El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó la denuncia contra el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, por la forma en que realizó el desalojo de los habitantes de la comunidad El Espino.
Por Ana Argueta
El director del IDHUCA José María Tojeira y el abogado de esa institución Manuel Escalante presentaron la denuncia, ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Juez José Antonio Palma Trejo, quien ordenó y ejecutó el desalojo de la comunidad.
El padre Tojeira expresó que hubo una violación de los derechos humanos por parte del juez Palma, debido a que se impidió a defensores de los derechos humanos ingresar, acompañar y prestar una serie de servicios a las personas desalojadas. Además de contribuir a la violación de Derechos Humanos de niños, ancianos y de personas en general que ahora duermen en la calle.
Tojeira dijo que entre los derechos humanos violentados están los «relativos a la vida y a la dignidad. Primero tener derecho a una vivienda. El derecho a una vida sin peligro y sin vulnerabilidad. Han tenido que dormir en la calle, en algún sentido hay riesgo de enfermedades de diversos tipos».
El juez no estimó que varias de las familias estaban en riesgo. Tampoco tomó en consideración que el Viceministerio de Vivienda tiene la obligación antes de un desalojo de conseguir vivienda digna para las personas, agregó el religioso.
«Evidentemente un juez que no cumple la Constitución es un juez que debe ser destituido», concluyó el director del IDHUCA.
