El desplazamiento y el retorno forzado exponen una realidad dura para la población migrante. Los Estados deben garantizar las condiciones para los desplazamientos y retornos voluntarios y seguros, pero en El Salvador no es así.

Por Mónica Flores

Según el último Informe sobre Desplazamientos Forzados en El Salvador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las políticas de seguridad no han dado prioridad a la protección y atención de las víctimas de desplazamientos forzados.

La mayoría de desplazamientos forzados son motivados por la violencia que enluta a la sociedad salvadoreña, condición que atenta contra los derechos de la población a vivir en paz y tranquilidad. Muchas de las víctimas de la violencia se ven forzadas a migrar dentro o fuera del país, principalmente por amenazas de las pandillas.

“Las personas, al regresar a su lugar o país de origen, expresan un temor por no tener la protección adecuada. El Estado debería brindarles una protección integral a las víctimas»:
Elsa Ramos.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) la primera causa de migración es la inseguridad. También datos de organizaciones de derechos humanos, indican que uno de los fenómenos que más víctimas está generando en El Salvador es el desplazamiento y retorno forzado. En 2017 la organización CRISTOSAL registró 83 casos de este fenómeno, motivados principalmente por pandillas.

La psicóloga y miembro de CRISTOSAL, Iris Tejada, sostiene que no solo debemos interesarnos en los datos, es decir, cuántos desplazamientos o retornos se dan, sino evaluar el impacto y trauma social que tiene este fenómeno en el país, así como también los cambios sociales que experimentan las víctimas.

El sociólogo e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), Guillermo Acuña, considera que los daños a los desplazados y retornados son graves, pues sufren experiencias físicas y emocionales traumáticas.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado al Estado salvadoreño en diversas ocasiones por no atender a las víctimas ni reconocer el fenómeno de los desplazamientos y retornos forzados, como un agravante a la situación de violencia que vive el país.

La Relatoría Especial de la ONU sobre desplazados internos instó en octubre de 2017 al Estado salvadoreño a “reconocer y adoptar medidas para prevenir el desplazamiento, así como para garantizar los derechos humanos de las personas que se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares”. Sin embargo, el Gobierno se niega a reconocer la existencia del fenómeno.