El 22 de enero de 1932 fue culmen del levantamiento indígena y campesino en la zona occidental del país, cuando más de 30 mil personas fueron masacradas por el gobierno del entonces presidente Maximiliano Hernández Martínez. Desde entonces fue reprimida oficialmente la identidad indígena como el idioma, el vestuario y ciertas costumbres.
Por Serafín Valencia y Marcelo Galicia
Los Pueblos Originarios en Resistencia del occidente del país iniciaron el 17 de enero una caminata de seis días, para recordar el levantamiento indígena y campesino de 1932, en el que se supone fueron masacrados más de 30 mil indígenas a manos de tropas del gobierno.
Comenzaron el recorrido en Tacuba; luego siguen hacia Ataco, Ahuachapán y Apaneca en el departamento de Ahuachapán, y después por Zalcohatitán, Nahuizalco e Izalco en el departamento de Sonsonate.
Estos territorios fueron el escenario de la violencia desatada en enero de 1932, cuando miles de indígenas y campesinos se levantaron en armas y se tomaron cuarteles y las alcaldías de varios municipios, pero fueron abatidos en apenas una semana por las fuerzas gubernamentales.
Los levantamientos fueron motivados por la injusticia social y la sobre explotación en las fincas de café, debido al bajo precio del grano y la gran depresión económica que sufría Estados Unidos desde 1929. Previamente los indígenas y campesinos habían sido víctimas del despojo de sus tierras comunitarias por parte del gobierno, quien se las había dado a los ricos para que cultivaran café.
Durante la revuelta, los indígenas y campesinos armados con machetes y palos saquearon algunas casas de fincas y haciendas, lo que generó la brutal represión del gobierno con fusilería y cañones.
Entre los líderes estaban los caciques Feliciano Ama y Francisco Sánchez; los universitarios Mario Zapata y Alfonso Luna, además de Farabundo Martí. Los líderes fueron capturados y fusilados, a otros los ahorcaron en los árboles de la plaza central de Izalco y Juayúa.
La insurrección llegó cerca de San Salvador. Armenia y Colón tuvieron brotes de rebeldía que se enfilaron hacia la capital, pero fueron contenidos a la entrada de Santa Tecla. Sin embargo, esa parte de la historia parece haber desaparecido de estos últimos municipios, así como sus poblaciones originarias.
A 86 años de aquellos sucesos, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia, atención a sus condiciones de pobreza, participación política verdadera. El Estado salvadoreño reconoció hasta el año 2017 en su constitución a las poblaciones indígenas, pero aún queda pendiente la adopción de políticas públicas en materia de salud, educación, lengua y otras áreas.
Una de las luchas actuales de los pueblos indígenas es la defensa del agua, por lo que la caminata inició con una ceremonia en un manantial protegido por pueblos indígenas, el cual ofrecieron como ofrenda al Creador.
