En nuestro país, los partidos políticos se plantean la campaña electoral adelantada como una estrategia planificada, violando el artículo 175 del Código Electoral y el artículo 81 de la Constitución de la República, así lo declaró a Comunica Carlos Monterrosa, catedrático e investigador de la UCA.
Por Mario Rogel
El Código Electoral de El Salvador en el artículo 172 postula que “La propaganda electoral sólo se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para la elección de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados y Diputadas, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales.” De no respetar estos tiempos, se aplicarían sanciones por parte del ente encargado de la regulación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Monterrosa comentó que, “este tipo de estrategia (campaña adelantada) sirve para que los partidos políticos aprovechen, de diferentes maneras, para estar presentes en la mente de la gente, en la imagen de las personas, creando así una concepción del candidato”. Aseguró también, que los partidos incumplen esta disposición en la medida que el TSE no los sanciona, o si las sanciones son débiles económicamente y no implican el impedimento de registrar candidatos, ni la afectación en sus finanzas o un repudio por parte de la gente, es decir, una sanción moral.
Desde la creación del Tribunal hasta la fecha, las campañas electorales han ido avanzando con estrategias mercadológicas más desarrolladas, en las cuales influyen las nuevas tecnologías y la capacidad de hacer marketing, no solo en radio y televisión, sino también en redes sociales y periódicos digitales que respondan a los intereses de ciertos partidos políticos, afirmó Monterrosa.
A la vez, comentó que una de las formas más pronunciadas en las estrategias de campaña electoral es la desacreditación del contrincante y el hecho de vender o posicionar un candidato como un producto o una marca ante el elector, ejemplo de ello, son las campañas indirectas de Carlos Calleja y Javier Simán, y el posicionamiento político de Nayib Bukele.
Javier Simán declaró el 12 de octubre que no se encuentra en campaña y que su movimiento denominado “Mi Gente” es un esfuerzo ciudadano sin pretensión política. Mientras que Nayib Bukele al ser expulsado del FMLN, dio a conocer la creación de un movimiento político con el que pretende postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2019.
Según Monterrosa, en la medida en que las interpretaciones legales sean difusas, se abrirán espacios para exponer fundamentaciones vagas, como los argumentos de no estar pidiendo explícitamente el voto.
El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, dijo en una entrevista televisiva que el Tribunal no cuenta con investigadores específicos para controlar las ilegalidades, a pesar de que existe una comisión reguladora, que ha investigado seis posibles casos de campaña adelantada desde julio, en los que se pondrían posibles “sanciones”, pero hasta la fecha ninguno ha sido castigado.
Monterrosa comentó que hay diferentes factores que influyen en la incapacidad del tribunal para hacer cumplir la ley, como el presupuesto que se le otorga a dicha entidad para investigar casos de campañas adelantadas y los financiamientos de los partidos políticos.
El académico también se cuestionó qué tanto los magistrados están dispuestos a investigar a fondo a los partidos políticos fuertes como el FMLN Y ARENA, para establecer ciertas evidencias, y sancionar fuertemente a estas instituciones políticas; agregó que todo eso implicaría una confrontación directa con el liderazgo de los partidos, una confrontación con la Asamblea Legislativa, muchas presiones externas, y, a la vez se puede prestar para actividades corruptas de parte del ente regulador.
El banderillazo de salida de la campaña electoral para la elección del cuerpo legislativo y los consejos municipales se dará el 3 de enero y el 3 de febrero de 2018 respectivamente, para que el 4 de marzo se desarrollen los comicios electorales, que a pesar de las irregularidades que presentó el sistema de elección en 2015, se seguirá utilizando en las próximas votaciones.
