En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dio a conocer un informe revelador sobre la libertad de expresión y de prensa en el país.
Por Diana García
“El tema de la libertad de prensa es vital para cualquier democracia. Si no hay libertad de prensa, si no hay acceso a la información pública, ni libertad de expresión; hay que cuestionar esta democracia”, indicó la presidenta de APES, Julia Dalila Arriaza en la presentación del Informe, el cual contiene una recopilación de casos que indican que hay vulnerabilidad a las garantías de los derechos de los periodistas y trabajadores de medios.
Según APES, esta realidad de vulnerabilidad de los derechos del periodista se evidencia en los 150 despidos en diferentes medios de comunicación y los tres asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos 16 meses, Roxana Contreras (ex presentadora de canal 29 Apopa), Samuel Rivas (camarógrafo canal 21) y Karla Turcios (periodista de La Prensa Gráfica).
Un punto importante que retoma el Informe es la precarización laboral en el sector público durante los últimos años. Los casos que APES ha venido asistiendo están relacionados a malas condiciones labores, falta de herramientas para el ejercicio periodístico, retraso de pago de salarios, horarios laborales extendidos, presiones para realizar trabajos de alto riesgo y vulneración del derecho a la asociación o sindicato.
En 2017 APES firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para generar un protocolo de atención para periodistas. Angélica Cárcamo, síndico de la Junta Directiva de APES, confirmó que existe un buen número de periodistas que no han denunciado sus casos de despido injustificado, falta de pagos de indemnización y falta de pago de salarios, pese a que son víctimas.
El secretario de correspondencia de APES, Javier Najarro, señaló que un caso reciente de afectación a la libertad de prensa es el impedimento a la cobertura de la audiencia contra el ex presidente Elías Antonio Saca, procesado por corrupción. El juez Cuarto de Instrucción, Rigobeto Chicas, negó a la prensa el acceso a la audiencia y al expediente del caso.
APES está preparando un amparo para llevarlo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la negativa del juez Chicas a permitir el acceso al proceso judicial contra el ex presidente Saca.
“Este amparo sentará precedente para otros casos vinculados a procesos de corrupción. APES exige que los procesos de corrupción vinculados a fondos públicos puedan ser debidamente conocidos por la ciudadanía”, concluyó Najarro.
