Decenas de empresas constructoras participan en las licitaciones de obras municipales, donde ganan contratos que establecen cláusulas difíciles de cumplir, como la contratación de mano de obra local y con enfoque de género.
Por Francisco Cerna y Serafín Valencia
Por primera vez una municipalidad entregará información pública en manos de la empresa privada, gracias a una apelación que presentó José Francisco Cerna, periodista de la revista Comunica, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), contra la alcaldía municipal de Suchitoto.
La municipalidad se comprometió a entregar la información, durante una audiencia de avenimiento realizada el martes 19 de diciembre en el IAIP. La información deberá ser proporcionada al demandante en los siguientes diez días hábiles.
Tiempo atrás Cerna pidió al ente obligado que se le entregara información sobre seis tramos del Proyecto de empedrado fraguado de la calle a comunidades El Barío, San Pablo el Cereto y Sitio el Cenícero el cual fue realizado por la constructora DIAZA S.A DE C.V, en cuyas manos estarían los datos solicitados.
Sin embargo, el ente obligado negó los datos aduciendo que “la información solicitada no se encuentra en la municipalidad, pues la contratación se realiza con la empresa ejecutora y esa empresa es la que contrata al personal, sin contar con ningún registro de ello ante el ente obligado”. El demandante quedó inconforme con la respuesta y apeló ante el IAIP.
A la audiencia se presentó Elías Castillo, abogado de la alcaldía, quien se comprometió ante Cerna a entregar la información en los próximos diez días hábiles.
El artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “las solicitudes de información en las sociedades de economía mixta y las personas privadas, naturales o jurídicas, obligadas por esta ley se tramitarán ante el oficial de información del ente público al que corresponda su vigilancia o con el que se vinculen. Estos entes obligados deberán informar al solicitante cuál es la entidad competente para este propósito”.
Este es el tercer caso en el que un ente público es obligado a entregar información en manos de privados. Los anteriores fueron el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). Este es el primer caso de una municipalidad.
