
La denuncia fue presentada por algunas orgaciones como la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Unidad Ecólogica Salvadoreña (UNES), Las Mélidas y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
Por Lilian Fuentes y Rebeca Ayala
Diferentes representantes de Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) se presentaron ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para denunciar al magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, por supuestos conflictos de intereses al beneficiar a telefónicas en resoluciones.
El conflicto ético que estas organizaciones acusan al magistrado es por una serie de sentencias hechas por el funcionario que reflejan el favorecimiento a empresas de telecomunicaciones como GSA Telecom, perteneciente a la familia de Jaime, afirmó Onidia Gómez de FUNDSPAD. Los accionistas de dichas compañías, como Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones, tendrían una relación con el magistrado.

“La Sala de lo Constitucional ha resuelto varios amparos a favor de empresas telefónicas y en detrimento de alcaldías”, comentó el director de ARPAS, Leonel Herrera, ya que varias alcaldías como las de Cuscatancingo, Chiltiupán, Textitepeque e Ilobasco han sido demandadas por telefonías bajo el supuesto que se le ha tratado de cobrar por las instalaciones de sus antenas.
De ganar la demanda, Herrera consideró que el magistrado “sí tiene capacidad de pago” para pagar la multa que le fuera impuesta por el TEG. A esta demanda se le suma la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza hacia Belarmino Jaime por la supuesta evasión de impuestos a través de la empresa de telecomunicaciones de su familia.