Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), un promedio de 59 niñas y adolescentes se convirtieron en madres cada día del año 2016.
Por Doris Rosales y Laura Flores
El Salvador aún carece de una ley que garantice una educación sexual integral. A pesar de ser un país que cerró el 2015 con más de más de 100 mil adolescentes embarazadas entre los 10 y 19 años, y 195 muertes maternas, la propuesta de ley que se hizo en 2016 sigue sin ser aprobada.
Esto, a pesar de que distintos comités de derechos humanos han hecho recomendaciones a El Salvador en materia de derechos sexuales, para mejorar los programas de educación sexual, con hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Desde el 2008, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) hizo la declaración ministerial “Prevenir con educación”. Esta tuvo como meta que para el año 2015 se redujera “en un 75% la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad”.
Además, pretendía “reducir en un 50% la brecha en el número de adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva”.
Después de eso, en 2013, la Coalición Salvadoreña por la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) dio a conocer por primera vez el contenido de la propuesta de Ley de Educación Integral de la Sexualidad, en la que se propuso que diversos actores de la sociedad civil se involucren en temas de educación sexual.
El sexólogo y catedrático de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) Oscar Vásquez dice que la educación sexual debe contar con ciertas características para considerarse integral, pues no solo aborda cuestiones de salud sexual y reproductiva.También debe tomar en cuenta, según Vásquez, “cuestiones de afecto, de equidad de género y de identidad. Debe ser laica para que garantice el respeto a las creencias de todas las personas y tiene que ser incluyente”. Estos elementos son los que intenta retomar la propuesta de ley que aún continúa estancada.
De momento, el país cuenta con guías metodológicas para hablar sobre educación sexual en las escuelas y colegios. Las guías se enfocan principalmente en métodos de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, mientras que se deja de lado elementos éticos, culturales, socioeconómicos y psicológicos. También existe una “Política de salud sexual y reproductiva”, en la que se reconoce la existencia de los derechos sexuales y reproductivos.
Pese a esto, en El Salvador se siguen violentando estos derechos, pues se niega el acceso a una educación sexual integral y equitativa.
La educación sexual ausente en El Salvador
“Definitivamente en El Salvador no existe educación sexual”, dice Vásquez. Al menos, oficialmente no. Él explica que la sociedad civil ha hecho muchos esfuerzos para posicionar el tema, pero políticamente no ha sido posible arrancar voluntades a nivel oficial. En todo caso, quizá un poco a nivel del Ministerio de Educación, pero nunca se ha tomado en cuenta algo que requiera un esfuerzo jurídico mayor.
“El tema de la educación sexual no está incluido dentro del plan de estudio de educación básica. Nosotros solo vemos las partes del sistema reproductor. El Ministerio de Educación no nos ha brindado ninguna guía metodológica sobre educación sexual”, cometa el profesor Luis Mena.
El educador manifiesta que a veces les dan capacitaciones o guías metodológicas sobre sexualidad a los profesores que imparten clases a distancia, que son los que “trabajan con adultos”.
Mena explica que los maestros intentan “aconsejar” a los alumnos. Les exponen las consecuencias de no usar preservativos o anticonceptivos, pero no más. La razón es que ellos deben impartir sus clases al ritmo que lo indica el programa, y además se les aconseja a los profesores no hablar a profundidad sobre temas relacionados con la sexualidad.
A la estudiante de la UCA Margarita Weil, en su colegio sí le hablaron sobre métodos anticonceptivos, “pero fue más en forma de consejería. Nos daban talleres para concientizar y, aunque no iban a la raíz de los temas, conseguían despertar nuestra curiosidad”.
Weil afirma que mientras no se aborden a profundidad las temáticas relacionadas con la educación sexual, no será posible erradicar problemas como los embarazos no deseados y los altos índices de personas contagiadas con enfermedades de transmisión sexual.
No solo en el sistema educativo se presentan deficiencias en materia de educación sexual y reproductiva; también pueden encontrarse vacíos en el sistema de salud del país.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Mundial de Sexología, “para que la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen”.
La activista y abogada Verónica Larín explica que los derechos sexuales y reproductivos no están per se declarados como derechos humanos. Son derechos de cuarta generación, pero todavía no existe dentro de la normativa de derechos humanos algo que diga específicamente que son derechos humanos.
El Ministerio de Salud tiene protocolos que ayudan a facilitar información, al menos de salud sexual, pero se limitan a distribuir preservativos y anticonceptivos a mayores de dieciocho años, aunque la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) los obliga a darlos aun si se es menor de edad. En este caso, los jóvenes se encuentran con las barreras ideológicas y religiosas de los operadores del sistema de salud, explica Vásquez.
En este punto, las creencias religiosas y la doctrina de las iglesias tienen un papel decisivo, pues en el caso de la planificación familiar “la iglesia está en contra de los anticonceptivos, pues estos no son usados para la plenitud, sino más bien para justificar lo genital desordenado, sin asumir la responsabilidad para lo que de verdad hemos sido creados”, dice el religioso franciscano Fray Carlos Mejía.
“La iglesia evangélica no se opone al tema de la educación sexual. La consideramos necesaria, siempre y cuando el tema se enmarque dentro de los principios y estatutos bíblicos, principios éticos y morales”, afirma el pastor de la iglesia Elim Carlos Acevedo.
También sostiene que no se considera la sexualidad como algo malo. Es más bien un don divino en el que deben respetarse los derechos del hombre y la mujer, y que se puede ser sexualmente activo y a la vez santo, siempre y cuando todo se realice dentro del marco del matrimonio heterosexual.
Las creencias religiosas son decisivas en el abordaje de estos temas, pese a que, como afirma Vásquez, la educación sexual debe ser laica.
Inequidad de género en la educación sexual
Los vacíos en cuanto a la educación sexual son varios, pero hay un elemento predominante relacionado con la equidad de género. Esto se refleja de varias maneras, entre ellas la doble responsabilidad de la mujer en cuanto a la planificación familiar.
Según reportes del MINSAL, de 2012 a 2016 se han suministrado métodos de planificación familiar a más de un millón y medio de personas, de las cuales el 96.3 % fueron mujeres y el 3.7%, hombres.
Además, hay una diferencia notoria en cuanto a los métodos que hombres y mujeres utilizan para la prevención del embarazo. El 86% de los hombres utilizan métodos de barrera (preservativos), mientras que los anticonceptivos más suministrados a mujeres son inyectables, en un 58.9%; esterilización permanente en un 28.3%, y solo un 0.4% utiliza métodos de barrera.
Ante esta circunstancia, Larín cuestiona el hecho de que a pesar de que la mujer solo tiene su período de ovulación tres veces al mes, es ella sobre quien recae la responsabilidad de no reproducirse. Esto, aun cuando es el hombre quien puede embarazar en cualquier momento.
“Además de que ya estamos predestinadas a la maternidad, se nos pide que nos hormonicemos”, afirma Larín.
Es importante mencionar que esto ocurre como consecuencia de la cultura patriarcal, donde a la niña se le enseña a negar su sexualidad y se le asigna la responsabilidad de los hijos, mientras que al hombre se le educa para vivir su sexualidad, ocasionalmente de manera irresponsable.
“A los hombres se les informa más. Se les dice de manera más clara el funcionamiento de su sexualidad, pero no se les informa cómo protegerse, porque se supone que nosotras tenemos que protegernos”, dice Larín.
En la cultura salvadoreña, los temas sobre educación sexual no son equitativos. Según Vásquez, para contrarrestar esto es necesaria una formación que lleve a la reflexión crítica sobre los comportamientos de las personas en cuanto al género y a la diversidad sexual en general.
“Sería una educación no sexista, no discriminatoria, democrática, incluyente. Tiene que estar en acceso para todas las personas y en todos los niveles. Y debe ser progresiva, es decir, que incluya a los niños y niñas desde las primeras edades”, expresa el sexólogo.
También afirma que las niñas y mujeres son las más afectadas por la ausencia de una educación sexual equitativa. Eso se refleja en los “índices de violencia sexual, de muertes por abortos clandestinos, en la falta de lugares adecuados para atender cuestiones de salud sexual y reproductiva, y en la ausencia de políticas de empoderamiento de las mujeres para poder optar por métodos anticonceptivos o para tomar la decisión de tener hijos o no”.
A esto hay que agregar que ni en las guías metodológicas, ni en las políticas de salud sexual y reproductiva se aborda el tema desde una perspectiva completamente incluyente, pues se deja de lado otras identidades, como los gays, lesbianas, transexuales o intersexuales. El tema se asume desde una perspectiva heteronormada.
La falta de una educación sexual incluyente está relacionada con que se aborda solo para fines reproductivos.
Por esta razón, según la economista y activista Julia Evelyn Martínez, los temas de discusión más relevantes en temas de derechos sexuales son “el derecho a una maternidad libremente elegida, el derecho a una educación sexual laica libre de estereotipos e influencias religiosas, a lo largo de los distintos ciclos en la vida, pero en particular durante la niñez y la adolescencia, y los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGTBI”.
Lo que se espera desde los colectivos feministas que trabajan el tema es, como afirma la activista y defensora de derechos humanos Sara García, que, una vez que se apruebe la Ley para la Educación Integral de la Sexualidad, esta se enfoque desde una perspectiva de derechos humanos, “desde una perspectiva de inclusión, que permita el diálogo y que no sea una lógica vertical”.
Actores implicados en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
“La responsabilidad de cambiar esta realidad de manera estructural es del Estado y de las instituciones que lo conforman. No solo por ética, sino por mandato. Deben hacerlo sin darle más vueltas y sin postergar”, afirma García.
La labor en lo que concierne a educación sexual y políticas que la respalden no está siendo sustentada desde el Estado. Esta tarea la han asumido organizaciones o instituciones, como colectivos feministas, que se encargan de colocar el tema en la agenda política.
“Podemos paliar, de alguna forma, pero nuestro compromiso es con la incidencia, para que a quienes les corresponda asuman la responsabilidad”, expresa García.
Según Reina Meza, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA, esta labor “no es asunto del pueblo o de los funcionarios, sino que es algo complementario en lo que todos tenemos parte”.
Por otro lado, es importante mencionar que, aunque no existe una ley que garantice una educación sexual integral, sí hay esfuerzos concretos como las guías metodológicas para docentes, que ha elaborado el Ministerio de Educación, que, a pesar de tener vacíos, contienen la información que a muchos jóvenes les falta.
Es indispensable que los profesores asuman la responsabilidad de abordar estas temáticas con propiedad, pues en El Salvador, como en algunos otros países de América Latina, la educación sexual en el hogar es casi inexistente.
Según Larín, “hay guías metodológicas para hablar de sexualidad, pero dentro de las escuelas, los docentes, por el mismo paradigma cultural y religioso, no enseñan esa parte, o la enseñan a su manera, con estigmas. También hay casos en los que son los mismos padres los que se oponen a que se les dé educación sexual porque tienen la concepción de que la educación sexual propicia la promiscuidad”.
Mena no está de acuerdo con esta afirmación, pues él considera que “no es obligación del gobierno educar sobre sexualidad. Esa formación debe empezar en los hogares y a veces los papás no lo hacen. Nosotros intentamos hacerlo, pero no con una guía metodológica, sino con algunos temas del programa. No podemos profundizar tanto en eso porque el programa no lo permite”.
Los malos resultados están a la vista
Las consecuencias de la falta de educación sexual en el país no se reducen solo a embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual. Según Martínez, el principal problema es “el bajo nivel de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes en relación a su cuerpo y a su sexualidad. Esto les hace altamente vulnerables a los abusos sexuales, a las conductas sexuales de alto riesgo, a ser víctimas de estupro, a la maternidad o paternidad precoz, pero sobre todo a repetir y asumir los estereotipos y roles sexuales que se transmiten a través de la pornografía”.
Vásquez opina que las consecuencias pueden verse en tres grandes rubros. El primero es el de la inequidad y la discriminación a todo tipo de personas, sobre todo a niñas y mujeres. El segundo es la falta de responsabilidad en el tema de salud sexual y reproductiva. Y también, en la ausencia de concientización de la violencia sexual hacia las personas.
“Las cuatro causales para despenalizar el aborto están vinculadas a la violencia sexual, a la falta de previsión médica, y muy pocos casos son los que se dan por falta de decisión o descuido. Esa es la bandera del conservadurismo, pero en realidad son muy pocas las personas que abortan solo porque sí. Es claro que esto es parte del problema de ausencia de la educación sexual integral que tenemos en el país”, enfatiza Vásquez.
Para contrarrestar este tipo de situaciones, el Estado debe saldar la deuda que tiene en materia de educación sexual y reproductiva, explica García. “La ausencia de una ley para educación integral de la sexualidad da la pauta para la desinformación, que pone en riesgo la salud y coloca a las personas en situación de vulneración de derechos humanos”, concluye.
