La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) exhortó a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo a aprobar una nueva ley migratoria, que responda a las dinámicas actuales y según lo establecido en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.
Por Diana García
Honduras actualizó su Ley de Migración y Ley de Extranjería en el año 2003, Costa Rica en 2009. Mientras que Nicaragua y Guatemala lo hicieron durante la última década, entre el 2011 y 2016 mientras que la Ley de Migración de El Salvador data de 1958 y su Ley de Extranjería desde 1986. El Salvador cuenta con la legislación más obsoleta en esta materia en la región, que además, no responde a los desafíos del presente siglo, señala la OIM.
La OIM reiteró su compromiso con la nueva Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa, para continuar con la iniciativa de ley que la OIM viene trabajando desde 2016.
“Vemos con buenos ojos lo que, hasta ahora, se ha ido acordando en torno al proyecto de ley que existe y los avances que se tuvieron dentro de la anterior Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa”, dijo el Jefe de Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras Jorge Peraza Breedy.
Según el organismo internacional, esto imposibilita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el de facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas. Ello ocasiona que la gobernanza migratoria en El Salvador sea limitada en el marco integral para el desarrollo de personas extranjeras en el país.
Según el Perfil de Gobernanza Migratoria (MGI por sus siglas en inglés), elaborado por la OIM, El Salvador cuenta con avances importantes en el tema de reintegración. Sin embargo, se han identificado retos en las áreas de protección de derechos humanos de las personas extranjeras migrantes en El Salvador.