Más de dos años lleva en estudio la propuesta de Ley del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria Suntuaria, y no todos los partidos políticos están a favor. Pagar un impuesto por tener propiedades con valor arriba de los $35,000 podría ser una vía para mejorar la crisis económica que atraviesa El Salvador. Sin embargo, no es seguro y no se considera una pronta aprobación de esta ley.
Por Mónica Flores y Paola López
Desde noviembre del año 2015, la Asamblea Legislativa no ha vuelto a tocar el tema de la propuesta de impuesto al patrimonio suntuario, la cual fue suprimida por el ex presidente Alfredo Cristiani en 1994. La iniciativa de parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) consistía en aplicar un arancel a todas las personas naturales y jurídicas que posean un patrimonio ya sea propio o heredado como casas de campo, ranchos en la playa, entre otros bienes.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la propuesta de Ley de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria Suntuaria consiste en gravar la posesión de bienes inmuebles en el territorio nacional, en la que el dueño o dueña del inmueble pagará una cuota que sera determinada con base a las características de la propiedad.
Dentro de la discusión de los partidos políticos, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se oponía, mientras que el partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) solo mostraba apertura a la propuesta.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, declaró que “personalmente estoy de acuerdo con la revisión de todas las propuestas. Creo que hay que poner rápidamente el impuesto al patrimonio”.
Cáceres añadió que “no puede ser que El Salvador sea el único país en América Latina que no tenga impuesto al patrimonio”. Sin embargo, no se han visto las implicaciones económicas y jurídicas, ya sean positivas o negativas, que este proyecto pueda tener sobre la población salvadoreña.
FUNDE sostiene que, de acuerdo a la ley, se valora desde dos casos; el primero es que el impuesto aplicaría para todas las personas con patrimonios que ronden los $350 mil dólares y el segundo caso se aplicaría indistintamente del valor del inmueble.
El doctor en leyes Manolo Rodríguez, conocedor del sistema tributario, comentó que algo importante de este tipo de impuesto es la carga ideológica que lleva consigo. Ello provoca distinción entre los contribuyentes. “Es una disgregación de la base tributaria en el sentido que solamente las personas que tiene cierto nivel de ingresos estarían contribuyendo, mientras que otros que están por debajo de la línea que establezca el proyecto de ley no estarían pagando, de manera que se perfila una desigualdad ante la ley fiscal”, agregó.
Por un lado, el impuesto sobre el patrimonio es una estrategia más para recaudar dinero que pueda mejorar incluso la situación fiscal y de riesgo que tiene el país en los mercados internacionales. Por otro, este proyecto podría caer en una doble tributación, es decir, que las personas tengan que volver a pagar por su propiedad ya cancelada. Asimismo, puede darse la pérdida de posesiones por acumulación de impuestos, ya que, al volverse caro el mantenimiento de los inmuebles sin uso o no rentables, los dueños se verían obligados a vender para no ir a la quiebra.
“En El salvador hay que reconocer que durante muchísimos años no se ha tenido esa posibilidad de ingreso tributario. Sin embargo, como reitero, eso tiene que hacerse sin carga ideológica y con un gran cuidado, con un criterio de racionalidad e insertado en el contexto no solo de ir metiendo impuestos uno tras otro, sino de hacerse a través de una reforma estructural de todo el sistema fiscal, para un equilibrio de cargas”,concluyó Rodríguez.
Respecto a la recaudación, el Ministerio de Hacienda ha divulgado que rondaría los $50 millones anuales, con un rendimiento notable del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, si se implementara un impuesto al patrimonio con mayor alcance, la recaudación podría oscilar entre $150 millones y $200 millones anuales.
Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) opina que la ley sería una vía para incidir en un mayor crecimiento económico. Generaría mayores ingresos al gobierno y ayudaría a fortalecer las finanzas públicas. Pero lo central es ver que estos ingresos y otros se canalicen a sectores y actividades que impacten en el crecimiento económico, es decir programas y proyectos que impulsen la actividad económica. Que tenga efectos positivos en sectores dinámicos de la economía como la industria, la agricultura y la construcción, también en inversiones del Estado orientadas a favorecer las inversiones privadas del país o la inversión extranjera directa, como infraestructura vial, de puertos y aeropuertos.
