Organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI y la Federación Salvadoreña LGBTI, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue supuestas anomalías en la gestión de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero.
Por José García
Las organizaciones aseguran que la procuradora contrató y mejoró salarios a dos de sus familiares en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Así mismo, habría sacado de sus ejes de trabajo el abordaje del tema LGBTI.
La directora ejecutiva del Espacio para las Mujeres Lesbianas en El Salvador (ESMULES), Andrea Ayala manifestó que el aviso interpuesto se basa en “algunos actos arbitrarios en el sentido de contratos laborales, basados en una nota de un periodista salvadoreño donde citan casos, por ejemplo el que, siendo procuradora para la mujer, estaba ejerciendo litigio, cosa que es no solo anti ético, sino que no es permitido en la función que desempeñaba”.
La auditoría de la Corte de Cuentas determinó que Raquel Caballero “incumplió normas éticas y que los beneficios a favor de sus familiares contradicen disposiciones legales. Cuando fue procuradora adjunta para derechos de la mujer y familia, litigó divorcios y casos de manutención junto a su esposo”, asegura el periódico digital El Faro, quien publicó los resultados de la auditoría realizada a la procuradora.
Así mismo, por sus débiles gestiones en la procuraduría en defensa de los derechos humanos de todas las personas, algunas organizaciones no gubernamentales han cuestionado la falta de seguimiento de mesas sobre temas LGBTI y otros casos como el aborto.
“Ella, como funcionaria pública, no puede decidir sobre qué casos son aceptables para la procuraduría o no, hasta después de un proceso de investigación exhaustivo. Sin embargo, no acepta casos como el tema de los abortos terapéuticos, investigaciones muy particulares como el caso de Karla Ayala (agente policial desaparecida), homicidios y desapariciones”, comentó el director ejecutivo de la organización Entre Amigos, William Hernández.
Además del aviso interpuesto en la FGR, los representantes se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia, en la sección de Investigación Profesional, para que le de seguimiento a este caso. Hernández aseveró que los avisos ante ambas instituciones “no es nada personal”. Sino que se trata de “vigilancia que la ciudadanía hace a una oficina de servicio a la sociedad”.
