no hay un lugar seguro en este país. Estamos en un círculo vicioso y, aunque se quiera ayudar a todas las víctimas, hay muchas dificultades. No se les puede crear un ´santuario´ a estas personas para que nadie los toque, aunque quisiéramos. Las organizaciones no pueden abarcar a todas las víctimas”.
El representante de la Iglesia Anglicana señaló la necesidad imperante de brindar protección a las víctimas por parte de las instancias pertinentes para comenzar a erradicar este fenómeno. “El Estado salvadoreño necesita devolverle la confianza a su pueblo, y para lograr eso deben dar pasos concretos que aseguren a la familia que no serán castigados por la delincuencia al interponer una denuncia”, enfatizó. “Es por ello que al no haber confianza en el Estado, las personas optan por huir, ya sea dentro o fuera del país. El tema de desplazamiento forzado obliga tanto a la migración interna, como también a la migración externa. Aquí nos enfrentamos con un gran problema: ¿Quién está atendiendo en términos de manutención, médica, psicológica o de protección? Nadie lo está haciendo, solo organizaciones con bajo perfil”, dijo.
No obstante, la insuficiencia de recurso y apoyo nacional e internacional no es el único obstáculo en esta problemática.
La representante de American Friends Service Comittee, organización integrante de la Mesa que trabaja el tema de cultura de paz, violencia y migración, describió los obstáculos al no tener un reconocimiento del Estado acerca del desplazamiento forzado. “Primero, el no tener un marco jurídico específico para el tema limita las acciones de asistencia. Segundo, el Estado no lo reconoce como fenómeno, lo cual no permite generar políticas públicas que puedan ayudar a enfrentar ese problema, ya sea primario para prevenir, secundario cuando está sucediendo y terciario en programas de reinserción para personas”.
Panorama incierto
El tema de la inseguridad y violencia generalizada no ha sido declarado oficialmente por el gobierno salvadoreño. Ninguna instancia gubernamental, incluyendo el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, brinda información acerca del fenómeno de los desplazamientos forzados por la violencia, pues no se tienen registros concretos al no tener denuncias de las víctimas.
Para la Iglesia Anglicana, esto representa un panorama nada favorable. “Es una cosa terrible porque encima de todo está la vida de la gente, está la libertad de movimiento, de luchar, trabajar y vivir en este país”- dijo. “Si hay una declaratoria oficial que diga que el tema de la inseguridad y la violencia ha rebasado las capacidades del Estado, para garantizar la seguridad ciudadana, esa declaratoria abriría puertas a nivel internacional. Se necesita un reconocimiento, y buscar condiciones de apoyo y protección a la gente”, agregó.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es la única entidad del gobierno salvadoreño en reconocer la problemática. La representante de American Friends Service Comittee, sin embargo, insistió en que la responsabilidad es de todas las esferas gubernamentales. “El Estado debe reconocer el problema. Todos los ministerios tienen que trabajar en conjunto, aquí se afecta la salud de las personas, los niños pierden su año escolar, algunas personas se quedan sin trabajo, es un problema que tiene múltiples ramas”.
La PDDH y la Oficina Regional para América Central, Cuba y México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmaron el 31 de octubre de 2014 un Acuerdo de Cooperación cuyo fin reside en la protección de personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas sin nacionalidad y otras que requieren protección internacional, así como la promoción de políticas de prevención del desplazamiento forzado y de protección de personas desplazadas por causa del crimen organizado y de otras situaciones de violencia en El Salvador.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, habló acerca de los principales objetivos que la Procuraduría tiene en conjunto con ACNUR con respecto al fenómeno. “El desafío de esta alianza es asegurar la protección y atención de los derechos de las personas migrantes, refugiadas o que buscan asilo en otros países. Esto es ahora una prioridad que debe atenderse y reitero el compromiso de la institución en atender los casos relacionados a esta problemática”.
Los desplazamientos se derivan en la migración externa con la esperanza de las víctimas de que en otro país la situación sea más favorable. No obstante, muchas de estas familias no toman en cuenta los riesgos del trayecto hacia el país de destino ni los recursos de amparo a los cuales pueden recurrir. Para las organizaciones, el conocimiento de los procesos de Protección Internacional y asilo es vital para salvar muchas vidas.
“La gente debe saber que pueden ser amparados por Protección Internacional solamente fuera del territorio. Deben expresar verbalmente a la autoridad extranjera que tiene temor de persecución en su país. Ellos están obligados a creer lo que la persona está diciendo. Las embajadas de otros países deberían de abrir oficinas receptoras de solicitudes de asilo dentro del territorio salvadoreño, así nuestra gente no tendría que arriesgarse fuera del país para interponer esa petición”, describió el representante de la Iglesia Anglicana.
La representante de American Friends Service Comittee señaló la importancia de comenzar a darle prioridad al tema en la agenda mediática y política. “Hay que visibilizar el tema y despertar la sensibilidad para comenzar a trabajar, ya que no hay investigaciones a profundidad del tema. Todos los sectores deben caminar en una misma línea para mejorar la situación”.
¿Qué sigue?
Una de las consecuencias de la violencia ha sido un aumento en los intentos por salir del país, principalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, existen otros países que se han vuelto foco de análisis en el caso de los desplazamientos, tal es el caso de Nicaragua, que solo en el año 2013 tuvo la solicitud de 20,000 familias salvadoreñas solicitando asilo en ese país.
“La violencia social se está convirtiendo en una causa importante para la migración de las víctimas de desplazamiento forzado. No todas estas personas huyen por amenazas directas de muerte o reclutamiento, sino por miedo y prevención a recibirlas o verse afectados”, explicó la representante de la Universidad Tecnológica.
“Vivimos en una estructura enferma por toda la inseguridad que está enfermando a la sociedad. Pero tenemos que profundizar, y esto tiene raíces históricas desde el momento en el que no se le dio atención adecuada a las personas que fueron víctimas y actores directos e indirectos en el conflicto armado. Aquí solo se le echa la culpa a los grupos delincuenciales, pero va más allá de eso”, agregó.
Edwin quiere empezar a resurgir y seguir luchando para darle un rumbo a su vida. Sus deseos se centran en que, aunque él ya no pueda disfrutar de su casa, más adelante alguno de sus hijos lo pueda hacer. Incluso, no descartan la idea de emigrar fuera del país. “Hay daños que cuesta superar. Me hago el fuerte, pero por dentro me desgarro. Trato de tomar las cosas con humor y siempre digo que ahorita estoy en la época de las vacas flacas, pero deseo y confío que la situación va a mejorar”, sonrió mientras en sus ojos se reflejaban pequeños indicios de nuevas lágrimas.
Según la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, no existen cifras concretas de las familias salvadoreñas que emigran al exterior del país a raíz de la violencia. Esto se debe a que la mayoría de los casos, las personas no denuncian a las autoridades competentes los casos de desplazamiento forzado por la violencia.
En la mayoría de casos, las familias envían a sus hijos a diferentes países con la esperanza de salvaguardarlos de los problemas de violencia locales. Sin embargo, muchos de estos niños, niñas y adolescentes se enfrentan a diferentes peligros en el trayecto hacia los países de destino.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó una campaña de sensibilización, el 15 de julio de 2014, con el fin de informar acerca de los peligros a los cuales son expuestas todas las personas que deciden emigrar. El ministerio ha trabajado en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acompañados de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, para concientizar a los padres de familia acerca de los riesgos de la migración de las niñas, niños y adolescentes, enfocándose en los que viajan no acompañados por ellos.
“La gente se queda en silencio a sufrir su persecución sin la asistencia de nadie, y al no documentar los hechos con las autoridades es difícil que puedan entrar al proceso de asilo en otros países”, añadió el representante de la Iglesia Anglicana.
Un ciclo sin fin
A pesar de que algunas de las víctimas logran adaptarse a su nuevo estilo de vida, muchas otras no logran hacerlo debido a la continua repetición del fenómeno del desplazamiento forzado.
En el caso de Teresa, ella visita a sus padres todos los fines de semana y su plan a futuro se enfoca en estabilizar la situación económica de su familia para poder estudiar alguna carrera universitaria.
El matrimonio de Edwin ha sufrido el mayor impacto, pues él y sus hijos viven en un mismo lugar mientras que su esposa no es recibida en la casa de su prima, que es donde actualmente residen, por lo que la interacción matrimonial es casi nula.
La familia de Martin planea vender su antiguo lugar de residencia, pero esperan que la situación delincuencial en la zona disminuya para poder obtener un precio justo que se apegue al valor real del inmueble.
El ciclo sin fin que viven muchas familias salvadoreñas se ve reflejado en la situación de Edgardo. Su familia recibió nuevas amenazas de muerte por parte de los grupos delincuenciales de la zona por lo que han tenido que desplazarse nuevamente hacia donde unos familiares, reiniciando el proceso de adaptación y todas las repercusiones que el desplazamiento forzado implica en todos los ámbitos de la vida de los integrantes de su familia.
Y así comienza nuevamente la incertidumbre de dejar todo atrás y reiniciar el proceso de adaptación tanto en la familia de Edgardo como en cientos de familias salvadoreñas que viven el desplazamiento forzado, fenómeno cuyas cifras aumentan día con día con un panorama nada esperanzador y aún sin reconocimiento del Estado.
*Nota al lector: Tanto los nombres de las víctimas del desplazamiento común y crimen organizado como de los representantes de las organizaciones que velan por la asistencia de las mismas han sido removidos para proteger la identidad y salvaguardar la vida de las personas involucradas.
