El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó la propuesta de ley de amnistía fiscal, que otorgaba facilidades a los contribuyentes que deben tributos al Estado.
Por Mónica Flores y Paola López
En el veto enviado a la Asamblea Legislativa, el mandatario salvadoreño hizo ver que las medidas que ayuden a incrementar la recaudación tributaria deben “respetar las exigencias constitucionales establecidas como garantías del derecho de propiedad de los contribuyentes y además salvaguarden de manera efectiva el interés público”.
Este argumento se basó en el artículo 232 de la Constitución de la República: «Ni el Órgano Legislativo ni el Ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del fisco o de los municipios».
Según el economista Roberto Cañas, la ley de amnistía fiscal buscaba perdonar la deuda de aquellas personas que, por no haber cumplido a tiempo sus obligaciones fiscales, tienen intereses que pagar.
Es decir, hubiese permitido que se pagara sin intereses el adeudo acumulado por mora. Sin embargo, de haber sido aprobada la mencionada ley, el Gobierno se habría visto beneficiado con mayores ingresos.
Asimismo, el abogado experto en política fiscal, Luis Mario Rodríguez, el proyecto de ley intenta motivar a los contribuyentes para que paguen los impuestos en mora, asunto que se ha vuelto urgente en la actual crisis por falta de recursos estatales. Dicha situación llevó al fisco a una condición de impago.
“Considero que el presidente de la República vetó la ley porque es inconstitucional. Existen aspectos de la ley que no se pueden aprobar porque van en contra de la Constitución. Uno de estos aspectos es que no se pueden perdonar ese tipo de intereses a los contribuyentes”, concluyó Cañas.
Sin embargo, el abogado Rodríguez dice que las medidas para solucionar el problema fiscal no deben concentrarse en amnistías de multas e intereses por lo no pagado, sino en recortes de gastos superfluos y en resolver de manera integral el problema fiscal.
Además, señala que otra solución podría ser un acuerdo fiscal integral que incluya la regulación de los gastos y de los ingresos, y una política que impida la evasión fiscal.
El estudio de dicha ley sigue en proceso, pero el verdadero problema a tratar es el establecimiento de una cultura tributaria para que todos paguemos los impuestos que nos corresponden.
«Los jóvenes deben aprender desde su primer trabajo que existe la obligación de contribuir con el Estado, para que éste a su vez realice obras en beneficio del desarrollo del país y de aquellos que no tienen la capacidad de pagar servicios básicos como salud, educación y vivienda”, concluyó Rodríguez.
